Versión Estenográfica de la reunión de trabajo de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– con los titulares de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. (Primera parte)
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Pongo a consideración de ustedes, la aprobación del orden del día, toda vez que su lectura, pedimos sea omitida si ustedes así lo aprueban, en virtud de que fue enviada con la anticipación debida.
DIPUTADA: Sí, presidenta. Quienes estén de acuerdo en que se dispense la lectura del orden del día debido a que ya se les entregó, favor de levantar la mano.
Mayoría por la afirmativa.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.
Le solicito también a la señora secretaria, ponga a consideración de ustedes si es de aprobarse la omisión de la lectura del acta de la reunión anterior y su aprobación.
DIPUTADA: Consulto a los presentes si es de aprobarse el que no se dé lectura al acta de la sesión anterior.
Quienes estén de acuerdo, favor de levantar la mano.
Aprobado por unanimidad.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.
Vamos a poner a consideración de ustedes los proyectos de dictamen que contempla el orden del día. Si hubiese algún comentario sobre los proyectos que se les están poniendo a su consideración o alguna reserva, por favor comentarlo.
Muy bien. De no haber comentarios sobre el orden del día, les quisiera hacer algunas observaciones que acordamos en mesa directiva respecto a algunos puntos.
Diputado Zambrano, no sé si quiera usted hacer uso de la palabra.
DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias, presidenta.
En relación con el punto 10 del orden del día, referido a que se exhorta al gobierno de la Ciudad a establecer mesas de diálogo para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobus; ahí la propuesta que se hace es que, como hay mesas de diálogo, puede ser que sean insuficientes o no, pero más bien a fortalecer el diálogo.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Estamos hablando del punto número 10.
DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: El número 10, a fortalecer el diálogo.
Y luego, como hubo una recién sentencia, resolutivo de un juez que suspende provisionalmente o manda a suspender provisionalmente las obras referidas; lo que hemos sugerido es que se exhorte también al Gobierno de la Ciudad para que informe sobre las acciones que le van a llevar a dar cumplimiento a dicha sentencia, integralmente considerada.
Me parecería, eso no venía en la propuesta original pero hay hechos supervenientes a la presentación de la misma, que creo que prudentemente nos llevarían a hacer esta petición de información.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, diputado.
Está en la pantalla la propuesta hecha por el diputado Zambrano, para ampliar el sentido del resolutivo del punto número 10 que está en sus carpetas.
Quienes estén por la afirmativa de que se haga esta modificación, por favor sírvase expresarlo de la manera acostumbrada.
Se aprueba punto número 10 con esta modificación.
¿El punto número 6 ya lo trataste?
Pasaríamos entonces al punto número 19.
Estamos retirando por acuerdo de la Mesa el punto número 11, para que el resolutivo que les habremos de proponer tenga una mayor discusión.
Por favor, a la Secretaría Técnica, el considerar, y desde luego a las señoras y señores legisladores el retiro del punto número 11 de la discusión que estamos llevando a cabo.
Otro punto que queremos someter a su consideración una modificación a ustedes, es el punto número 19. El punto 19 tiene una ampliación.
Le pido a la Secretaría Técnica lo ponga en la pantalla para que podamos leer en qué sentido viene la modificación.
Aquí estamos solicitando una modificación que dice: “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos”.
Aquí el sentido es establecer que son aquellas entidades federativas donde no se halla todavía de manera específica establecido el tema de prevención como una de las prioridades en las políticas públicas de esas entidades.
“En aquellas entidades federativas que no cuenten con estrategias específicas, a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos a través de intensas campañas de información y concientización, con la participación de autoridades, padres de familia, docentes, alumnos y sociedad en general, resaltando la importancia de la seguridad en Internet. Esto ante el incremento de la incidencia de este tipo de delitos”.
El segundo resolutivo quedaría como está. Ese es el planteamiento que se les hace de modificación.
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.
Se aprueba el punto número 19.
Y quedó también una propuesta de modificación al punto número 15, hecha por la senadora Pilar Ortega.
Ella está estableciendo la solicitud de eliminar el resolutivo primero. No sé si alguien quiera hacer un comentario en ese sentido.
Diputado Döring.
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR: Entiendo que la senadora está por incorporarse, pero el argumento que invoca la senadora es que este programa de escudo docente es un programa sobre el cual en la Comisión Permanente del año anterior se planteó el mismo requerimiento de información y ya fue obsequiado ese espíritu de la iniciativa, la promovente es la misma, la diputada Bárbara Botello.
Es idéntico el punto de acuerdo a lo que se discutió y conoció hace un año en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y por eso es que ella está planteando acotar los resolutivos.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Diputada González.
DIPUTADA GONZÁLEZ: También entiendo que la diputada Bárbara Botello está nuevamente, a partir de los últimos suceso que se han presentado en esta entidad federativa, está nuevamente presentando este punto que se ha sometido a esta comisión.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: ¿Alguien más quiere hacer un comentario?
Diputado Döring.
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR: Si no tuviera inconveniente el senador Larios, nosotros entendemos que hay una mayoría en torno a ese, si no es materia de retirarlo, cuando menos que quede asentado que los senadores del PAN reservarían el dictamen para su discusión en el pleno el día de mañana.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias diputado, quedando asentado el comentario del diputado Döring, pregunto a los integrantes de esta primera comisión si es de aprobarse el punto en los términos en los que está señalado en la pantalla.
Quienes estén por la afirmativa.
Aprobado el punto número 15 y dejamos establecida la reserva que se hace por parte del diputado Döring de discutir este punto el día de mañana en el Pleno de la Permanente.
Muchísimas gracias.
Plantearíamos entonces, ya que no ha habido reservas, la aprobación, secretaria González, la aprobación del resto de los dictámenes que han sido sometidos a la consideración de las y los legisladores presentes.
SECRETARIA. Consulto a la asamblea si son de aprobarse los proyectos que no han sido reservados.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quedan aprobados los proyectos, presidenta.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.
Nuestro siguiente punto del Orden del Día sería la comparecencia del Subsecretario de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roberto Campa Cifrián; la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, maestra Sara Irene Herrerías Guerra, así como el maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
En relación a la comparecencia, estamos sometiendo a la consideración de ustedes la aprobación de la forma en que habremos de llevar a cabo esta comparecencia.
Les fue enviado con anticipación el acuerdo. Solamente quisiera hacer con ustedes algunas consideraciones para solicitar, de ser así considerado por ustedes, su aprobación.
En el punto de acuerdo que les estamos sometiendo a su consideración traíamos un orden de comparecencia establecido de manera distinta a como se los voy a proponer.
La propuesta es que hable primero el Subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; que en segundo término hable el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y en tercer término la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Todos ustedes tienen ya estas modificaciones que estamos haciendo.
De todas maneras me parece importante que sepan el sentido del acuerdo de la Mesa Directiva de la Primera Comisión.
En una primera ronda, hablarían siete grupos parlamentarios:
El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El representante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Y, en el lugar séptimo, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta sería la primera ronda que sometemos a su consideración.
En una segunda ronda, estaríamos hablando de, en primer lugar:
El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
En segundo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Me han solicitado la posibilidad de que abramos esta ronda a otros compañeros o compañeras, que puedan pedir alguna participación.
Esta Mesa Directiva no tiene ninguna objeción.
Sin embargo, sí quisiera comentar que habremos de otorgar tres minutos en la segunda ronda, a cada uno de los participantes, y dos minutos a los siguientes participantes que no estén en el Punto de Acuerdo que les está siendo sometido a su consideración.
Los legisladores de cada Grupo Parlamentario –dice el punto número seis– dispondrán de hasta tres minutos para sus intervenciones en las rondas de preguntas y, en caso de que sea solicitado, cada legislador tendrá derecho a una réplica por un tiempo de hasta dos minutos para su intervención.
Estas son las modificaciones que estaríamos haciéndole al punto de acuerdo que estamos sometiendo a su consideración.
Si no hay algún comentario, le pedimos a la Secretaria de la Mesa, levante la votación al respecto.
DIPUTADA: Con su permiso señora Presidenta:
Quienes estén de acuerdo con la mecánica expuesta por la presidenta de la Primera Comisión, les suplico levantar la mano.
Por unanimidad Presidenta.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.
Invitaríamos entonces a pasar, a la y los comparecientes para que se sumen a esta reunión de trabajo, e iniciemos la comparecencia establecida.
Por favor, a Mesa Técnica, nos apoyen.
Pediríamos, primero, que pasara el Subsecretario Roberto Campa Cifrián, aquí al frente, para iniciar la comparecencia.
Damos la bienvenida a esta reunión de trabajo, al licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muy buenas tardes Subsecretario.
A la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, maestra Sara Irene Herrerías Guerra.
Y al maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Sean ustedes muy bienvenidos a esta reunión de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Vamos a iniciar nuestra reunión de trabajo, pidiéndole a la señora Subprocuradora, su participación.
SUBPROCURADORA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA: Buenas tardes a todas y a todos.
Presidentas, secretarios e integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente.
Les tengo un saludo del Procurador General de la República, quien nos ha encargado, a una servidora y al Fiscal para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que atendamos su invitación y nosotros también la agradecemos.
Desde que el Procurador entró a esta Procuraduría y hablando sobre las necesidades que tenía esta Fiscalía, me dio la instrucción para fortalecerla y dar un seguimiento a cada uno de los casos que tenía esta Fiscalía.
A partir de ahí fue que también se nombró al nuevo Fiscal, que ahora hablará, y hemos atendido a partir de ahí y hemos escuchado a las organizaciones de la sociedad civil, que tienen este tema. Nos reunimos a partir de que fue nombrado el fiscal Ricardo Sánchez, con las organizaciones de Espacio OSC, que son todas las que acompañaron la creación del mecanismo de protección; y con Artículo 19 y organizaciones de periodistas, que ellos hicieron el favor de acercarnos, para escuchar cuál era la visión que tenían ellos de la Fiscalía, qué es lo que, desde su punto de vista, había que fortalecer.
También a partir de la reunión del Comité para la Protección de Periodistas Internacional, que se reunió con el Presidente de la República, con el Secretario de Gobernación y con el Procurador General de la República; tuvimos después de ello también por instrucción del Presidente de la República, de fortalecer esta Fiscalía, reunión con ellos y tenemos el compromiso de compartir y fortalecer el Protocolo de Investigación para la investigación de delitos contra periodistas; y también el asesoramiento para la capacitación a Ministerios Públicos, a peritos y a policías especializados en esta materia.
A partir de ahí, en la tercera sesión extraordinaria del 2017, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se llegaron a los siguientes acuerdos que ya están aprobados por toda la Conferencia Nacional de Procuradores:
Impulsar un proyecto integral de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión, para facilitar la cooperación, la coordinación y la comunicación institucional directa, a partir de homologar los procesos y las estructuras institucionales de todas las procuradurías y de la PGR.
Adoptar un plan rector de capacitación y especialización de los operadores de justicia en esta materia, y la adopción del Protocolo Único de Investigación y de Atención a Víctimas.
También el diseño y operación de una estrategia de investigación por contexto, para facilitar la identificación y procesamiento de quienes hayan participado en la comisión de estos delitos.
Y algo muy importante, tomar en cuenta todas las recomendaciones de este Comité para la Protección de Periodistas, y de estas organizaciones de la sociedad civil con las que nos reunimos, para fortalecer la Fiscalía y promover el derecho a la libertad de expresión.
Le doy la palabra al Fiscal, para comentar cómo es que tenemos entendido fortalecer esta Fiscalía.
FISCAL RICARDO SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO: Gracias, Subprocuradora.
Buenas tardes, presidenta. Estimadas, estimados legisladores de esta Comisión Permanente.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho el día de hoy para establecer un diálogo constructivo con el Congreso de la Unión, para atender la compleja situación de violencia que atraviesan las y los compañeros periodistas y comunicadores, por el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Quisiera iniciar esta exposición señalando la absoluta disposición de la Procuraduría General de la República, y en especial de la Fiscalía a mi cargo, para acudir en esta ocasión y todas las veces que sea necesario ante el Congreso de la Unión, para llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas de manera abierta y transparente.
En consideración a la invitación que me hizo el favor de extender la Comisión de Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Honorable Cámara de Diputados, la semana pasada, quisiera señalar que fue precisamente debido a la representatividad y rango constitucional que ostenta esta Comisión Permanente, que me fue solicitado que esta reunión del día de hoy se llevara a cabo en un primer momento y en ese sentido, lo hice del conocimiento de la Comisión.
Es por eso que reitero mi absoluta disposición de acudir a la reunión propuesta por esa comisión el 20 de junio, y acudir las veces que sean necesario, convencido de que siempre estas reuniones serán provechosas para establecer y acordar estrategias que nos permitan lograr el fin último de la Fiscalía, que es abatir la impunidad en todos aquellos delitos que se cometan, con la finalidad de afectar, limitar o menoscabar la libertad de expresión en nuestro país.
Durante el mes que he tenido la responsabilidad de dirigir la Fiscalía, el Procurador General de la República y la Subprocuradora de Derechos Humanos, me han instruido reforzar y redoblar todos los esfuerzos para atender con responsabilidad y absoluto respeto a las víctimas de este tipo de delitos.
Es por eso que hemos enfocado nuestra atención en las siguientes prioridades:
Establecer de manera clara la situación de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía, poniendo especial atención en los delitos de alto impacto en contra de las y los comunicadores; como lo son: los homicidios y las privaciones ilegales de la libertad en todas sus modalidades.
Establecer un plan de trabajo que permita dar resultados a la ciudadanía y en especial al gremio periodístico, destacando que este plan se encuentra en construcción permanente con la sociedad civil y con las agrupaciones que representan periodistas.
Y por último, mantener una coordinación permanente con las fiscalías y procuradurías locales que permitan fortalecer las investigaciones de los delitos que originalmente son competencia de las entidades federativas, compartiendo información y coordinando acciones que permitan dar resultados.
Como parte de esta revisión, es necesario reconocer de manera clara la compleja situación por la que atraviesa el gremio periodístico en nuestro país y los grandes riesgos que toman en el ejercicio de su labor.
Como Estado y como instancia de procuración de justicia, sabemos que la impunidad en los delitos que se cometen en nuestro país contra la prensa, es un reto que debemos de asumir con toda la responsabilidad y compromiso de brindar resultados ciertos, objetivos y adecuados a la situación.
Quiero ser claro: Como Procuraduría, tenemos la certeza de que tenemos que trabajar para resolver los crímenes contra periodistas, y mientras exista impunidad, las demás medidas de prevención y protección para periodistas no serán suficientes para evitar que nuevos actos de esta naturaleza sucedan en nuestro país.
Ese es el compromiso que tiene la Procuraduría General de la República, y como Fiscalía nos encontramos llevando a cabo todas las acciones necesarias para lograr este compromiso.
En este punto, es necesario destacar que para tener un resultado efectivo y positivo es necesario que todas las instancias de nivel federal y local se coordinen y compartan la información de manera eficiente. Es decir, que la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal con todas las divisiones con las que cuenta y las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, procuradurías y fiscalías, trabajen bajo el mando del ministerio público de manera coordinada.
En ese sentido, durante este mes se ha fortalecido de manera muy importante los lazos de coordinación interinstitucional, generando esquemas de investigación que nos permitan dar resultados.
Como ya lo he señalado, desde el inicio de mi gestión en la Fiscalía, he establecido contacto con las organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones que representan periodistas, para establecer un plan de trabajo conjunto que tenga sustento en la opinión y en las falencias que se han detectado a lo largo del tiempo que ha funcionado la Fiscalía.
Este plan incluye:
Coordinación efectiva y transversal con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar que la reacción ante agresiones a periodistas y la atención victimal sean con inmediatez y con una perspectiva de derechos humanos, asegurando la protección de los familiares y de los ofendidos.
Impulsar un liderazgo de la Procuraduría General de la República entre las fiscalías y procuradurías locales para garantizar el combate efectivo a las agresiones.
Fortalecer la participación de la Procuraduría en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que coordina la Secretaría de Gobernación.
Promover y generar la creación de protocolos de investigación y atención a víctimas, tomando en consideración la opinión de la sociedad civil y el gremio periodístico.
Especialización de los ministerios públicos, policías y peritos en las características especiales que presentan los delitos cometidos contra periodistas y contra la libertad de expresión.
Y, fortalecer la realización de análisis de contexto en las investigaciones, el cual nos permita determinar dentro de la carpeta de investigación el entorno en el cual se desarrollaba la víctima, su trabajo periodístico y las personas o grupos criminales que pudieron haber participado en las agresiones.
En materia de colaboración con las entidades federativas se ha determinado seguir una estrategia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 73, fracción vigésimo primera de la Constitución, que señala que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando sean delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la libertad de expresión.
Es decir, a ambas autoridades federales y locales nos corresponde dar seguimiento a los hechos y realizar las tareas de investigación de manera coordinada en el ámbito de las atribuciones de cada una de ellas.
Con esto se mantiene un nivel de corresponsabilidad en las instancias de investigación, sobre todo de aquellas que se encuentran en las diversas regiones del país y que de manera regular son los primeros respondientes ante un ataque a una persona dedicada al periodismo y así fortalecer la investigación en beneficio de las víctimas.
Un claro ejemplo de ello es la reciente consignación, primero de tres personas, y posteriormente de una más, dando un total de cuatro personas consignadas por el homicidio del periodista Max Rodríguez en Baja California Sur.
En este caso, la procuraduría del estado y la fiscalía del estado iniciaron carpetas de investigación y en el ejercicio de colaboración abierto y transparente, ambas instancias compartieron los indicios recabados y se logró detener a los responsables materiales del hecho y se continuará trabajando para determinar las responsabilidades, si es que existieran, de aquellas personas que participaron como autores intelectuales de este homicidio.
En esa misma estrategia se está trabajando con otras entidades federativas y estamos seguros de que se generarán los resultados positivos para todas las víctimas de agresiones, por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Estimadas y estimados legisladores:
La Fiscalía asume de manera ineludible el compromiso que implica investigar y perseguir los delitos que se cometen contra la libertad de expresión en nuestro país.
Estamos conscientes de que la verdad no se calla agrediendo a periodistas y que la libertad de expresión es un valor fundamental de un Estado Democrático de Derecho.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias al Fiscal Especial.
Le cedemos la palabra al señor Subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, licenciado Roberto Campa Cifrián.
LICENCIADO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Muchas gracias presidenta, senadoras, senadores, diputadas, diputados; señoras, señores de los medios de comunicación.
Acudo a esta comparecencia atendiendo la instrucción del Secretario de Gobernación. Celebramos que el formato de esta comparecencia permita explicar, permita informar sobre las dos partes que conforman el esquema de investigación y de protección de periodistas.
El Sistema de Protección está conformado, en una parte, por las tareas vinculadas con la fiscalía, las fiscalías y la investigación y la otra parte es lo relativo al Sistema de Protección a Periodistas y a Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Por ello celebramos que en este formato podamos explicar y dar cuenta tanto la PGR como la Secretaría de Gobernación, además porque las áreas operativas de ambas instituciones trabajan todos los días de manera coordinada en este tema y en otros temas de derechos humanos, muy relevantes también para el país, como el tema de los desaparecidos.
Por ello creemos que es importante, que es muy positiva esta presentación conjunta y la posibilidad de responder a sus preguntas también de manera conjunta.
Comienzo por reconocer claramente y sin reservas que tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país.
Habrá seguramente algunos casos excepcionales de agresiones, de violencia contra periodistas ajenos a la delincuencia organizada, pero el patrón común, la presencia permanente, está vinculada con el crimen organizado, con la delincuencia organizada.
Y en ningún otro lugar del mundo, lo sostengo con toda seriedad, el crimen organizado tiene las ventajas y las oportunidades que tiene en México.
Como en ningún otro lugar, una puerta de 3 mil kilómetros con el gran mercado de consumidores.
Un mercado mayor que el del resto de los consumidores del mundo sumados.
Un mercado que decidió, a fines de los 90, conforme lo dicho por el Presidente Clinton, que sería abastecido a través de la frontera con México.
Cuando de manera expresa indicó que la decisión que se tomó, es que no entrarían más las drogas a los Estados Unidos, por agua o por aire.
Lo que anunció, es que se tomó la decisión de que entrarían por la tierra y la única posibilidad es esta frontera con México.
Como en ningún otro lugar, la disposición absoluta de armas de fuego de cualquier calibre.
Sólo en la frontera de México, funcionan más de 8 mil 700 tiendas que venden armas.
Como en poquísimos lugares del mundo, cientos de miles de jóvenes que concentran todos los factores de riesgo reconocidos por la ciencia: deserción escolar, violencia familiar, acceso a pandillas, consumo precoz de alcohol y drogas, ausencia de referentes positivos, pérdida de valores y falta de oportunidades.
Y al final, pero no menos importante, como en poquísimos lugares del mundo, corporaciones policiales y de justicia débiles, o francamente penetradas.
Esa es la realidad que debemos enfrentar en nuestro país, con seriedad y con responsabilidad.
Y en ese entorno se inscribe la violencia contra defensoras y defensores y periodistas.
En ese entorno, el Estado debe mirar por todos, pero en un estado democrático de derecho, la protección de periodistas y defensores, debe ser una política prioritaria.
Por ello, se decidió la creación y fortalecimiento de un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a partir de 2012.
El mecanismo tiene como objetivo principal, garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, mediante la implementación de medidas de protección y prevención, en coordinación con las entidades federativas.
Permítanme muy rápidamente explicar qué es el mecanismo y cómo funciona:
El mecanismo tiene básicamente tres instancias:
Una Junta de Gobierno, que es el máximo órgano de decisión compuesto por un representante de la Secretaría de Gobernación.
Uno, de la Procuraduría General de la República; uno, de la Comisión Nacional de Seguridad; y, uno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuatro miembros que representan al gobierno.
Además, la Junta de Gobierno tiene cuatro representantes de defensores y periodistas, dos defensores y dos periodistas, y un noveno voto en la Junta de Gobierno, que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es, en consecuencia, un órgano prácticamente paritario.
Además, están invitados con derecho a voz, sin voto, y se integran a la Junta de Gobierno, un representante de cada una de las siguientes instancias:
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Conferencia Nacional de Gobernadores.
El Poder Judicial de la Federación.
Y de manera muy destacada, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quien participa prácticamente en todas las sesiones, y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aquí presente, que también participa en las reuniones de la Junta de Gobierno.
El Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno, está compuesto por nueve periodistas y defensores de derechos humanos, cuyo proceso de elección se realiza sin ninguna intervención de las autoridades del Gobierno.
Y de esta Junta de Gobierno de nueve, ellos deciden cuáles cuatro, dos defensores y dos periodistas, los representa en la Junta de Gobierno.
Finalmente, una Coordinación Ejecutiva Nacional, que es la instancia ejecutora de las decisiones de la Junta, compuesta por las áreas de protección y de prevención.
A cuatro años y medio de su creación, el mecanismo ha tenido –nos parece– avances. Si se parte de que inició prácticamente sin ningún referente interno o internacional, con excepción de Colombia, que cuenta desde hace tiempo con un mecanismo, un mecanismos robusto, fuerte, que con el apoyo de Freedom House, fue el referente para la conformación del mecanismo y para la capacitación del personal técnico que trabaja en él.
Hoy, el mecanismo cuenta con criterios de actuación aprobados por la Junta de Gobierno, metodologías para los análisis de riesgo y seguimiento de medidas implementadas, lineamientos para la elaboración de diagnósticos preventivos, de los que se desprenden las alertas tempranas y los planes estructurales de prevención.
El mecanismo hace todos los días un monitoreo nacional de medios y redes sociales, para detectar posibles agresiones o riesgos en contra de periodistas y poderles ofrecer la protección. Hoy, más de tres de cada diez de las incorporaciones del mecanismo, se dan por esta vía; producto del monitoreo, el mecanismo sale a buscar a un periodista, a una periodista, para invitarlo a que acepte la protección.
Cuando se detecta que hay un riesgo grave, el mecanismo toma inmediatamente medidas urgentes de protección, como pueden ser extracción del lugar de riesgo o incluso protección con escoltas. El 25 por ciento de los casos ingresan con esta calificación.
Para determinar las medidas de protección a otorgar, se realiza una evaluación de riesgo, que contempla entrevistas a las personas beneficiarias, solicitudes de información a diversas fuentes, análisis de entorno y de contexto; cuya metodología se ha ido perfeccionando con el tiempo y hoy es un referente a nivel internacional.
Con esta metodología se hacen evaluaciones de riesgo individuales y colectivas, con perspectiva de género.
Una vez realizado lo anterior, los analistas proponen las medidas a implementar y se presentan, junto con la evaluación de riesgo, a la Junta de Gobierno. Aquí participa el beneficiario y sus representantes; y a partir de esta información se toman las decisiones de las medidas idóneas para su protección.
Una vez establecido el plan de protección, el área de seguimiento asume la responsabilidad de mantener contacto con las personas beneficiarias, con dos objetivos principales: corroborar el adecuado funcionamiento e implementación de las medidas; o bien la atención ante nuevas situaciones de riesgo que presenten las personas beneficiarias.
De finales de 2012 a mayo de 2017, el mecanismo ha dado protección a 727 personas; 303 periodistas, 424 defensores. Y actualmente tiene protección para 556 personas, prácticamente el 40 por ciento periodistas, el 60 por ciento defensores.
Derivado de este actuar conjunto, hasta la fecha se ha evitado la trasgresión al bien más importante de todas las personas beneficiarias, que es el derecho a la vida. Ninguna de las personas protegidas por el mecanismo ha sido privada de la vida; aunque debo informar que dos escoltas del mecanismo perdieron en estos últimos meses la vida:
Rogelio Hernández López, el 22 de marzo en Sinaloa; y Alfredo de la Cruz Valle, el 28 de marzo en Baja California Sur. El primero en su labor de proteger a Alma Barraza, defensora de derechos humanos; el segundo en su tarea de proteger a Julio Omar Gómez, periodista en Baja California Sur.
Y quisiera aclarar que, precisar que ninguno de los periodistas que han perdido la vida ha estado en el mecanismo. No es una manera de eludir la responsabilidad que tiene el mecanismo; es una manera de reconocer una falencia del mecanismo, una ausencia del mecanismo, que no tuvo en estos casos, la oportunidad de estar a tiempo con estos periodistas para brindar la protección.
Pero me parece también importante precisar que ninguna o ninguno de los periodistas que han perdido la vida han formado parte del mecanismo.
Los hechos suscitados a partir de marzo de este año, han obligado a tomar acciones extraordinarias que involucran al Ejecutivo Federal y a todas las entidades federativas, quienes anunciaron las acciones por la libertad de expresión para la protección de periodistas y defensores en la sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores y se refrendaron además los convenios de cooperación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados que fueron suscritos el 2 de junio del 2017.
Dentro del marco de las mismas acciones, se acordó crear unidades estatales de protección en cada entidad federativa. Estas unidades van a ser responsables del monitoreo de riesgos y agresiones en contra de periodistas o defensores de derechos humanos para determinar la implementación de medidas de protección y para analizar posibles patrones que permitan llevar a cabo medidas preventivas.
Además, van a coordinar y dar seguimiento con las instancias estatales correspondientes a la implementación de las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten al gobierno del estado, que el gobierno del estado les ofrezca de oficio o que el mecanismo federal soliciten colaboración, medidas que involucren fuerza pública o alguna acción de estos estados.
Y finalmente, estas Unidades Estatales de Protección habrán de coordinar con el mecanismo federal acciones urgentes frente a situaciones de riesgo o de gravedad.
Para la coordinación efectiva, se está elaborando un protocolo que se aprobará en la próxima Conferencia Nacional de Gobernadores y se trabaja en la formación del personal a nivel nacional y de los estados.
Del 26 al 30 de junio, o sea en los próximos días, habrá de llevarse a cabo la capacitación del personal asignado a las unidades estatales de protección.
Como parte de las tareas de prevención, se acordó elaborar diagnósticos estatales en los que se refleje la situación actual de riesgo con respecto a la labor de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas.
También, como parte de las acciones de prevención, el mecanismo ha emitido alertas en los estados de Veracruz y Chihuahua. Esta última apenas firmada con el gobierno del estado y con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo el viernes de la semana pasada.
Chihuahua nos parece que es un modelo de alerta temprana y plan de contingencia. Un modelo que puede replicarse a otras entidades federativas porque representa la labor conjunta de personas de la sociedad civil y las autoridades, asumiendo estas últimas el compromiso de actuar en todos los temas en los que, conforme a sus atribuciones deban intervenir.
Debe precisarse que un aspecto que resulta trascendental es la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas en la doble labor del mecanismo. Es decir, el enfoque de protección y la óptica de prevención.
De este modo, podemos afirmar que el eje estratégico del mecanismo está enfocado, a partir de los esfuerzos que estamos haciendo inicialmente en Veracruz y ahora en Chihuahua, a acciones de prevención y la coordinación de acciones con otras instancias de gobierno, particularmente con la PGR, con la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
También me parece importante destacar que el mecanismo trabaja de la mano con organizaciones defensoras de derechos humanos y con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para de esta manera ir avanzando en los retos que tenemos pendientes.
Y también hemos recibido apoyos de los gobiernos de la Unión Europea y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USA.
Básicamente estos apoyos que el mecanismo ha recibido desde hace un poco más de dos años y medio, se refieren a las tareas de capacitación del personal técnico del mecanismo.
Las tareas vinculadas con estos recursos, que son básicamente recursos de capacitación, han servido para que el personal técnico del mecanismo, podemos decir hoy, sea personal calificado para la elaboración de los análisis de riesgo, para que el mecanismo pueda responder con eficacia a las exigencias que tiene.
Para terminar esta introducción quisiera decir que solamente una acción coordinada del Estado y naturalmente de todos los órganos del Estado, una labor en la que participe la sociedad y de manera importante creemos también la participación de la comunidad internacional, puede constituir sólidamente una política de protección a nuestros periodistas y defensores de derechos humanos.
Reconocemos el tamaño del reto, reconocemos que estamos frente a una situación extraordinaria y estamos haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con esa responsabilidad.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias señor Subsecretario.
Vamos a abrir entonces la primera ronda de preguntas con la participación de los representantes de los siete grupos parlamentarios.
Le damos la palabra en primer término al representante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Diputado Ferreiro, tiene usted la palabra.
Perdón, un segundito, solamente para recordar que en esta primera ronda tenemos hasta tres minutos para la participación.
Adelante.
DIPUTADO JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO: Mucha gracias.
Pues sí, sí es un tema penoso para el Estado mexicano lo que está pasando. Me da gusto que el diagnóstico lo tenemos claro, qué es lo que está pasando, el tema de la delincuencia organizada, en gran parte es un tema de drogas, armas, sistema financiero de los recursos que están yendo y viniendo, pero el gran tema es que no traemos una solución a este problema.
No sé que ha estado pasando en Colombia, que sería interesante saber qué estudios han tenido de Colombia, si lo que están haciendo allá, trajimos aquí para poder resolver, si dio resultados.
Sé que es difícil proteger a todo mundo, sé que es difícil protegerlos, me da gusto que haya 556 personas ahorita en protección, y que haya sido por detectarlos ustedes y que ellos mismos también hayan recurrido.
¿Qué otros estados aparte de Chihuahua y Veracruz están en emergencia? Yo soy de Baja California y ha repuntado la delincuencia grandemente, de hecho el día de ayer mataron a un exdirigente de CANACINTRA, lo asesinaron ayer.
Entonces, sí es de preocuparse, yo sé que lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es que no tengamos los medios suficientes para garantizar la libertad de expresión, ahora sé que es lo peor que nos puede pasar, hay derechos fundamentales, que tenemos que garantizarlos, yo sé que es un tema de toda la sociedad, no es un tema nada más de gobierno.
Y en segundo, también me da gusto oír que esté habiendo coordinación con los estados, porque los estados tienen una gran corresponsabilidad con este tema y con todos los temas, porque es el primer gobierno que enfrenta la sociedad, aparte el ayuntamiento, pues el estatus, qué bueno que estén empujando para que se coordine el estado, nuestros estados de la República con la Federación para poder combatir este tema.
Yo en lo personal, pues sí me da tristeza el tema, veo que están haciendo un esfuerzo. Me gustaría saber qué pasó en Colombia, si han tenido resultados, si el programa este va a ayudar.
Qué bueno que están atendiendo a 556 periodistas y ojalá que esto nos sirva a todos para reflexionar lo que está pasando y que todo mundo colaboremos, nosotros con leyes, tenemos leyes para aprobar, que tenemos que sacar adelante y ojalá que podamos poder ayudar y ser coadyuvantes en este problema.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias al diputado Ferreiro.
Tiene la palabra por Movimiento Ciudadano el diputado Macedonio Salomón Tamez.
DIP. MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO: Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Quiero agradecer la presencia de nuestros distinguidos visitantes y agradecer la información. Quiero decir que el fracaso que todos sabemos que ha tenido la política pública de protección a periodistas no es asunto de ustedes.
Ustedes están haciendo un esfuerzo por combatir ese problema, pero debo decir que el fondo viene de muchos años, de por lo menos 12 años de fracasos en políticas de seguridad pública.
Vemos una descomposición generalizada en todo el país; vemos un aumento de los homicidios espeluznante, hay una colusión espantosa entre autoridades y delincuentes en muchos estados, la delincuencia organizada y los gobiernos estatales, están inexplicablemente unidos, como la parte cóncava y convexa de un espejo y debo decir que también algunas autoridades federales.
De tal manera que el combate a la violencia hacia periodistas se diluye, se pierde en un combate generalizado que debe ser hacia toda la delincuencia con una serie de medidas, comenzando por más justicia social, comenzando por mejor educación, por más bienes y servicios y posibilidades para toda la gente, y de ahí en adelante hasta llegar a la prevención concreta de los delitos.
Sin embargo, quisiera comentarles algo en particular, expresar un par de preguntas:
En primer lugar, la dificultad con las autoridades locales.
A raíz del advenimiento de la democracia que todos festejamos y todos buscamos durante muchos años, por primera vez hubo un pacto federal respetado de México y hubo gobernadores verdaderamente independientes del poder central.
Pero esto tuvo un efecto secundario, un efecto colateral, como decimos los médicos, que fue el ensoberbecimiento de algunos gobernadores que se convirtieron no digo en Virreyes, en auténticos monarcas absolutos y se hicieron cómplices del crimen organizado y lo protegieron.
De tal manera que ahí está la verdadera lucha, el verdadero desafío a nivel local.
Y quería preguntarles, en particular y ya refiriéndome a resultados concretos de su gestión:
¿Cuántas consignaciones hay en materia de gente que ha agredido a periodistas? De éstas, ¿cuáles son estatales y federales, si es el caso? ¿Y cuántas sentencias se han logrado?
Y en particular, su opinión respecto a esta relación con las autoridades locales.
Es todo.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias al diputado.
Le cedemos la palabra, como representante del Partido del Trabajo, al senador David Monreal.
SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Gracias Presidenta.
Bienvenidos a los comparecientes.
México es uno de los países en el mundo que cuenta con un gran número de instituciones de protección a periodistas y contra ello, uno de los países con mayor deceso en este gremio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación general 24/2016, muestra que como marco referencial del aumento de las agresión es que ha sufrido este sector periodístico en los últimos 15 años, se advierte que desde el 2001 al 2005 hubo 208 quejas, un promedio de 41.6 al año.
Del 2006 al 2010, se registraron 390 quejas, dando un promedio anual de 78 quejas y un aumento del 87.5 respecto al año anterior.
Y del 2011 al 2015, se generaron 439 quejas, un 12.5 por ciento más, con un promedio de 87.8 por año.
Ante esta situación, yo les preguntaría: ¿cómo coordinan, supervisan, las investigaciones de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen esta actividad del periodismo?
¿Cuáles son las estrategias, acciones, sistemas y metodologías que han incorporado para mejorar las prácticas de prevención y protección, que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas?
Y frente a estas preguntas, también una reflexión, derivado de los datos que proporciona la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde muestra que esta Fiscalía Especializada tiene un grado del 97 por ciento de ineficiencia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los periodistas.
La Subprocuradora de Derechos Humanos, de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, la licenciada Irene Herrerías, informó que del 2000 a 2017, habían ocurrido 114 homicidios contra periodistas. De estos 114, la Fiscalía sólo atrajo 48.
¿Qué mecanismos empleará para realizar las investigaciones de delitos contra la libertad de expresión de manera pronta, completa e imparcial?
¿Por qué de 114 homicidios contra periodistas, únicamente se atrajeron estos 48? ¿Cuál fue el criterio para solamente atraer estos? Y ¿qué programas o políticas públicas se emprenderían para garantizar el respeto hacia la labor de los periodistas?
Por las respuestas, muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, senador David Monreal.
Tiene la palabra, por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Lía Limón.
DIPUTADA LÍA LIMÓN: Muchas gracias, presidenta.
Primero, darles la bienvenida a los funcionarios que están aquí, al subsecretario Campa, a la subprocuradora Sara Irene y al fiscal Ricardo Sánchez del Pozo; y reconocer el trabajo y el esfuerzo que han venido haciendo para fortalecer el tema, primero, el fortalecimiento del mecanismo, que ha sido muy importante y que además ha implicado también el propio crecimiento del mecanismo, porque hoy atiende a más personas de las que atendía hace un par de años; lo cual requiere esfuerzo, recursos y coordinación.
Y al Fiscal, que lleva un mes de haber sido nombrado, desearle mucho éxito en su nueva función.
Y también decir que me da mucho gusto que el nuevo Fiscal, sea un Fiscal que conoce a fondo el tema, porque es un Fiscal que viene de trabajar en el mecanismo ya de tiempo atrás, y entiende la problemática que hoy vive el gremio de los periodistas. Y creo que eso va a ayudar a que haga su tarea con una enorme sensibilidad y me da mucho gusto que así sea.
Tengo algunas preguntas. Se ha estado diciendo en distintos momento, han salido diversas preocupaciones que tienen que ver con la suficiencia de financiamiento del mecanismo, con la cuestión de si tiene o no recursos para este año. Tengo al respecto algunas preguntas, porque me parece fundamental que el mecanismo pueda justamente contar con recursos que garanticen su funcionamiento.
Entonces saber cuál es la situación financiera del mecanismo, ¿por qué no se programaron recursos presupuestales para este año? Y si habrá recursos suficientes para acabar el año, porque en algún momento se había manifestado esa preocupación.
Yo soy miembro de la Comisión Especial para la Atención de Agresiones a Periodistas en la Cámara de Diputados, y en algún momento se había planteado esa preocupación y así la manifiesto también.
Me da mucho gusto saludar a Paty Colchero, que está a cargo del mecanismo.
Y la situación financiera me parece uno de los temas fundamentales para conocer cómo podrá seguir funcionando el mecanismo.
Y por otro lado, aplaudo enormemente la reunión que se tuvo en la CONAGO para este tema en específico, porque creo que por más esfuerzos que se hagan a nivel federal, si en las entidades federativas no existe un verdadero compromiso por atender de manera preventiva, primero dar protección a los periodistas que son amenazados; y por otro lado, avanzar en las investigaciones que haya de las agresiones que se den.
Por lo tanto, aplaudo los acuerdos a los que se llegaron en la Comisión de la CONAGO. Entiendo que uno de los acuerdos que aquí fue mencionado, es la instalación de unidades, mecanismos a nivel estatal; y sé que fue muy reciente la reunión, pero quisiera preguntar si ya hay avances concretos en ese aspecto o si hay un cronograma para ir avanzando.
Y también mencionaban la posibilidad de hacer mapas de riesgo, y esos mapas ayudarían obviamente en poder emitir alertas tempranas. Entonces también quería saber al respecto.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias a la diputada Lía Limón.
Vamos a darle la palabra…
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES: …quisiera que me incluyera. Veo que está dando la palabra por representación parlamentaria; a nosotros nos tocaba en todo caso, antes del Partido Verde.
Quisiera por favor que me incluyera en la lista como parte de la representación en la Comisión Permanente del partido MORENA.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias. Tomo nota de su petición, diputado Vidal, con todo gusto.
Tiene la palabra la senadora Dolores Padierna.
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Subprocuradora, Subsecretario, Fiscal, bienvenidos. Muchas gracias.
Todas las agresiones mortales contra periodistas cometidas este año permanecen en impunidad. Todas estas agresiones pudieron evitarse.
La vida de todas y todos los comunicadores pudieron preservarse si la autoridad responsable hubiera cumplido con sus obligaciones de investigar el contexto de violencia y de inseguridad de la labor que realizan los comunicadores.
Si la autoridad hubiese investigado las amenazas, los actos de intimidación previos que fueron evidenciados en las víctimas, y sobre todo si hubiesen realizado una investigación diligente para sancionar a los agresores y detener esta ola de violencia que cada día cobra más víctimas.
En el informe de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, dice que de 2010 a la fecha –este informe se dio en la Cámara de Diputados– se han integrado 368 expedientes por amenazas, 150 por abuso de autoridad, 70 por lesiones, 70 por robos, 66 por homicidio, 55 por privación ilegal de la libertad, 48 por daño a propiedad ajena, y se ejerció facultad de atracción en 48 casos.
De este universo, se han logrado sentencias condenatorias en tan sólo tres casos; es decir, el 99.7 por ciento de los casos permanecen en la impunidad.
Tal vez esa sea una razón, subsecretario Campa, de que los periodistas no quieran inscribirse en ese mecanismo.
La impunidad mata periodistas, mata la voz y las letras de quienes nos informan. La impunidad mata el derecho de estar informados y mata poco a poco la construcción de una sociedad democrática.
Yo quiero hacerles dos preguntas, o una pregunta a cada uno.
Lo decía la compañera del PAN, Lía Limón, que el mecanismo tiene cero pesos en este año.
La primera está dirigida a Roberto Campa. En efecto, el mecanismo fue borrado de las acciones presupuestales, de las asignaciones presupuestales y no es solamente este año sino que tiene una tendencia hacia la baja.
Desde 2013, año con año se han venido reduciendo los montos de asignación presupuestal y durante tres años consecutivos se presenta un subejercicio, a pesar de ser poco, así hay subejercicio.
¿Cómo explica, señor Roberto Campa, usted que mientras la tendencia de agresiones y amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha venido a la alza en los últimos cuatro años, el presupuesto ejercido por el mecanismo haya ido en sentido contrario, al punto de que hoy estemos en ceros?
No sé si esa sea la importancia que se le dé, pero hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación que van a dar recompensas a quienes ofrezcan datos que lleguen a los culpables, a los responsables de estas víctimas periodistas.
Yo quisiera preguntarle, ¿si no hay dinero con qué lo hacen?
También el mecanismo de protección cuenta desde hace años con los servicios de la empresa RCU, que maneja los datos más sensibles y la información confidencial de los beneficiarios de este mecanismo, y ha venido estableciendo convenios de colaboración con otras empresas.
Lo que yo quisiera preguntar es si puede señalarnos cuáles son y en qué documento están contenidas las medidas de seguridad para el manejo de la información confidencial y el personal de las y los beneficiarios del mecanismo cuando se comparte esta información, porque ha habido, están los señalamientos de personas que han sido, esta información de carácter confidencial ha sido vendida o ha sido publicada o está corriendo.
Señor Fiscal, me voy a permitir leerle un fragmento del Protocolo para la Investigación de Delito de Homicidio y de Homicidio Múltiple, adoptado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2015.
Dijo el Fiscal Especial: es importante considerar que el delito de homicidio perpetrado de manera simultánea y en un periodo corto de tiempo a un número elevado de víctimas, puede llegar a constituir responsabilidad por parte de las autoridades en razón de la falta de acción para investigar los hechos iniciales por omisión de las mismas, que esto puede derivar en la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, al situar a las personas en condición de riesgo y vulnerabilidad de ser víctimas de este ilícito penal.
En otras palabras, la impunidad puede traer la falta de acción de ustedes puede traer como consecuencia el que sean cómplices de estos delitos.
A partir de esto, me permito yo preguntarle, particularmente en el caso de Veracruz, donde fueron asesinados 17 periodistas y tres permanecen como desaparecidos en los años recientes, ¿cuál es la estrategia de investigación del contexto y los planes de agotamiento de las líneas de investigación particulares en estos casos?
Sólo por señalar algunos, ya dijo el Subsecretario que son casi 600, pero cuáles son las líneas de investigación particulares que se han diseñado desde su Fiscalía para investigar como asesinatos múltiples estos crímenes y para evitar que más periodistas sean asesinados.
De las averiguaciones previas y de las carpetas de investigación que mantiene abiertas su Fiscalía, poco más de 50 han sido iniciadas a partir del ejercicio de la facultad de atracción que le confiere ahora el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Me permito preguntarle ¿con base en qué criterios aplica su Fiscalía o cuáles los criterios que su Fiscalía aplica para proceder con la atracción de algunos casos sí y en qué casos no?
Preocupa mucho, por los datos que ya dio aquí el senador y a la subprocuradora de Derechos Humanos, perdón, no me aprendí su nombre, entre sus facultades está el conducir y evaluar las actividades de las unidades responsables sobre la protección de derechos humanos, dar seguimiento a las recomendaciones, atender a las víctimas o la prevención del delito y servicios a la comunidad, todo esto con el propósito de determinar con oportunidad las medidas correctivas y preventivas que procedan.
A partir de esta facultad que usted tiene, Subprocuradora, le pregunto ¿cuántas medidas de atención y protección a víctimas y prevención a testigos en casos de competencia federal, que se investigan en la FEADLE, han sido gestionadas, tramitadas o supervisadas por la Subprocuraduría a su cargo?
En la recomendación general 24 de la Comisión de Derechos Humanos, publicada en el mes de febrero de 2016, la Comisión de Derechos Humanos, en el punto 163, 154 son demasiado importantes.
En el 163 dice que en los casos de agresiones a periodistas no investigados ni sancionados, evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencian cómo se ha arraigado la impunidad en este delito. Es muy largo el 163.
El 164 dice que se requiere fortalecer una política pública que permite investigar y sancionar de manera eficiente a los responsables de los agravios que sufren comunicadores, sean o no agentes estatales.
Derivado de esto, le pregunto Subprocuradora, ¿cuál es la política de Estado en materia de prevención de los delitos contra periodistas y medios de comunicación que se está implementando en México.
Y no me refiero sólo a programas o acciones aislados, sino a una política nacional y en qué documento se encuentra contenida, porque por más que buscamos, no la encontramos.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias senadora Dolores Padierna.
Quiero hacerles, a los integrantes de la Comisión, un planteamiento.
El diputado Vidal Llerenas está solicitando la palabra.
El acuerdo, que fue sometido a la consideración de todas y todos ustedes, establece las rondas en las que participan los partidos políticos que están integrados en la Comisión Política Permanente, en el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Política Permanente, y así fue aprobado por ustedes.
Yo de ninguna manera quisiera tomar una decisión unilateral respecto al acuerdo que ya fue establecido por todos nosotros, en votación unánime.
Por lo que les consulto si es de considerarse, para en esta primera ronda, la petición del diputado Llerenas, de participación, toda vez que, si así lo aprueban ustedes, con ello estaríamos modificando el acuerdo que ha sido sometido.
Queda este planteamiento hecho a todos ustedes.
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES: Presidenta, una consideración:
De acuerdo al Artículo 92, ninguna fracción parlamentaria puede quedar excluida en ninguna actividad de la Comisión Permanente.
De hacerlo, pues sería una cuestión muy grave, que no podemos permitir y que no corresponde a la representación parlamentaria que tenemos en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, creo que es algo que no se debe poner a votación.
La facultad que tiene una fracción parlamentaria, de poder hablar en el Congreso, que esa es nuestra responsabilidad: la de parlamentario.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. Gracias diputado Llerenas.
Tiene la palabra el senador Héctor Larios.
Y me pidió también la palabra la diputada Martha Hilda González.
Senador Larios.
SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias Presidenta.
En primer lugar, a nombre del Grupo del Partido Acción Nacional, no tenemos ningún inconveniente que haga uso de la palabra.
Creo que el acuerdo que se votó, efectivamente se votó, incluso ha sufrido modificaciones en el orden en que participaron los funcionarios, de acuerdo como está establecido.
Y en el futuro, quizá también valdría la pena reflexionar que las comparecencias fueron mucho más diálogo que a cada pregunta correspondiera una respuesta y no un conjunto de preguntas.
Hasta la manera en que está redactado: los legisladores tienen tres minutos para preguntar y los funcionarios el tiempo que necesiten.
Creo que esas cosas tienen que buscarse.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: No. Si lee usted bien el acuerdo, los funcionarios tienen 10 minutos, y cada uno participó por 10 minutos.
SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bueno, pero en el tema que nos ocupa, nosotros estamos a favor.
DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN: Muchas gracias.
Presidenta: solamente para dejar y puntualizar de que hubo un acuerdo; este acuerdo se votó.
Hay un orden de quienes están representados, no en la Comisión Permanente.
Yo quisiera ser ahí muy puntual: es en esta Primera Comisión.
Si finalmente el acuerdo es de todos los grupos parlamentarios, representados en esta Primera Comisión, de darle cabida a quien viene en representación de un grupo parlamentario que no tuvo, cuando lo pudieron haber tenido, que no tuvo representación en esta Comisión, nosotros estaríamos de acuerdo, pero sí que quede el antecedente de que no se está respetando, para qué estamos aprobando finalmente una mecánica de intervenciones, si al final del día ésta no va a ser respetada.
Muchas gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias diputada.
Diputado Jesús Zambrano.
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias Presidenta.
De nuestra parte, es cierto que tomamos pues el acuerdo en el seno de la Comisión.
No hubo por cierto en ese momento quién planteara otra cosa cuando dimos inicio a esto y tomamos las decisiones correspondientes.
De nuestra parte, y con el afán de propiciar la más libre expresión y flujo de las ideas, no tendríamos ninguna objeción a que pudiera hacer uso de la palabra el diputado Llerenas.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias.
Si les parece, esta Presidencia desde luego tampoco tiene ninguna objeción.
Pero sí me parece que es de respetar el tiempo que ha sido establecido para todas y cada uno de ustedes.
En el orden que nos establecimos, continuaría el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y concluiría el Partido Revolucionario Institucional. Yo no sé, pregunto al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, si ustedes tendrían una objeción en ceder su lugar o que fuera posterior a ustedes.
Tiene la palabra el senador Héctor Larios, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; y posteriormente sería el diputado Vidal Llerenas.
SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidenta.
En primer lugar agradecer la presencia de los tres funcionarios que están aquí con nosotros, en un tema que es como ya decía el Subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, parte de un reconocimiento de que estamos en un reto realmente importante.
México ocupa un deshonroso lugar, un tercer lugar en agresiones a periodistas. Solamente está superado por Siria y por Afganistán. Pero lamentablemente, México ocupa el primer lugar en letalidad en las agresiones a periodistas; se provocan más muertes en México que en ningún otro país.
Y son temas que también, como ya se mencionaba aquí por parte del Subsecretario, hay varios factores que inciden, fundamentalmente el crimen organizado, que tiene que ver nuestra cercanía con el mercado más grande de drogas y la frontera de 3 mil kilómetros y lamentablemente, el que no hayamos podido encontrar la manera de detener las armas que se meten de Estados Unidos para acá.
Pero todos estos factores no hacen más que obligarnos a todos, en este problema que compete a todas las autoridades, a tratar de encontrar mecanismos para defender la libertad de expresión y para defender también a todos los que promueven y vigilan los derechos humanos.
Es claro que hay una doble función, la función de protección, que es la más importante, la de prevención; y la función de fiscalía de investigación y de consignar a los responsables; en donde como ya se ha dicho aquí, tenemos una eficacia muy, muy baja; muy pocos agresores de comunicadores terminan siendo identificados y sancionados.
Me llama la atención, no conocía de este tema, el monitoreo que se hace. Decía el Subsecretario que en la actualidad están sujetos al programa de protección 556, de los cuales, aproximadamente el 40 por ciento son periodistas y el 60 son defensores de derechos humanos.
Y que dos de cada tres están en el esquema de protección, como resultado del monitoreo nacional de medios de comunicación, en donde se detectan amenazas o eventuales situaciones de riesgo para algún periodista.
Quisiera preguntar si dos de los casos emblemáticos, uno de Chihuahua, de Miroslava Breach; y el otro de Sinaloa, de Javier Valdez; que ambos supongo yo, sobre todo el segundo, que había razones para suponer que podían ser sujetos a alguna agresión, no fueron detectados en el monitoreo, porque se ha afirmado aquí que ninguno de los periodistas que han sufrido agresión, particularmente mortal, han estado dentro de este esquema de protección.
Entonces yo supondría que el sistema de monitoreo no detectó ninguno de esos dos casos. Es una pregunta específica que quisiera saber.
Cuando se habla de la agresión, estoy de acuerdo, la mayor agresión y particularmente los estados del norte del país, viene del crimen organizado, en una altísima proporción. Pero también hay agresiones que vienen de las propias autoridades.
Quisiera preguntar, hay un caso reciente en Sonora, un periodista de un programa que tiene prestigio, en su última transmisión denunció agresiones, presiones, chantajes de gente ligada al gobierno. Es Luis Alberto Medina, y quisiera saber si en este monitoreo que se levanta, se detectó; vamos, él mismo dedicó todo un programa, su último programa precisamente a describir esta situación.
Entonces, supondría que el monitoreo permite el que se proteja, no es solamente protección, es una fiscalía para la defensa de la libertad de expresión, y la libertad de expresión no solamente tiene que ver con agresiones físicas o con el extremo de privarlos de la vida.
Entonces, preguntar concretamente este caso de Sonora. Y finalmente, en el protocolo cuando se detecta que existe algún riesgo en contra de algún defensor de derechos humanos o de algún periodista, se le pregunta si acepta el esquema de protección; ¿qué sucede o cuál es el procedimiento cuando no la acepta?
Particularmente me recuerda a un caso que me tocó tratar de un periodista que no aceptaba el esquema de protección, entonces no había un protocolo escrito. No sé si exista ahora ya un protocolo cuando no acepta esa protección.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, senador Larios, por su participación.
Solamente quisiera hacer una acotación que me parece que es pertinente, agradeciéndole a la Mesa la aprobación para que pueda hablar el diputado Llerenas.
A mí me parece que todo derecho conlleva una obligación. Yo quisiera suplicarle de la manera más atenta al diputado, que por cierto no es integrante de la Comisión, que en las posteriores ocasiones, para que tengamos una fluidez y respeto a las decisiones que toma la Mesa, estemos todos a tiempo para que podamos participar desde el inicio en estas decisiones.
Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas.
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES: Gracias.
Me llama la atención y no me extraña el planteamiento que hace el Subsecretario en ligar el tema de drogas con el tema de seguridad; no me extraña. Él impulsó el tema de reforma de política de drogas con una iniciativa del Presidente que tenía que ver con descriminalizar usuarios de marihuana, desgraciadamente en esta Cámara de Senadores se desechó esa idea y, bueno, no se avanzó en la reforma de la política de drogas que efectivamente es la causa última del clima de inseguridad en el país, y creo que ahí hay un debate interesante que desgraciadamente en esta casa no progresó.
Me da la impresión de lo que estamos hablando, es que a ver, uno no encuentra que hay una o dos o tres condenas a estos crímenes a periodistas dependiendo la fuente que uno vea. Es como 90 y tantos por ciento de impunidad, que más o menos es el del país.
Es decir, aquí a lo que nos enfrentamos son con ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas, jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera.
Mi pregunta es, es decir, ¿es inevitable lo que está sucediendo, dado lo que está sucediendo en el resto del país? ¿En realidad estamos ante una crisis profundísima del sistema de impartición de justicia y esto es parte de eso?
Es decir, somos tan incapaces de proteger a periodistas, como somos tan incapaces de proteger al resto de la gente. Y, ante esto, ¿hay alguna cosa que hacer o el gobierno que está planteando?
Es decir, me parece que en el fondo no podemos salir de la perspectiva de una profundísima crisis del sistema de impartición de justicia.
Y creo que también no podemos dejar de hablar del tema de la estigmatización. Es decir, esta idea de que quienes defienden derechos humanos protegen a los delincuentes y entonces están en contra de las instituciones del Estado, y ahí se genera –me parece a mí– un círculo vicioso peligroso para estas personas.
Y muchas veces consentido por el gobierno, y sin duda consentidos por algún sector de la sociedad que no ve el peligro que representan para estas personas que están en la línea realmente de fuego –literalmente en ocasiones– y que hacen un gran trabajo para la sociedad, y que me parece que hacemos un mal favor en estigmatizar su trabajo y en decir: “Quien defiende derechos humanos está defendiendo a delincuentes”.
O: “Ah, ojalá se defendieran los derechos humanos como se defienden de los delincuentes”, etcétera.
Parece que ese discurso de odio es parte de esta epidemia de violencia contra los periodistas y eso no tendríamos que perderlo de vista.
Si uno ve la página en este momento de Artículo 19, todos los casos que en este momento tienen como casos urgentes o los últimos casos, tienen que ver con el gobierno. “Policías estatales agreden periodistas cuando cubrían traslado de reos en Tamaulipas”, primera noticia.
Segunda noticia: “Periodista detenido y agredido por elementos de seguridad en Tabasco”.
Tercera noticia: “Agreden reportera en Guanajuato tras cuestionar manejo identificado de recursos”.
Artículo 19 dice que el 53 por ciento de los casos tienen que ver con gobiernos, y lo que se nos está planteando ahora es trabajar con gobiernos.
Es decir, no es tan cierto que siempre es el crimen organizado quien pone en peligro a los periodistas. La verdad es que los gobiernos son los que también los ponen en peligro.
Insisto, las tres últimas noticias que uno puede leer en el portal de artículo 19 pues tienen que ver con gobiernos.
Y las preguntas muy concretas son ¿por qué no se solicita dinero para esto? Porque el presupuesto pues lo solicita el gobierno federal.
Segundo, ¿por qué hay un incremento de los homicidios de periodistas y los delitos contra periodistas en el último año? ¿Cuál es el diagnóstico?
Y el tercero, ¿por qué nunca se detiene a nadie? ¿Por qué no hay jamás ejecutores?
Si pudiéramos contestar estas tres preguntas, pues podemos partir de la realidad del asunto y de realmente plantear políticas.
Esto y finalizo con esto, es también en el tema del estigma que estoy diciendo, siempre que hay un delito contra un periodista, resulta que el periodista tenía muchas parejas, que tenía algún negocio, que siempre hay otra línea de investigación.
Yo tengo una migo periodista que le robaron su casa y es gay y claro, la primera línea de investigación es que había un amante, es lo que hacen los gays, tener mucho más que decir.
Hay un estigma importante aquí que lo vemos en todos los casos 1que se reportan en el tema y creo que es algo que se debe de tratar y creo que la Fiscalía tendría que también que tener una respuesta de qué vamos a hacer con esto que es sistemático en todos los casos que uno conoce.
Gracias.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Tiene la palabra el senador Miguel Romo, por el Partido Revolucionario Institucional.
SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Muchas gracias señora presidenta.
En primer lugar darles desde luego la bienvenida y la presencia y la participación a los señores funcionarios, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República.
Creo que este es un tema fundamental, relevante, que debe de ocuparnos a todos los mexicanos, no solamente a legisladores y a los gobiernos que tienen una responsabilidad y una atribución para trabajar en lo que aquí se ha venido mencionando.
Lo cierto es que yo quisiera que en esta discusión o en este intercambio de ideas, pudiéramos, con apoyo de nuestros visitantes, establecer una metodología para dibujar, para tener una radiografía adecuada y correcta de los espacios y de los ámbitos que hoy nos ocupan.
Se ha dicho aquí que desde el año 2000 a la fecha se han registrado 121 muertes por asesinato de periodistas o de profesionales vinculados a la información. Nuestro compañero David mencionaba 114 y es cierto, varían de alguna manera las cifras, si uno acude a organismos civiles y otros en registros oficiales a los cuales uno acude.
Lo cierto es que ahora, en estos tiempos que se le ha dado o se ha vuelto una prioridad el prevenir, el proteger, el investigar y desde luego sancionar a los responsables de delitos que están asociados con la libertad de expresión y desde luego con los profesionales del periodismo.
Y qué bueno, porque este es un tema, repito, central y fundamental, no solamente por la pérdida de vidas, sino que adicionalmente se atenta justamente con un tema fundamental, que es un derecho básico de la ciudadanía, que es el garantizar la expresión y el ejercicio para tener informada a la población.
Pero entremos en materia: se ha hablado por parte de los señores funcionarios de un fortalecimiento a las acciones que se llevan a cabo y que se tendrán que llevar a cabo justamente para prevenir, para sancionar, para investigar todos estos temas asociados a los delitos, a las conductas ilícitas contra los medios y las personas que ejercen esta profesión.
De hecho, el 15 de mayo de este año hubo un foro centroamericano, en donde se generó una Declaración, que es muy importante y que yo creo que viene también a impulsar este fortalecimiento al que nos han comentado los señores funcionarios.
Pero también se ha hablado de una serie de investigaciones, de carpetas que se han abierto a raíz de estos ilícitos, y se ha hablado de estas investigaciones, las que han sido consignadas, las que están en proceso, las que están o se ha logrado tan sólo en algún porcentaje bajo.
No sé si el compañero diputado Llerenas mencionó un cinco por ciento de eficiencia en las sanciones condenatorias, no recuerdo exactamente la cifra; o creo que la senadora.
Pero a ver…
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: …con todo respeto compañeros –perdón– con todo respeto, yo les suplico que no tengamos diálogo, no es ese el formato que debemos de respetar.
Adelante señor senador.
SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Gracias.
Pero sí sería muy importante que nuestros funcionarios invitados a esta Comisión, pudieran entrar un poco más en detalle porque si hablamos de cuestiones muy genéricas, no nos va a llevar finalmente a un conocimiento preciso y exacto de la problemática.
¿A qué voy? De estas denuncias, cuántas carpetas de investigación han intervenido los gobiernos estatales, donde hay procuradurías, o las fiscalías generales, donde ya finalmente es un órgano autónomo; cuántas de éstas han sido atraídas, cuáles de manera directa ha intervenido la Fiscalía Especial.
Porque hay que dividir muy bien todos estos espacios porque si no, nos confundimos entre que si de todos los casos, de todas las acciones que se llevan a cabo, hablamos del gobierno como un ente global o general, no vamos a saber realmente en esa generalidad en dónde puede estar la necesidad de fortalecer verdaderamente acciones, ya no solamente en el aspecto de la prevención que habló el Subsecretario Campa, sino simple y llanamente de que los gobiernos, en el compromiso que se estableció en la reunión de la CONAGO, hay que, repito, cerrar, hay que, con un gran cuidado, determinar en dónde esos asuntos se encuentran, de esa globalidad, ¿son competencia del fuero común?, ¿las están llevando las fiscalías y en qué número?, ¿cuáles son sus avances?
¿Hay un rezago en esas investigaciones?, ¿cuál es el rezago que tiene la Fiscalía Especializada en estos delitos, dependiente de la Procuraduría General de la República, de manera específica y concreta?
Y que lo hagamos con una gran precisión, porque si no, finalmente pues sí hablamos de números, y pues sí 95, el 97 por ciento de eficiencia, de quién, de qué competencia, cuántos están en proceso en juzgamos federales, cuántos están en proceso en juzgados del fuero común, cuál es el rezago, ¿cuáles son los asuntos que tienen mayor rezago, los que vienen del 2000, los recientes?
En fin, yo lo que preguntaría, particularmente a la Fiscalía, que se haga un análisis técnico, jurídico, específico, para que sepamos verdaderamente en dónde debemos de atender, de acudir, de fortalecer esos espacios.
De lo contrario, con todo respeto, estamos hablando de un problema serio grave, pero como que la pelotita de competencias y de responsabilidades anda en el viento.
Ese sería mi cuestionamiento.
Muchas gracias presidenta.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁOLEZ: Muchísimas gracias al senador Romo.
Vamos ahora a dar paso a la respuesta de los señores servidores públicos.
Tiene la palabra el maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
(SIGUE SEGUNDA PARTE)