Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-171

  • Senadores y diputados reconocen que caso Ayotzinapa vulneró al Estado Mexicano
  • Indispensable establecer la paz y recuperar confianza para poder enfrentar nuevos desafíos

México es el primer interesado en que se resuelvan, con total transparencia, problemas en materia de derechos humanos, como el presunto asesinato en Iguala de normalistas de Ayotzinapa, apuntaron integrantes del Senado y la Cámara de Diputados, durante la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
Existen claros avances en la emisión de leyes de protección y garantía a los derechos humanos; pero “por supuesto que no estamos contentos, sabemos lo que ha implicado el caso de Iguala, sin duda el Estado mexicano se vio vulnerado y mostró la fragilidad”, asentó la senadora Blanca Alcalá Ruiz.
Al debatir el tema “Situación en el ámbito de los Derechos Humanos en México y en la UE”, la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional aseguró que las autoridades mexicanas están dispuestas “a llegar a las últimas consecuencias” en las investigaciones, para esclarecer los hechos y castigar a los autores materiales e intelectuales.
Reconoció que sólo en la medida en que se logre un clima de paz, convivencia y efectiva participación ciudadana, “los mexicanos podemos pensar que estamos a la altura de los nuevos retos y desafíos” a nivel global.
En este mismo sentido se pronunció el senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad, quien aclaró que lo ocurrido en Iguala es una tragedia que está focalizada, es un caso de excepción que no se repite en otras entidades federativas.
“Iguala no es todo México, pero todo México ha apoyado el caso de Ayotzinapa”, acotó el también legislador del PRI al asegurar que, en comparación con otros casos en el mundo, las autoridades nacionales se han abocado a realizar una de las investigaciones más exhaustivas y rápidas.
Omar Fayad refirió que, a su juicio, grupos radicales con distintos intereses han incurrido en una manipulación de los padres y familiares de las víctimas, con las que el Congreso y el gobierno mexicano mantendrán su solidaridad, al comprender la profundidad de su dolor.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, Rabindranath Salazar Solorio, reconoció que existe falta de confianza hacia las autoridades, y también hacia los partidos políticos, en el contexto de un fenómeno internacional que se registra ya también en Europa.
De ahí que los padres de familia esperan los resultados de los estudios de la Universidad de Innsbruck y la opinión de especialistas forenses de Argentina, acotó.
Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados han mostrado voluntad y han realizado el esfuerzo de instrumentar leyes y decretos que eliminen los pretextos y se haga efectiva y eficaz la actuación contra la inseguridad, la transparencia y el combate a la corrupción, expuso.
Ejemplo de ello, apuntó, es que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la PGR a proporcionar la información a un particular sobre el caso Iguala, pese a que está abierta la investigación, por tratarse de la extrema violación a los derechos humanos.
“Somos un país con importancia a nivel global, por eso debemos actuar fuerte”, subrayó, al destacar que los partidos políticos se han unido para acompañar los temas de derechos humanos, al llamar al gobierno federal a reaccionar de forma más pronta para recuperar la confianza ciudadana.
En cuanto a transparencia, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, apuntó que a fin de que México deje de ser el país donde “no pasa nada”, es necesario sancionar a los funcionarios corruptos, a través de un sistema nacional anticorrupción.
De esta forma los legisladores mexicanos dieron respuesta a los señalamientos de sus homólogos europeos Geisne Meissner, Thomas Mann, Giulia Moi y Agustín Díaz, quienes expresaron que existe una grave preocupación a nivel internacional porque en México se resuelva el caso de Iguala, pero también se hagan valer y respetar los derechos humanos en todo el país.

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