Número-224
- Solicita informe sobre posibles violaciones a derechos humanos en protesta contra el incremento de las tarifas en ese estado.
- También, pide a ASF auditar recursos federales para obras del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
La Comisión Permanente hizo un llamado al Comité Técnico de Validación de Tarifas en el Estado de Jalisco para que evite aumentar las tarifas del transporte público en esa entidad, hasta en tanto mejore su calidad.
Asimismo, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco que rinda un informe sobre las investigaciones por posibles violaciones de derechos humanos, realizadas por la policía estatal, en la manifestación del 26 de julio del 2019, en la estación Plaza Universidad del Tren Eléctrico.
De la misma manera, pidió al Gobierno del Estado de Jalisco comunique sobre los resultados de las mesas de diálogo con la población, las cuales se realizan para encontrar un mecanismo que permita, de forma gradual y eficaz, mejorar el servicio del transporte público.
En el dictamen aprobado por la Asamblea se menciona que el pasado 24 de julio 2019, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que la tarifa en el transporte público pasaría de siete pesos a 9.50 pesos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Se indica que como consecuencia de dicho anuncio, un grupo de personas en su legítimo derecho, se manifestaron en oposición al aumento. Ello, ocasionó, según algunas fuentes, actos por los cuales se habrían detenido, al menos, a cinco personas.
Incluso, agrega, en un mensaje en las redes sociales, el gobernador brindó la versión oficial sobre actos vandálicos en las manifestaciones.
No obstante, se precisa, “no podemos desconocer los videos que se hicieron conocer en tiempo real sobre presuntos actos de represión durante los operativos para contener la manifestación”.
Se señala que esta situación podría colocar en relieve la posibilidad de un uso inapropiado de la fuerza, detenciones con limitado o inexistente sustento legal y omisiones de la policía preventiva.
Senadores y diputados dejaron en claro que los derechos de libertad de expresión, asociación y a una infraestructura que permita una movilidad digna, son fundamentales para toda persona en el territorio nacional.
“Por ello, es necesario colocar un especial énfasis en lo ocurrido en Jalisco durante los últimos días, pues la crisis tiene dos frentes el aumento sin mejora al transporte público y la represión de la libre manifestación de ideas”, subrayaron.
Consideraron que ante un incremento de 35 por ciento a la tarifa del transporte público, resulta comprensible la existencia de manifestaciones que buscan mantener el costo actual. Ante cualquier inconformidad social, puntualizaron, se debe procurar el diálogo y la conciliación, así como el respeto a los derechos humanos de las personas.
Piden auditar recursos federales ejercidos para Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey
En la sesión de hoy también se aprobaron diversos dictámenes de la Tercera Comisión. Destaca uno con el cual la Comisión Permanente solicita a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que audite los recursos federales ejercidos por el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
Del mismo modo, exhorta al Gobernador de Nuevo León, para que a través del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, suspenda la instalación de los sujetadores de la línea Uno por no cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la licitación, y proceda a fincar responsabilidades administrativas.
En el documento se menciona que un diario de circulación nacional dio a conocer el peritaje solicitado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, el cual reveló que los 80 mil sujetadores de rieles que se pretenden instalar en la Línea Uno de ese medio de transporte no cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en la licitación.
Precisa que Metrorrey adjudicó a la empresa Tso-Nge México el suministro de dichos sujetadores con un costo para el erario de Nuevo León de 255 millones de pesos.
“El peritaje fue realizado como parte del proceso que se sigue en el juicio de amparo. Fue el Juzgado quien ordenó realizar las evaluaciones pertinentes para determinar si hubo anomalías en el proceso de adjudicación”, se agrega.
Menciona que hay inacción del gobierno de ese estado para aclarar y transparentar las irregularidades detectadas en la licitación y suministro de los sujetadores, por lo que resulta necesario solicitar la intervención de la ASF para que audite los recursos federales del Ramo 28 que sirvieron para adquirir los 80 mil sujetadores para la Línea 1 del Metrorrey.
La adquisición indebida de dicho material representa una grave afectación económica para el estado y pone en grave riesgo la seguridad de los miles de usuarios que diariamente utilizan este sistema de transporte, se enfatiza en el dictamen.
Ante ello, los legisladores expresaron que se debe garantizar que el uso de los recursos públicos federales, o de cualquier orden de gobierno, destinados a obras de infraestructura se apliquen y ejecuten correctamente.
En este caso, comentaron, se trata de una obra pública, en la cual debe existir un mayor escrutinio, revisión y transparencia pública.