Número-151
- Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres lideraban la defensa de miles de hectáreas que son invadidas por ganaderos.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó el asesinato de los defensores de los derechos indígenas, Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres, acaecido el 22 de mayo, y exhortó a las autoridades competentes a que realicen una investigación del caso.
Asimismo, llamó a los gobiernos de Jalisco y Nayarit para que adopten las medidas para garantizar la seguridad de las personas, por riesgos derivados del conflicto de posesión de tierras en la comunidad Wixárika.
También solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) un informe sobre las acciones que ha realizado en torno al conflicto de posesión y restitución de tierras en esa comunidad.
Los hermanos Vázquez Torres eran líderes de la comunidad indígena Wixárika, reconocidos por su activa promoción de los derechos indígenas y defensa legal de sus tierras, enclavadas en la Sierra Madre Occidental, y que son objeto de múltiples invasiones ilegales debido tanto a las riquezas naturales que contienen como a su ubicación estratégica.
Actualmente existe un conflicto por los predios recuperados (Bola Negra y Piedra Bola) por la comunidad indígena, que se ubican en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, y que se consideran una de las zonas ganaderas más importantes de la entidad.
Desde hace varios años, esas tierras han sido ocupadas por ganaderos nayaritas, que a pesar de las resoluciones judiciales, se han negado sistemáticamente a desalojarlas.
Actualmente, las comunidades wixáritari de Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, ubicadas en el municipio de Mezquitic, Jalisco, enfrentan alrededor de 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales, por sentencia ejecutoriada el 22 de septiembre del año pasado, lograron recuperar 148 hectáreas de las 10 mil que están conflicto.
La condena al asesinato de los defensores de derechos indígenas, forman parte de 16 dictámenes de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) que fueron aprobados en votación económica y sin debate.
Otro de los dictámenes, solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un informe, en un plazo de quince días, sobre a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, el Programa de Especialidades Médicas para los Servicios Rurales de Salud del IMSS-Prospera y el Programa Eficiencia Terapéutica.
También solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice una auditoría a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017.
Dicha licitación se realizó para la contratación plurianual del “Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE's) y Centros Vacacionales”, con un presupuesto que se calcula en 3 mil 271 millones de pesos, por un periodo de 36 meses (del16 de junio de 2017 al15 de junio de 2020).
El servicio licitado consiste en elementos necesarios para cubrir 4 mil 793 puestos de servicio, sistema de circuito cerrado de televisión 2 mil 394 DVR's y 14 mil 224 cámaras, así como equipo de comunicación y vehículos que se requieran para la correcta operación del servicio.
Como resultado del proceso licitatorio, se recibieron un total de 11 propuestas de 22 empresas agrupadas en nueve diferentes consorcios, detalla el dictamen.