Representantes de organizaciones no gubernamentales pidieron al Senado la creación de una mesa de trabajo para dar seguimiento permanente a las 176 recomendaciones emitidas por la ONU al Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Lo anterior, en una reunión de trabajo de la senadora Angélica De la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con agrupaciones de la sociedad civil para analizar las recomendaciones que emitió el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (MEPU) a México.
La senadora señaló que se recibieron 25 observaciones en los temas relativos a agresiones a los defensores de derechos humanos y periodistas donde se plantea la erradicación de la impunidad, fortalecer la legislación, los mecanismos de protección y revisar el funcionamiento de la fiscalía especial.
También dio a conocer que existen 23 recomendaciones relacionadas a la violencia y discriminación contra las mujeres, 14 al sistema de justicia, legislación penal, policía y seguridad pública se recibieron, 12 para que México ratifique los instrumentos internacionales en el reconocimiento de competencia de comités y 10 respecto al problema de la trata de personas.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, de la niñez y adolescencia la ONU realizó nueve observaciones, ocho sobre el combate a la pobreza y el hambre, siete al tema de tortura, desapariciones forzadas, migrantes y seis a la figura del arraigo y el Código de Justicia Militar.
La legisladora dijo que la mayoría de esos temas son parte del plan de trabajo de la Comisión, ya que es necesario que las tareas parlamentarias lleven a México al cumplimiento de cada una de las 176 recomendaciones que recibió como Estado parte del derecho internacional.
En tanto, el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia expuso que el Senado de la República debe construir una agenda legislativa que incluya las recomendaciones emitidas por la ONU, “porque son obligaciones permanentes e indelegables que lo ligan al cumplimiento del más alto estándar del goce de derechos humanos consagrado en la Constitución”.
Refirió que de las 176 recomendaciones, 43 sugieren un trabajo del Senado, 10 porque son exclusivas de ratificación e instrumentos internacionales y 33 tienen ver con legislación y armonización legislativa.
“Por lo que es necesario unificar esfuerzos y hojas de ruta para que el Examen Periódico Universal se convierta en un insumo de cada una de las agencias y organizaciones, ya que otorga un trabajo de manera masiva al Poder Legislativo mexicano”, finalizó.
Stephanie Erin Brever, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que a pesar de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en las recomendaciones persiste los señalamientos de impunidad, problemas en la aplicación del Protocolo de Estambul, así como la carencia de investigación y de independencia de peritos ministeriales en esta materia.
La activista se pronunció por “aprovechar” la oportunidad de aprobar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales para definir que son “inadmisibles pruebas de opinión” para la tortura y que ante cualquier denuncia de tortura, en un proceso penal, inmediatamente hay que aplicar el Protocolo.
A su vez, Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, dijo que es fundamental que desde la Comisión de Derechos Humanos se impulsen cambios trascendentes en temas como el arraigo, fuero militar, desaparición, entre otros, pues de nada servirá crear un mecanismo de seguimiento si no se implementan las recomendaciones emitidas a México.
Hizo un llamado para que “esta sea una oportunidad para lograr las transformaciones” que cambien la realidad del país, por lo que el trabajo que se haga desde el Senado deberá establecer de manera clara cómo se aplicarán las reformas para atender las recomendaciones hechas por la ONU al Estado mexicano.
En tanto, Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, hizo notar que el Estado mexicano no ha creado ningún mecanismo incluyente que dé seguimiento a las recomendaciones recibidas desde 2009.
Por ello, consideró fundamental que esta mesa de análisis se convierta en un instrumento de seguimiento permanente, que permita trazar una ruta de trabajo con el Legislativo para comenzar atender las más de 40 recomendaciones que corresponden al Congreso.
Para Alejandra Nuño, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a cuatro años de la resolución de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco “seguimos esperando la reforma al Código de Justicia Militar y al artículo 215-A del Código Penal Federal” sobre el fuero castrense.
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