Durante el foro “Retiro de reservas a diversos tratados internacionales en materia de expulsión de extranjeros y de fuero militar” organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, especialistas en la materia abordaron la iniciativa del Ejecutivo Federal que permitirá que las disposiciones de dichos instrumentos cobren un efecto jurídico pleno en nuestro país.
La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que el retiro de reservas es un paso importante en materia de derechos humanos, sin embargo, advirtió que será necesario impulsar modificaciones constitucionales que obliguen a quitar límites y ampliar la protección de garantías, pues ningún tratado internacional está por encima de nuestra Carta Magna.
En este sentido, señaló: “Lo que menos debe haber en un Estado son reservas al cumplimiento de derechos humanos, sean reservas en tratados internacionales o sean cláusulas de excepción desde nuestra Constitución”.
Asimismo, consideró que se debe impulsar una modificación al artículo 11 constitucional en materia de refugio y fortalecer las políticas en materia de detención y repatriación, así como revisar las condiciones de migración.
Santiago Corcuera, especialista en materia de derechos humanos, aseguró que las reservas a los tratados internacionales de los que México forma parte, son “vergonzantes” en tanto que suponen la posibilidad del Estado mexicano de violar las garantías contenidas y protegidas bajo dichas convenciones.
Apuntó el hecho de que algunas de estas reservas se refieren a migrantes y personas que solicitan asilo y criticó que en un país como México, en el que nos quejamos del maltrato que nuestros connacionales reciben más allá de nuestra frontera, nos estemos reservando el derecho de expulsar arbitrariamente a las personas.
Así, se refirió al papel que tiene el Senado para fortalecer nuestra Constitución mediante el retiro de normas restrictivas y violatorias de derechos humanos; especialmente dado que no se logró establecer la jerarquía de los tratados internacionales a fin de que éstos sirvieran de “quimioterapia” para la disolución de lo que calificó como “pólipos cancerígenos” presentes en las normas mexicanas.
Por su parte, Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño, profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, afirmó que una reserva implica que un instrumento internacional cuya naturaleza es que sea vinculante, no surta plenamente sus efectos jurídicos y que adquiera un carácter parcial y sesgado.
Igualmente, enfatizó que además de retirar las reservas en cuestión, se debe poner particular atención en adecuar el marco jurídico secundario de las normas, como es el caso del Código de Justicia Militar que data de 1931 y cuya terminología se encuentra desfasada, tanto desde la perspectiva de doctrina militar como de las funciones que las Fuerzas Armadas han ejercido en los últimos 15 años.
Finalmente, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Hamdi Bukhari, coincidió en que retirar las reservas dará congruencia a los compromisos internacionales de México con su norma constitucional, fortalecerá la seguridad jurídica y brindará una efectiva protección a los derechos humanos de los extranjeros.
De manera particular, Hamdi Bukhari se pronunció por levantar las reservas a dos instrumentos internacionales: las Convenciones de 1951 y 1954 sobre estatutos de refugiados y apátridas, respectivamente; ya que son herramientas importantes para el mandato de la ACNUR, pues garantizan la protección internacional de personas en esas condiciones.
Además, precisó que se fortalece el compromiso de México frente al artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que señala: “el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”, pero siempre atendiendo a principios de legalidad y al debido proceso.
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