Las comisiones de Hacienda, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron este miércoles, en lo general, el dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en materia financiera y expedir la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
De acuerdo con el proyecto, se modifican 34 ordenamientos jurídicos agrupados en 13 temas específicos: fortalecimiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), corresponsales de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, Banca de Desarrollo (BD), otorgamiento y ejecución de garantías.
Además, se agrupan los temas sobre concursos mercantiles, almacenes y Sofomes, liquidación bancaria, fondos de inversión, mercado de valores, sanciones e inversión extranjera, agrupaciones financieras y crédito garantizado.
El proyecto sugiere facultar a la Condusef para definir las actividades que se apartan de las sanas prácticas y usos relacionados con el ofrecimiento y comercialización de operaciones y servicios financieros, así como para que establezca los casos y supuestos bajo los cuales se considere que existen cláusulas abusivas
Propone constituir un Buró de Entidades Financieras, que contenga información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones financieras, las sanciones administrativas que les han sido impuestas, las reclamaciones con las que cuentan y demás información relevante para informar a los usuarios acerca de su desempeño en la prestación de servicios.
También plantea liberar los límites a la inversión extranjera en diversas entidades financieras y autorizar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que coadyuve con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público en la persecución de conductas en materia de prevención de lavado de dinero.
Del mismo modo, en el dictamen se prevé que la CNBV para difundir en su portal de Internet las resoluciones que emita como consecuencia de la substanciación de los procedimientos administrativos de sanción, así como el nombre, denominación o razón social del infractor y los medios de defensa que puede interponer el imputado.
Asimismo, prevé fortalecer el régimen vigente que prohíbe la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de las entidades financieras, así como regular de manera puntual las excepciones que se justifiquen conforme a las dinámicas de inversión que existen hoy en día.
Al fijar la postura del PRI, el senador David Penchyna Grub enfatizó que esta iniciativa “fomenta la competencia de un sistema financiero que le apueste a abaratar las tasas a partir de más oferta crediticia, mejor supervisada y regulada”.
Señaló que en la plataforma política de todos los partidos se propone mejorar la Banca de Desarrollo, la regulación bancaria y de tener un sistema financiera que cubra los huecos que no cubre el mercado.
Su compañera de bancada, la senadora Blanca Alcalá Ruiz precisó que votará a favor de la minuta pues es una de las iniciativas más importantes para dinamizar el sector financiero del país.
En tanto, el senador Carlos Mendoza Davis señaló que después de haber analizado el documento y escuchado a más de 25 expertos, representantes de entidades financieras, autoridades y usuarios --quienes expresaron que esta iniciativa los deja “en una mejor posición que la que tiene hoy”--, Acción Nacional votará a favor del dictamen en lo general.
Sin embargo, dijo, después de su aprobación se requiere trabajar en temas específicos relativos a la Banca de Desarrollo, las relaciones de las entidades controladoras con sus contralados, del financiamiento al campo y de la banca popular, por lo que su grupo parlamentarios presentará iniciativas en estos puntos.
En su oportunidad, la senadora perredista Dolores Padierna Luna resaltó que el método para analizar la Ley es completamente incorrecto, pues son 13 paquetes de iniciativas que se debió discutir paquete por paquete y cada tema, para encontrar lo positivo, lo que pudiera cambiarse y lo inaceptable de estas.
Esta ley, agregó, es una mina de oro para la “elite financiera” no para todos, ya que no contiene medidas para ayudar a los pequeñas y medianas instituciones de crédito y puntualizó que votará en contra del proyecto.
En tanto, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista apuntó que se pretende contar con un sistema financiero que funcione adecuadamente sobre la construcción de una mayor expansión del crédito, generar una mayor protección del usuario y que la autoridad tenga mayor capacidad de supervisión.
Al fundamentar su voto en contra, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que sería “error gravísimo” eliminar el requisito de nacionalidad para los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que se permitiría “no la presencia de extranjeros sino la presencia de representantes de los intereses de la banca extranjera radicada en el país”.
Además, dijo que el establecimiento de figuras como el arraigo precautorio y el secuestro de bienes “criminaliza al deudor” y puede generar un esquema de abusos en beneficio de los bancos y empresas.
“Deber no es delito, el ser deudor no lo convierte a uno en delincuente y abrir la puerta al amago de sanción penal por conflicto de deuda entre particulares criminaliza al deudor”, apuntó.
En tanto, el senador panista Roberto Gil Zuarth destacó que con esta reforma se logran importantes avances como la flexibilidad en el otorgamiento de créditos por parte de la banca de desarrollo.
Asimismo, agregó, los órganos reguladores ganan importantes facultades, por lo que es fundamental que las ejerzan “con muchísima responsabilidad”.
Opinó que con la aprobación de la reforma financiera el Ejecutivo Federal no podrá decir que no ha tenido los suficientes instrumentos para alentar el crédito y ensanchar las posibilidades de crecimiento a partir de la banca de desarrollo.
Previo a la aprobación del dictamen en lo general, las comisiones recibieron 71 reservas para modificar diversos artículos del proyecto presentadas por la senadora perredista Dolores Padierna Luna y el senador panista Martín Orozco Sandoval, por lo que se acordó llevar su discusión al pleno.
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