La senadora priista Graciela Ortiz González presentó una iniciativa para eliminar el cobro de llamadas de larga distancia nacional, así como promover mejores tarifas y calidad en este tipo de servicios.
Destacó que las nuevas tecnologías permiten a los usuarios sostener conversiones telefónicas de larga distancia a través de Internet o video llamadas prácticamente gratis, por lo que “tecnológicamente” ya no existe un diferencial de costos entre las llamadas locales y de larga distancia.
En varias partes del mundo, agregó, las compañías de telefonía móvil brindan a sus usuarios planes sin cargos adicionales de larga distancia y en México, incluso otorgan llamadas a Estados Unidos y Canadá, porque “las tecnologías han favorecido la conexión entre los usuarios sin importar donde se encuentren geográficamente”.
Ante este panorama, propuso adicionar un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los concesionarios y permisionarios sólo puedan fijar tarifas de telefonía fija y móvil a nivel nacional.
Los países que implementan esquemas similares, enfatizó Ortiz González en la exposición de motivos de la propuesta, logran reducir sustancialmente los costos de comunicación.
Afirmó que desde 1998 se han realizado diversas acciones para consolidar las áreas de servicio local de telefonía fija, de manera tal, que en las ciudades, poblaciones o comunidades cercanas, sin importar su división política, las llamadas no tengan cargos de larga distancia.
Sin embargo, “esto no es suficiente y es necesario elevar a rango de Ley que sólo haya una área de servicio local de telefonía en el país, es decir, que todas las llamadas que se realicen dentro del territorio nacional sean consideradas como llamadas locales”.
De esta manera, dijo, se incrementará sustancialmente la penetración de las telecomunicaciones en el país, ya que México aún se encuentra muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
La iniciativa, que también signó la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz, se turnó a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para sus análisis y dictamen correspondiente.
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