El grupo parlamentario del PRD propuso dotar a la capital de la República de una constitución propia y de poderes locales en condiciones similares al resto de las entidades federativas del país.
Al presentar la iniciativa en materia de reforma política de la Ciudad de México, el senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que se pretende incorporar a la capital de la República al Pacto Federal, reconocer su condición de entidad federativa con un diseño constitucional acorde con su calidad de ciudad con autonomía constitucional y dotar a sus habitantes de los derechos inherentes a la condición jurídica que gozan el resto los mexicanos.
Con ello, “se dota al Poder Legislativo de la capital ya constituido como Congreso local, de la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y de formar parte del poder reformador de la constitución en condiciones de igualdad con el resto de los estados”.
Las reformas a la regulación constitucional de la capital de la República realizadas en los años ochenta y noventa del siglo pasado, recalcó, permitieron avanzar en la democratización de la Ciudad y en el diseño institucional de órganos de gobierno emanados de la voluntad popular.
Sin embargo, aclaró, “no se modificó de fondo la naturaleza jurídica de la entidad federativa ni dotaron de la autonomía constitucional a la ciudad de México”.
El legislador perredista también indicó que la propuesta tiene dos objetivos fundamentales, uno de ellos, mantener la condición de la Ciudad de México como capital de la República y sede de los poderes de la Unión, bajo una regulación constitucional más adecuada a su condición de ciudad capital.
En segunda instancia, transformar la naturaleza jurídica de la ciudad para que se le reconozca como entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades constitucionales propias de esa calidad jurídica y dotarla de autonomía constitucional.
Con ello, dijo, los capitalinos contarán con su propia Constitución Política, así como de poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la Ciudad, en todo lo concerniente a su régimen interior, sin la intervención de los poderes federales.
Encinas Rodríguez resaltó que se alcanzarán tres objetivos que han perseguido los habitantes de la Ciudad a lo largo de la historia: la transformación de la naturaleza constitucional de la Ciudad de México para transitar del modelo de un Distrito Federal al de una Ciudad Capital, con autonomía constitucional, en condiciones similares al resto de las entidades federativas que integran el Pacto Federal.
Además, se mantendrá el carácter de la Ciudad de México como capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, bajo una nueva relación entre los poderes federales y los de la entidad federativa y, transformar el régimen constitucional de la Ciudad de México.
Con ello, advirtió, la entidad contaría con una Constitución Política resultado de la instalación de un Congreso constituyente de la Ciudad de México que aprobaría una constitución derivada de un proyecto presentado por el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a fin de ratificar que ésta además de gozar de autonomía tendrá que garantizar la funcionalidad de los poderes federales.
Para ello, se establecen las bases del Estatuto de Capitalidad de la Ciudad, con el objetivo de garantizar a los poderes federales el cumplimiento de sus funciones en un marco constitucional y legal en donde pueda conciliarse el funcionamiento de los distintos órdenes de gobierno.
Por otra parte y debido a las características de conurbación de la Ciudad de México en su colindancia con el Estado de México, Hidalgo y Morelos, los senadores del PRD propusieron la creación de un Consejo de Desarrollo Metropolitano que permita conjuntar acciones y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios de la zona metropolitana del Valle de México, para avanzar en temas trascendentales para el desarrollo de la megalópolis.
Lo anterior, explicó el senador Alejandro Encinas, implica también una Ley Federal para la Coordinación del Desarrollo Metropolitano del Valle de México que permitiría contar con programas e incluso autoridades que puedan ejecutar recursos locales y federales para obras y servicios.
En cuanto al régimen interior de la Ciudad de México, apuntó que el constituyente gozaría de facultades para diseñar instituciones políticas y régimen de gobierno de la entidad.
En particular, en la creación del tercer orden de gobierno, donde se propone la desaparición de las actuales demarcaciones territoriales (delegaciones políticas) para dar paso a la integración de órganos colegiados de elección popular directa que cumpla con funciones de supervisión y evaluación del Gobierno y del ejercicio del gasto público.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidad de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera.
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