• Debemos resolver brechas de desigualdad social que provocan extrema pobreza: Angélica de la Peña
• Advierte Pedraza Chávez que no se resolverá problema de hambre si no se impulsa la autosuficiencia alimentaria
• Hay 30 millones de personas en pobreza alimentaria en el país, apunta Demédicis Hidalgo
Legisladores se reunieron con el relator de la Organización de la Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver Schutter, quien manifestó que se debe generar un marco legislativo que no esté sujeto a los cambios de la gestión pública.
Durante el encuentro, el presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, el senador Isidro Pedraza Chávez mencionó que desde el Congreso se tiene que generar una ley que garantice el derecho a la alimentación en el país, que parte del financiamiento de las actividades productivas.
Aseguró que si no se genera una producción que aliente e impulse la autosuficiencia alimentaria, no se logrará resolver el problema de hambre en el país, “es por ello que necesitamos una política de desarrollo rural, de financiamiento al campo y alimentaria que garantice la alimentación nutritiva”.
Dijo que en lo formal se están cubriendo las expectativas de lo que se requiere para tener una política y avanzar en el combate al hambre, “sin embargo solamente contar con un marco legislativo no es garantía para avanzar”.
Subrayó que se visualiza el resultado de la aplicación de una política que durante 12 años postergó la atención de los que más necesitan, lo que arrojó que el número de personas con hambre se incrementara, “de tal suerte que ahora venimos arrastrando esa dificultad y tenemos que modificar esas políticas sociales y ajustar el marco normativo”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica De la Peña Gómez expresó que México tiene el reto de resolver las brechas de desigualdad social, las cuales orillan a muchas personas a padecer una situación de extrema pobreza y, por ende, la falta de una alimentación nutritiva.
Aseguró que en el país se está trabajando para resolver estas brechas e incorporar a todas las personas a las clases medias, con el objeto de garantizarles mejores condiciones de vida, “desde el Congreso de la Unión buscamos elaborar una configuración para hacer realidad el derecho humano a la alimentación nutritiva y que se ejerza por todas las personas”.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo afirmó que el hambre es uno de los flagelos que más lastiman a México; ya hay más de 30 millones de personas en pobreza alimentaria, lo que requiere para solucionarlo, de un esfuerzo conjunto con todas las instancias, porque “no coincidimos con la Cruzada Contra el Hambre, pues deja fuera a muchas personas”.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, subrayó que desde el Senado se está impulsando la lucha contra el hambre a través de la producción en el país, “por que no es a través de la importación de alimentos como se resolverá el problema. Necesitamos generar círculos virtuosos donde la producción se enlace con el consumo”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú dijo que es indispensable elaborar una legislación aplicable para toda la República donde se puedan regular todos los aspectos relacionados con el derecho a la alimentación.
Argumentó que el país tiene dos extremos, uno con altos índices de obesidad y otro donde la cuarta parte de la población padece hambre, “es por ello que los legisladores debemos contribuir para dejar un marco jurídico que determine la obligación que tiene el Estado para cubrir estas necesidades y la forma en que se van a ir subsanando”.
El relator de la Organización de la Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver Schutter precisó que el marco legislativo debe asegurar que las estrategias contra del hambre no estén sujetas a los cambios de la gestión pública, para que ningún gobierno posterior cambie las prioridades.
Mencionó que se requiere de una estrategia transexenal, que involucre a todos los organismos en el desarrollo de estrategias, las cuales advirtió “serán frágiles si no son revisadas a través de un monitoreo sólido ejercido por legisladores y cuerpos independientes”.
Señaló que México ha tenido que cargar con la pobreza y la desnutrición por un lado y una dieta inapropiada por otro, que afecta a 32 por ciento de la población mexicana y, al mismo tiempo, a 28 millones de personas que tienen problemas de nutrición en el país.
Advirtió que el derecho a la alimentación exige que se alineen programas con objetivos de nutrición para que sean utilizados como herramientas que puedan proveer a los pequeños productores y estos, a su vez, puedan incrementar sus ingresos a través de políticas agrícolas específicamente dirigidas.
“Me siento muy alentado de que hay voces dentro del Congreso Mexicano que están trabajando sobre un marco legislativo sólido para que el derecho a la alimentación pueda ser respetado en este país”.
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