Senadores debatieron en torno al decreto del Ejecutivo federal por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en el pago colegiaturas de escuelas privadas.
Por Acción Nacional, el senador Fernando Elizondo Barragán aseguró que “es falso” que con dicha medida se privilegie a la educación privada en perjuicio de la pública, porque en el decreto se especifica que el costo “va a ser solventado con economías” y se beneficia a un sector de contribuyentes “históricamente relegados”.
Además, dijo, el esfuerzo que se ha hecho en materia educativa “es enorme y no va a disminuir" y la calidad de la educación --pública o privada-- no pasa por una aportación indiscriminada de dinero y no es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal, pues los estados administran su propio sistema de enseñanza.
A su vez, la senadora priista Carmen Guadalupe Fonz Sáenz señaló que su fracción parlamentaria “no está en contra” del incentivo fiscal, pero se requiere “ir más allá del costo de la educación y hacer de México un país con jóvenes y profesionistas mejor preparados”.
La legisladora manifestó que “aunque no estamos en contra de beneficiar a familias que pagan colegiaturas en escuelas particulares, no se puede estar gobernando con ocurrencias y plagiando ideas y programas”.
A nombre del PRD, el senador Pablo Gómez Álvarez sostuvo que los 13 mil millones de pesos que se van a erogar con la exención deberían canalizarse para elevar la calidad de la educación, que es responsabilidad de gobierno por mandato de la Constitución.
Cuestionó sobre las prioridades de las políticas públicas en materia educativa: ¿Fortalecer los ingresos de los padres de familia que tienen a sus hijos en la enseñanza privada o combatir la escuela paupérrima?
El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, afirmó que toda nación que no considera prioritaria la enseñanza pública está condenada al fracaso y “el decreto presidencial de deducibilidad tiende a fortalecer la educación privada”.
“Para muchos es una tendencia privatizadora, para otros --agregó-- es una medida electorera, pero sobre todo es una disposición discriminatoria porque deja fuera de la exención al 85 por ciento de los niños y jóvenes del sistema educativo y no contempla a los padres de familia que pagan colegiaturas informales o “donativos forzosos”.
En representación de Convergencia, el senador Eugenio Guadalupe Govea Arcos expresó que “la medida es justa” porque millones de mexicanos tienen que pagar impuestos y gastos adicionales para que sus hijos reciban una educación privada acorde a sus requerimientos y expectativas.
“Celebramos y reconocemos el decreto firmado por el presidente; por supuesto que tenemos diferencias”, pero siempre reconoceremos las medidas que estén a favor de los mexicanos, dijo.
A su vez, el senador Rafael Ochoa Guzmán dijo que “Nueva Alianza entiende la decisión de otorgar la deducción del Impuesto sobre la Renta en las colegiaturas”, pero nos preocupa que esa deducción opere en demerito de las finanzas públicas.
Según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especificó, las deducciones le costaran a las arcas públicas entre 11 y 13 mil millones de pesos al año.
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