• Seguridad pública es un asunto de Estado, no se debe “partidizar” ni “politizar”: PRI
• PAN: Faltan metas, objetivos y líneas de acción en política criminal
• Para el PRD las detenciones “espectaculares” de capos no son suficientes para combatir delincuencia
• Combate a crimen no es una función exclusiva de un orden de gobierno, PVEM
En reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM fijaron su postura en torno a la política criminal del Gobierno Federal.
A nombre del PRI, el senador Teófilo Torres Corzo aseguró que este gobierno cuenta con una política criminal de largo plazo y para elaborarla “se escucharon todas las voces”, porque “en el combate a la delincuencia no se puede actuar unilateralmente y mucho menos imponer estrategias sin planeación, prevención y más aún, sin controles democráticos y de participación”.
Reiteró que la seguridad pública es un asunto de Estado, donde todas las voces tienen que ser escuchadas, sin partidizar ni politizar el tema, porque va más allá de intereses de partidos, de grupos o individuales.
Enfatizó que “buscar responsables y repartir culpas de lo que ha sucedido es estéril, nos hace perder el tiempo cuando lo que debemos hacer es actuar juntos para mejorar la seguridad cooperando, cada quién, dentro del ámbito de nuestras responsabilidades”.
Para los legisladores del PRI, asentó, el diagnóstico es claro y la estrategia presentada por el Presidente de la República “está en el rumbo correcto. Vamos avanzando por buen camino, pero al mismo tiempo, somos conscientes que falta mucho por hacer, que se debe recuperar con urgencia la tranquilidad de muchos mexicanos”.
Por su parte, el senador panista Héctor Larios Córdova dijo que desde hace al menos 30 años existe un grave problema de seguridad, “se haga visible o no”, y que el Estado mexicano, en su conjunto, no ha podido cumplir suficientemente su obligación de garantizar este derecho a los ciudadanos.
Relató que en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, “el control, de casi todo, lo tiene el crimen organizado”; Matamoros, Tamaulipas, tiene tres años sin policía municipal y las principales preocupaciones de la población son los delitos como el secuestro, robo, extorsión, violencia, fraude o el narcomenudeo.
Ante este panorama, el legislador expresó: “Estoy seguro que este gobierno tiene una política criminal”, pero esta “no es conocida”, existe información dispersa y en ocasiones contradictoria como en la creación de la Gendarmería Nacional, que se anunció su inicio en este año y ahora se dice que en junio de 2014, “que sería militarizada y después civil, con 50 mil efectivos y ahora que con mil 500”.
Reconoció que es obligación de los tres poderes y niveles de gobierno “regresar la seguridad a los mexicanos”, pero faltan metas, objetivos y líneas de acción y “queremos saber cuál es el camino, cuál es la política criminal”, cómo se fortalecerán los cuerpos policiacos, cuáles son las estrategias para la recuperación del control territorial en los estados y de combate a las organizaciones criminales.
Por el PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza dijo que se requiere de una política social de Estado y de fondo, que permita equilibrar las desigualdades y regular el mercado, porque sin esta parte toda política de combate al crimen siempre fracasará al no atacar el problema de raíz desde la pobreza, exclusión y marginación.
Afirmó que sólo el despliegue de los cuerpos policíacos y militares para tener detenciones “espectaculares” de capos de la mafia o de bandas delincuenciales no es suficiente; “las detenciones de los grandes jefes del crimen organizado, no se han traducido en establecer complicidades con la clase gobernante, política o el desmantelamiento de los sectores productivos que las sostienen”, apuntó.
Manifestó que es necesario saber si la política de combate al crimen ubica las redes de protección y quiénes sostienen esos “pequeños imperios”, porque en el país el fenómeno delincuencial se ha instalado cada vez con mayor solidez.
“Se necesita no sólo una política criminal agresiva sino una política de fondo que provea las condiciones y herramientas para que la ciudadanía se desarrolle plenamente y pueda tener una vida digna”, finalizó.
El senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo expresó que el combate al crimen no puede ser una función exclusiva de un orden de gobierno, ya que se requiere de una coordinación efectiva entre diferentes instancias públicas, los gobiernos estatales y municipales, así como un mejor control del sistema penitenciario y de readaptación social.
Manifestó su preocupación ante el clima de violencia en el que algunos de los grupos pretenden aprovechar y hacerse justicia por su propia mano, “porque en una democracia con plena vigencia de los derechos es fundamental que toda sociedad circunscriba su actuar al marco legal de la nación, nada justifica estos actos”.
Dijo que los grandes problemas nacionales requieren de acuerdos amplios, discusiones proactivas y remedios profundos, para que sea a través de la coordinación institucional como se encuentren soluciones permanentes a los problemas, “que sea el diálogo el que nos permita dar soluciones en las demandas más sentidas de la sociedad”.
Puntualizó que en materia de seguridad, combate al crimen y una vez que la política pública ha sido definida y acordada, es que se debe respaldar sin distingo de partidos, “no compartimos las declaraciones que sólo buscan el beneficio electoral y politizan un esfuerzo que debe ser de Estado y de todos”.
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