El Senado discutirá reformas a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución, para expedir la Ley General en materia de trata de personas y que ésta se considere delito grave como el secuestro, la violación, el homicidio doloso y la delincuencia organizada.
De acuerdo a la minuta remitida por la colegisladora, dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por este ilícito, se incluye el resguardo de su identidad y datos personales, con el fin de que en el proceso penal se cumplan con las mínimas medidas de seguridad.
El resguardo de la identidad y otros datos personales aplicará cuando los afectados sean menores de edad, se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
Con esta reforma, la trata de personas se incorpora a los delitos graves, en los cuales el juez declara oficiosamente la prisión preventiva, cuando el imputado esté siendo procesado, con fundamento en la afectación social que produce el ilícito y el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
Además, cuando el acusado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente –señala la minuta-- en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
Pero también tratándose de delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
En el documento se establece que “la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación más activa de los gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales, conjuntamente con la participación de la sociedad civil”.
La minuta de la Cámara de Diputados fue turnada a las comisiones senatoriales de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.
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