• Técnicamente se dinamitará al Instituto: Ardelio Vargas
Representantes de organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes cuestionaron la existencia del Instituto Nacional de Migración, pues se trata de una institución “corrompida” que administra una política militar y policial y está implicada en redes de tráfico de personas.
Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron con Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto, en el marco de la Semana del Migrante que se realizó en el Senado de la República.
Fray Tomás González, de la Casa del Migrante, dijo que en diversas ocasiones ha exigido la desaparición de este instituto y en marzo pasado pidió, junto al padre Alejandro Solalinde, la remoción de Ardelio Vargas como comisionado del INM porque “queremos una institución humana”.
Manifestó que ese órgano administra una política migratoria de seguridad nacional, policial y militar, además de que es una de las instituciones que colabora para que “hoy México esté sepultando migrantes”.
Por ello, consideró que el país no necesita una institución “como la que tenemos hoy”, pues “a México no le han tirado dos torre gemelas” y su política migratoria no puede seguir siendo subsidiaria de la política migratoria de Estados Unidos; “no podemos seguir haciendo el trabajo sucio al país del norte”.
Denunció que el crimen organizado cobra 100 dólares en las estaciones del ferrocarril para que los migrantes puedan subir al tren, mientras que en diversos estados el INM pide mil pesos por persona para dejar pasar a los indocumentados.
Sin embargo, reconoció que Ardelio Vargas ha planteado la idea de diseñar una política migratoria como país de destino y “esto es lo que necesitamos”, por lo que de lograrse México será reconocido en el futuro, si empezamos a trabajar, para recibir a los centroamericanos y darles una visa transmigrante o de trabajadores temporales.
El activista se pronunció a favor de trabajar desde el Estado mexicano y la sociedad civil para crear una política migratoria que reciba a los migrantes, les ofrezca trabajo y seguridad humana.
A su vez, Leticia Gutiérrez Valderrama, misionera scalabriniana, aseguró que funcionarios del INM “están metidos” en redes de tráfico de personas y de trata en todo el país, por lo que cuestionó al funcionario y a los senadores para qué empeñarse en “tener un instituto tan corrompido, con tanta podredumbre hasta las entrañas” y por qué “seguir alimentando un cáncer”.
Dijo que se debe hacer un cambio e implementar una política que contemple la seguridad humana y la atención integral, a fin de acompañar la realidad migratoria desde otros contextos.
En representación del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, Anita Celaya indicó que en México existen alrededor de 150 fosas clandestinas en la ruta de los migrantes “que están llenas de restos sin identificar”.
Es por eso que solicitó al comisionado el apoyo necesario para que el equipo forense argentino entre al país a trabajar en dichas fosas, pues “creemos que nosotros podemos encontrar restos de nuestros familiares”.
Precisó que a los forenses del país sudamericano se les concedió un permiso limitado para realizar sus investigaciones; sin embargo, “lo consideramos como una pequeña ventana”.
Hizo notar que las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad y a la reparación de “este tremendo y grande” dolor, además “somos cientos y cientos de madres que estamos esperando tener una respuesta de ese hijo que un día se nos desapareció en tránsito aquí en México”.
Reconoció que México cuenta con un equipo confiable de forenses, pero no podemos entender el por qué no hay una información tan amplia, ni fotografías, ni respuestas a las familias de los migrantes desaparecidos.
En tanto, Jorge Andrade, del colectivo Ustedes Somos Nosotros, acusó que el Instituto realiza operativos, en los que las detenciones se llevan a cabo por policías municipales y federales, quienes golpean a los migrantes, inclusive, allanando los albergues y sustrayendo del interior a las personas.
En sus respuestas, Vargas Fosado aseveró que ha aceptado “esa tentación de demoler, de meterle dinamita al Instituto Nacional de Migración” y “técnicamente eso es lo que estamos haciendo”, pues se ha entrado en un proceso real de restructuración hacia adentro de la Institución.
Asimismo, señaló que se trabaja en la revisión de los procesos, manuales de procedimiento y definición de perfiles, debido a que lo que había “no nos funcionaba, sobre todo, por la corrupción que tenía hacia el interior”.
Se trata --agregó-- de transformar esto y revisar el marco legal, adecuarlo a las circunstancias actuales y en paralelo estamos revisando al interior la estructura, es decir técnicamente lo que estamos haciendo es demoler el Instituto Nacional de Migración y construir uno con gente diferente.
Explicó que todos los funcionarios que están entrando al INM son examinados por los esquemas de control y confianza, sin embargo este mecanismo no es la solución porque “la gente que separamos hace poco había pasado por esos esquemas”.
Ante esta situación, mencionó que se encuentran analizando los temas de supervisión, de rendición de cuentas y de medición de las partes operativas hasta las partes técnicas del organismo.
En este sentido, destacó que la supervisión es fundamental pues ha permitido “ir viendo cómo estamos realmente de descompuestos en el Instituto”.
Por otro lado, se dijo preocupado por los “pillos” que son destituidos del INM, pues hoy los separamos y mañana encuentran un trabajo en otro estado y “ese pillo va seguir siendo un pillo siempre”.
También lamentó que cuando el INM detiene a los delincuentes y son presentados ante la Procuraduría General de la República y las de los estados “nos enfrentamos ante la problemática de que no podemos señalarlos, de que no hay averiguaciones previas abiertas y empezamos ahí un batallar con procuradurías impresionantes”.
Ante ello, propuso a las organizaciones trabajar conjuntamente para construir acciones contundentes para impactar las organizaciones criminales y construir las averiguaciones previas que estén soportadas ante un Ministerio Público y después ante un juez para “poder sacar de circulación a todos estos pillos”.
Detenerlos y presentarlos ante el MP --agregó-- es lo más sencillo, pero que el MP los consigne o continúe con su proceso es lo más complicado.
Aceptó que las rutas de los migrantes son atacadas por la delincuencia organizada y la común, además de que existen delincuentes locales y pandillas que se “han venido corriendo desde Honduras y que se han instalado en lugares como Tenosique, Ciudad Hidalgo, Arraiga, Ixtepec, entre otros lugares”.
No ha habido un trabajo sistemático que nos permita ordenar e identificar la red completa, ya que estos grupos de pandilleros no actúan de manera aislada y tienen una estructura tan organizada como los del narcotráfico, apuntó.
Se pronunció por la creación de las fiscalías especializadas en los estados, a efecto de permitir el análisis y seguimiento de cada uno de los temas que han afectado a los migrantes.
Para la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, es un “destello de esperanza” que el comisionado haya tenido la voluntad de dialogar y hacer compromisos con los defensores de migrantes.
Sin embargo, dijo que habrá cambios hasta que ya no se cobren cuotas en “la bestia”, ya no se mate en la vía del tren; “ese día retiraré la acusación que he hecho al gobierno de Peña Nieto, de que es una política de exterminio la única política migratoria que conocemos en este país”.
Al respecto, el senador priista Humberto Mayans Canabal dijo que llevará el tema de los funcionarios cesados a la Comisión de Seguridad Pública, a fin de que se contemple una base de datos donde se registre a todos aquellos agentes que han sido dados de baja.
Lo anterior, expuso, para que haya un procedimiento en el que el INM o cualquier otra institución que dé de baja a un funcionario por corrupción, sea el delito que sea, sea reportado a ese centro de información para que a su vez lo notifique a todas las corporaciones del país y no pueda ser contratado independientemente del proceso que se le siga.
El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, Ernesto Ruffo Appel, señaló que se busca construir un sistema de identificación, el cual sería utilizado para la asistencia de los migrantes, “para que tengan acceso a una cuenta bancaria en los Estados Unidos, por las remesas que perciben y también para que ejerzan el voto en sus países de origen”.
El objetivo, precisó, es que en este marco de derechos humanos junto con Estados Unidos, esta identificación les permita a los repatriados en su regreso a México aplicar programas de asistencia y establecer la primera comunicación con sus familiares, con el afán de no sufrir pérdidas de seres humanos.
Por último, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, leyó un manifestó firmado por diversos legisladores, en el que se respalda la agenda del grupo de trabajo sobre política migratoria presentada en este foro.
Asimismo, para emprender diversas acciones legislativas para garantizar el acceso a la justicia y debido proceso, mejorar la regulación y regularización migratoria, fomentar la participación ciudadana y fortalecer las instituciones migrantes.
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