La Cámara de Senadores pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en la realización de sus próximos censos, implemente indicadores que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México.
Lo anterior, con el objetivo de que los resultados sirvan como base para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades y poder diseñar las políticas públicas y programas más adecuados y oportunos para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos.
Los menores de edad huérfanos se enfrentan a diversas dificultades que se ven maximizadas por su condición y el futuro incierto que puede esperarles, debido a que deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o uno de ellos sino con una latente desatención, en muchos casos, en la protección de sus derechos fundamentales.
De acuerdo con UNICEF, México ocupa el segundo lugar de América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones, sólo después de Brasil que tiene 3.7 millones.
Por otra parte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población 2010 hay en el país un total de de 19 mil 174 menores de edad huérfanos internados en casas hogar; sin embargo, no se cuentan con datos reales del total de niñas, niños y adolescentes huérfanos, así como de aquellos en situación de calle.
Datos de la organización “Aldeas Infantiles SOS”, señalan que en nuestro país hay más de un millón 800 mil niñas, niños y adolescentes sin madre, padre o ambos progenitores.
La Red por los Derechos de la Infancia en México ha denunciado que el Gobierno Federal no tiene los registros completos de los niños que se encuentran en albergues y casas hogar, tanto públicos como privados.
Finalmente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inseguridad económica de los menores de edad huérfanos puede agravarse llevando a diversas consecuencias, como el ser más vulnerables a la pobreza patrimonial y alimentaria.
Busca Senado garantizar pensión alimenticia
Ante la persistencia de situaciones contrarias al principio del Interés Superior del Niño en los procesos de pensión alimenticia, el Senado exhortó al Ejecutivo Federal, entidades federativas y Distrito Federal, así como a los Tribunales Superiores de Justicia y Congresos estatales a observarlo, a fin de asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.
Lo anterior, -se precisa en el dictamen- a pesar de que el Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen el propósito de salvaguardar los derechos de la niñez, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, se detalla que el derecho a la pensión alimenticia se encuentra regulado a nivel internacional, constitucional y legal secundario por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución, mientras que en la parte secundaria en el país, se lleva a cabo a través del Código Civil Federal.
Sin embargo, se reitera, la obligación no siempre se cumple y más allá de las reformas que endurezcan la sanción e inclusive las penas para aquellos que no cumplan con su obligación, teniéndose registro de que en ocasiones los obligados a dar alimentos ilegalmente simulan no tener los ingresos suficientes o simplemente se niegan a brindarla.
En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que 67.3 por ciento de las madres solteras en México no reciben pensión alimenticia para sus hijos.
Para convertir la aplicación de este principio en una realidad es necesario promover un cambio de enfoque que traslade las obligaciones a derechos, que no sea una obligación para satisfacer un derecho sino más bien se entienda que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser garantizados a través del cumplimiento de la obligación de varios actores, principalmente padres de familia o el Estado.
Al presentar los dictámenes, la senadora priista Angélica Araujo Lara recalcó que los legisladores coincidieron en que los datos y problemáticas que enfrentan las niñas, los niños y adolescentes huérfanos son alarmantes, por lo que, sin lugar a dudas, requieren de atención especial por la vulnerabilidad agravada por su condición de orfandad.
Respecto al segundo dictamen, la legisladora subrayó que la perspectiva internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los reconoce como un derecho fundamental, mientras que en México, el Código Civil Federal es el encargado de regular la obligación alimentaria, misma que no siempre se cumple.
En este sentido, señaló que debe ser reconocido el principio del Interés Superior de la Niñez como rector por excelencia en el Estado mexicano. Sin embargo, aún existen diversos hechos que demuestran que los derechos de los adultos continúan estando por encima de los derechos de la niñez, motivo por el cual es necesario este punto de acuerdo.
Por su parte, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que en un país como México, en el que los menores están cada vez más expuestos a la pobreza, urge la creación de políticas públicas y la aplicación de criterios jurídicos basados en normas encaminados a dar mayor protección a la familia y sobre todo a la niñez.
Respecto a los datos de la UNICEF, señaló la necesidad de ejercer acciones gubernamentales decididas para minimizar los efectos negativos en los niños, derivados de las circunstancias de pobreza y reflejadas en sus condiciones de salud, alimentación, habitación y educación.
Señaló que en el caso de los alimentos “como el concepto jurídico plasmado en las leyes y que se refiere a lo que una persona necesita para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación nos damos cuenta que existe entre quienes deben proporcionarlos una mayor falta de cumplimiento en su obligación”.
Asimismo, relativo al tema de las pensiones, recalcó que en los juzgados se ha observado un aumento en las solicitudes, por parte de obligados alimentarios, para reducir y modificar la cantidad de dinero que por ese concepto tienen que dar, alegando sustancialmente situaciones de desempleo, reducción de salarios y demás provocadas por la crisis económica.
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