La Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobó un dictamen para solicitar a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las conclusiones de la investigación en contra de Mony de Swaan Addati, por el posible ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
En el punto de acuerdo aprobado se menciona que con datos que aparecen en el portal de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien fue su presidente “autorizó o celebró adquisiciones de productos y servicios con los que ya contaba” este organismo.
Se agrega que “asignó contratos a un proveedor que, conforme a las propias reglas de la Comisión, previamente había sido descalificado”.
También se señala que la Cofetel realizó diversas adquisiciones por adjudicación directa con la Universidad Autónoma del Estado de México y del 12 de julio al 31 de diciembre de 2011, “ejerció una cantidad máxima total en contratos con la FONDICT-UAEM por 38 millones 967 mil 406 pesos y en 2012 la cantidad de 23 millones 545 mil 310 pesos.
Además, dicho organismo celebró un contrato plurianual con la empresa ENAPSYS MÉXICO, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un monto de 52 millones 379 mil 716 pesos, pero “este proyecto tiene por objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en los años 2011 y 2012 a la FONDICT-UAEM”.
Asimismo, se comenta en el dictamen, a esta empresa se le otorgó el contrato aun cuando ya había sido declarada como una propuesta descalificada y desechada en el Acta de Notificación de Fallo emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de la Coordinación General de Administración de la Cofetel.
Los senadores destacaron que el 6 de noviembre de 2012, la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del PT, denunció ante la SFP, la ASF y el órgano interno de Control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Mony Sacha de Swaan Addati y demás servidores públicos que resulten responsables, por el posible incumplimiento de sus obligaciones y ejercicio y uso irregular de recursos públicos.
Facilitan procedimiento para disposición de vehículos no reclamados
La Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el senador Javier Lozano Alarcón, también respaldó la minuta que adiciona diversos artículos a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de facilitar el procedimiento para la disposición de los vehículos que son retenidos por diferentes autoridades federales y no son reclamados por sus propietarios.
De esta manera, se menciona en el dictamen, se logrará la consideración legal y expedita del abandono de los vehículos para ponerlos a disposición para enajenación o destrucción.
Los senadores coincidieron con la preocupación de la Colegisladora respecto a la problemática que representa el abandono de vehículos en los patios de los permisionarios, así como las repercusiones económicas y los daños ecológicos propiciados por aquellas unidades que nunca son reclamadas.
Los depósitos, manifestaron, son propensos a convertirse en focos de contaminación ambiental derivada de los óxidos ferrosos y de los escurrimientos de aceites, ácidos y combustibles que inevitablemente emanan constantemente de los automotores.
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