Senado de la República

Es urgente que el Senado y Cámara de Diputados emprendan acciones conjuntas con los tres niveles de gobierno, a fin de armonizar     legislaciones federal y estatales para que se hagan valer las recientes reformas en materia de derechos humanos y combate a la discriminación.
Así lo establecieron legisladores y funcionarios de gobierno en el Primer Foro Nacional Parlamentario “Legislar sin Discriminación”, donde se admitió que de no lograr armonizar la legislación en el ámbito federal y local, no se alcanzará la meta de proteger fehacientemente los derechos y garantías de todos los sectores de la población.
Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, aseveró que lo más grave en la disparidad de las legislaciones en cada estado, es que permanecen impuestas restricciones y candados “misóginos y machistas” que impiden concretar los avances logrados a la fecha en la defensa y protección de derechos.
Ejemplo de ello, apuntó, es la legislación en materia familiar, que es tan dispar en cada entidad, que no se cuenta ni siquiera con una definición de familia y menos aún se reconocen los diversos tipos que existen, desde la tradicional conformada por un matrimonio heterosexual con hijos, hasta aquellos donde la pareja la conforman personas del mismo sexo, o simplemente el concubinato, que también tiene diversas vertientes.
De igual forma, abundó, es necesario emprender acciones para fortalecer instituciones como el Sistema DIF, “al que se le respeta por su autoridad moral, pero no se he ha dado dientes dentro de la legislación” para sancionar a quienes violan derechos y garantías de los integrantes de la familia, desde los niños hasta el propio esposo.
Otro asunto urgente a resolver dentro de la legislación, añadió, es el fortalecimiento del INAPAM: “Tenemos una Ley de Adultos Mayores que no tiene reglamento, entonces es una ley que no dice nada, son solos anhelos; se requiere de una legislación adecuada, que opere y visibilice la violencia contra esta población”.
Puntualizó que es indispensable acelerar el proceso parlamentario, pues “si en el caso de las mujeres se tardó tanto para que denunciaran la violencia, yo les preguntó qué anciano denunciará al hijo que lo despojó, que lo maltrata y ofende”.
Ambos temas, abundó, deben dar paso a un proceso integral que refuerce el ámbito familiar, pues “el Artículo 4º Constitucional es muy claro, “la ley protegerá el desarrollo y la organización de la familia, yo les pregunto, ¿cuándo nos hemos ocupado de eso?”.
Diva Gastélum sostuvo que el tema familiar es de lo más importante para cualquier nación, pues “la familia es la incubadora de todo lo que pasa en todos los países, ahí nació la madre Teresa de Calcuta y ahí también nació el hombre más buscado en este momento”.
En lo anterior coincidió la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al reconocer que “tenemos en la Constitución una esquizofrenia con algunos preceptos, que no son congruentes con los  avances en materia de derechos humanos”.
Ante ello, se pronunció porque en los espacios públicos y en los del Estado se tomen en cuenta todos los mecanismos que permitan considerar y resolver todas las formas que perpetúan la discriminación, que incluyen la forma de hablar y dirigirnos a los demás.
“Debemos pugnar porque la humanidad vaya hacia delante y no en retrocesos que nos llevan a crisis, la cual al final de cuentas se expresa como inestabilidad social”, advirtió.
A este pronunciamiento se sumó el director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguínez, al apuntar que  tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo están obligados a revisar las normas para efecto de identificar la existencia de problemas de derechos humanos o  discriminación.
Este planteamiento en materia legislativa y políticas públicas obliga a mayor coordinación entre todas las autoridades, “debemos hacerlo entre todos los poderes y autoridades,  pues eso es lo que nos ha faltado para tener una política de Estado en derechos humanos, encontrar mecanismos de articulación”, advirtió.
En este mismo sentido se refirió Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Expresó su convencimiento de que el nuevo programa de Derechos Humanos debe vincularse al Plan Nacional de Desarrollo y a la Constitución, pero añadiéndose a las recomendaciones internacionales y tratados.
Subrayó que la vinculación hacia entre las autoridades de Estado federal es fundamental para seguir el desarrollo y ampliación de las reformas constitucionales; pero hacia  los estados y municipios es necesario emprender  líneas locales.
“Para ese escalón necesitamos comprometer no sólo a la sociedad civil, a la cual le hemos pedido muchas veces que nos firmen el cheque de confianz sino a los gobiernos locales y ese es el esfuerzo que esta oficina se ha comprometido acompañar a la Secretaría de Gobernación, buscar que los planes estatales de derechos humanos, sean una realidad”, concluyó.
--oo0oo--