Senadores de la República afirmaron que las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos relacionados con la trata de personas tienen el objetivo de que su aplicación sea eficiente y reiteraron que la Cámara alta tiene las puertas abiertas para todos, incluso para quienes teniendo diferencias, tengan mucho que aportar.
Al inaugurar el Foro Buenas prácticas internacionales contra la trata de personas, la senadora panista Adriana Dávila Fernández enfatizó que el tema genera mucha polémica y discusión; “hoy mismo en México estamos viviendo una discusión que a veces se torna un tanto difamatoria en algunos casos, pero que realmente el resultado de lo que nosotros estamos haciendo va a valer la pena para el Senado de la República, especialmente para las víctimas”, apuntó.
La Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas también subrayó que el reto no sólo es mejorar el marco jurídico sino lograr la colaboración y coordinación entre los Poderes y entre los países, “para que nadie más sufra jamás de trata de personas”.
Asimismo, destacó que lo más importante es que en el foro se congregarán las experiencias de los que tienen algo que aportar, porque a veces el tema se ve sólo con compasión y se termina en una “lluvia de lamentos”, sin avanzar en temas específicos.
“Las víctimas necesitan de nuestra fortaleza, no de nuestros lloriqueos; las víctimas necesitan de nosotros para generar buena política pública y para generar buenas leyes, no necesitan de nosotros una lástima; hay que dejar de verlas así y verlas con todo el respeto que merecen porque han sido maltratadas”, aclaró.
En tanto, para la senadora Angélica de la Peña Gómez, quienes se oponen a las reformas pueden estar motivados por “desconocimiento”, pero también por “otro tipo de intereses que no son genuinos, porque tienen algún interés particular de tipo mercantil” o preocupación de que la Ley pueda ser aplicada de manera eficiente.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos destacó que conforme a la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión definir los tipos penales y las sanciones en materia de trata de personas y secuestro, lo cual derivó en el ordenamiento vigente.
Sin embargo, enfatizó la legisladora perredista, a lo largo y ancho del país los operadores del sistema de procuración e impartición de justicia han expresado la necesidad de que esta Ley sea revisada “porque no corresponde al mandato” de la Carta Magna y “esa es una responsabilidad inherente a nuestro quehacer legislativo”.
Por otra parte, el senador José Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, recordó que hace unos días fue presentada la iniciativa de Ley de Trata de Personas, firmada por 74 senadores de todos los partidos políticos.
“Es un tema muy complejo, donde los delitos se mezclan, donde las personas se cruzan y entonces es un tema que realmente necesitamos analizar con mucho cuidado”, por lo que se pretende, a través del foro, encontrar la mejor forma de legislar en el tema y que se logre que este mal se evite, precisó.
México está en una situación muy delicada, recalcó, “porque si de por sí ya era delicada cuando sólo se trataba del tráfico de personas o de la explotación sexual de personas o la venta de órganos, ahora la mezcla entre narcotráfico y trata hace un caldo explosivo en el país, tan explosivo que tenemos situaciones gravísimas en materia de desaparición de personas”.
En este sentido, destacó que en los últimos siete años llevamos cerca de 75 mil muertos y a veces los partidos políticos lo resuelven fácilmente echándole la culpa a un presidente y otro, cuando al final del día mueren mexicanos como muchos de nosotros, por lo se debería pensar en cómo solucionar el problema.
El hecho de que compartamos esfuerzos, inclusive entre países, dijo, el esfuerzo entre organizaciones y legisladores para resolver un problema que aqueja a todos es una gran oportunidad que se tiene hoy.
En su oportunidad, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Rosa Adriana Díaz Lizama apuntó que actualmente México y el mundo reclaman los mexicanos y a las mexicanas, tener una legislación de altura en la cual queden plasmadas las inquietudes y voces de todos.
De esta forma, recalcó que el trabajo en la Cámara de Senadores no puede ser sobre un tema exclusivo de una persona o de un grupo, por lo que a nombre del presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade, agradeció lo que puedan aportar porque para los legisladores es primordial tener una ley contra la trata a la altura de los mexicanos.
“En el Senado de la República tenemos el compromiso de trabajar coordinadamente entre todos los grupos parlamentarios para tener nuevas y mejores leyes”, indicó.
En su turno, la senadora priista Lucero Saldaña Pérez reconoció que como toda reforma, los cambios a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar este delito tocan “muchos intereses”.
Se trata de una “epidemia mundial” que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas “en 137 estados se han explotado a víctimas de por lo menos 127 países”, afirmó la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales.
Por ello, se pronunció por definir claramente qué otros delitos se vinculan con este flagelo, así como armonizar todos los ordenamientos relacionados para elaborar “una ley aplicable” y, en este sentido, expresó que las comisiones seguirán escuchando las diversas propuestas para “tener un mejor marco legal”.
Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la Ley vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, fue diseñada bajo una perspectiva integral de derechos humanos, basada en la prevención y sanción del delito de trata de personas, así como en la reparación del daño a víctimas.
Comentó que la propuesta para modificar diversos artículos de la norma “busca armonizar la Ley General de Víctimas con la Ley de trata” y el foro y los espacios de discusión que se organicen en el Senado “son para fortalecer la iniciativa”.
En este sentido, aseguró, “México trabaja por contar con una marco jurídico amplio y apropiado” y es necesario aprovechar los espacios de análisis para incorporar las mejores prácticas internacionales contra la trata de personas, “adaptándolas a la realidad del país” para garantizar su efectividad.
Por otra parte, Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), señaló que se han escuchado muchas reacciones a la propuesta de cambios a la ley sobre trata, “es justo, es legitimo y positivo”.
Al respecto, subrayó: “Sólo lo irrelevante no se debate, lo que de verdad cambia las cosas sí tiene que ser debatido”, por lo que a nombre de la UNODC agradeció la oportunidad de participar en el debate para que la lucha contra la trata de personas no sea algo estático.
Asimismo, destacó que los protocolos y convenciones no son suficientes, pues se necesita impulsar un cuerpo normativo nacional y además llevarlo a la práctica, sobre todo por lo relacionado con el Protocolo en la materia, respecto a sus tres ejes fundamentales: prevención del crimen, protección de las víctimas y persecuciones de los criminales.
En este sentido, dijo, México ha sido uno de los impulsores de las “tres P” del Protocolo, a través del trabajo normativo, con la ley aprobada el año pasado y con el reglamento, considerado como paso importante en la lucha contra la trata.
Adicionalmente, Mazzitelli ofreció su asesoría para que la ley sea mejor y para que no sólo se desarrollen los estándares internacionales sino que los supere. “La lucha tiene que ser a nivel trasnacional, tiene que ser hecha también a nivel nacional, particularmente en México, país de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata”.
En su intervención, Luis García López Romero, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destacó que según el Departamento de Estado de Estados Unidos se estima que 27 millones de personas son víctimas de trata de personas en el mundo.
Refirió que la Organización Internacional del Trabajo ha reportado 14.2 millones explotadas laboralmente, 4.5 millones explotadas sexualmente y 2.2 millones de personas sujetas a trabajo forzado impuesto por el Estado.
Por ello, agregó, para la CNDH es una prioridad que las autoridades del Estado mexicano erradiquen este delito, pero para lograrlo “debemos asumir una estrategia integral” que incluya a todas las personas o grupos que directa o indirectamente se encuentran relacionados con la cadena.
El funcionario reconoció que en la lucha para enfrentar este flagelo social se tienen avances significativos en el ámbito legal, sin embargo, “el camino para su erradicación es largo” y el reto fundamental es lograr que los propósitos plasmados en las leyes de la materia se cumplan y se traduzcan en acciones eficaces.
Thomas Weiss, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, recordó que la trata de personas representa uno de los retos más complejos que enfrenta hoy en día la humanidad, pues según el Departamento de Estado de Estados Unidos sólo en 2012 se sumaron alrededor de 46 mil nuevas víctimas a nivel internacional.
La explotación con fines sexuales, laborales o para la extracción de órganos, reiteró, genera ganancias anuales cercanas a los 40 mil millones de dólares y esto la ubica en una de las tres actividades comerciales ilícitas más lucrativas en el mundo para el crimen organizado, sólo después del tráfico de armas y de estupefacientes.
Resaltó que la complejidad de la migración en México es un patrón de “vulnerabilidad extrema” para los migrantes, pues si bien la condición de indocumentados acentúa los riesgos frente este problema, muchas víctimas a nivel internacional cruzan la frontera de manera regular.
Además, reconoció los avances legislativos en materia de derechos humanos y para el combate de la trata de personas en México; sin embargo, “los retos que nos quedan por enfrentar son enormes”, toda vez que este tipo de delitos “ocurre ante nuestros ojos, pero se queda largamente invisible porque “sigue siendo ignorada, desconocida y subestimada”.
En tanto, la Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos en México, Laura F. Dogu, advirtió que no hay que perder de vista que la trata es una grave violación de los derechos humanos y que los gobernantes son los responsables de luchar contra ello.
Por ello, es indispensable contar con una “exitosa identificación de las víctimas” para poder detener el crimen y cumplir con el protocolo de Palermo de la ONU. Sin embargo, ningún Gobierno lo ha perfeccionado; por lo que si se trabaja para mejorar la respuesta contra el crimen, Estados Unidos colaborará para hacer frente al desafío.
En este sentido, la Ministra Consejera resaltó que para su país es una alta prioridad trabajar con el gobierno mexicano en la lucha contra la trata de personas y especificó que se hace a través de la capacitación de grupos de la sociedad civil para lograr un acercamiento práctico y directo, a fin de mejorar sus misiones en la era digital.
Destacó también que se ha avanzado en el tema, tanto con la aprobación de la Ley sobre trata en 2012, como con su reglamento, pero reconoció que aún falta mucho por hacer, especialmente en lo que se refiere a asistencia y protección de víctimas.
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