• Se llevará a cabo un simulador de materia procedimental con casos reales, dice senador Roberto Gil Zuarth.
• La senadora Arely Gómez González destacó que el nuevo Código consta de 485 artículos distribuidos en dos libros y es producto del consenso.
• El senador Manuel Camacho Solís reconoció que la construcción de este código se está haciendo con “el mayor cuidado.
• Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de la PGR consideró que su aplicación en toda la República ayudará a mejorar el sistema de justicia penal.
Senadores de la Comisión de Justicia anunciaron la realización de una serie de audiencias públicas, con el objetivo de analizar el anteproyecto del Código Nacional de Procedimiento Penales para que, a más tardar el 6 de noviembre, comience su discusión y dictaminación.
De igual manera, este órgano legislativo abrirá espacios para recibir observaciones y comentarios por parte de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre el contenido del nuevo Código hasta el próximo 25 de octubre.
Al respecto, el senador panista Roberto Gil Zuarth, titular de la Comisión, consideró que esta convocatoria ayudará a “lograr un resultado tangible para los mexicanos y otro paso más en la responsabilidad de crear capacidades institucionales para garantizar condiciones plenas de seguridad y justicia”.
También informó que se llevará a cabo un simulador de materia procedimental con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, a fin de someter el anteproyecto a prueba en casos reales.
Ello, permitirá identificar los problemas y virtudes que pueda tener el anteproyecto, explicó el legislador.
Es un ejercicio que nunca antes había llevado en el Congreso, pues se someterán a prueba de laboratorio estas reglas procedimentales para “ilustrar el juicio de la Comisión al momento de su aprobación”.
“Serán casos reales, con operadores reales, estará videograbado el simulador y se presentarán a esta Comisión de Justicia las principales conclusiones sobre dicha prueba”, dijo.
Indicó que a más tardar el 6 de noviembre la Comisión sesionará para comenzar la discusión y aprobación del dictamen en su integridad.
Mencionó que esta propuesta toma los mejores contenidos de las cinco iniciativas formalmente presentadas y que adopta las 54 recomendaciones que fueron formuladas en las mesas de las audiencias públicas celebradas con expertos y organizaciones de la sociedad civil.
“En el proceso de elaboración hemos escuchado y atendido los comentarios y propuestas de la Procuraduría General de la República, de modo que estamos ciertos de que este anteproyecto no solo resulta acorde con la política pública de justicia penal que modela la Constitución, sino que también es sensible a las realidades institucionales de nuestro país”, expresó.
Aseguró que el proyecto es “audaz” en sus contenidos, ya que logra equilibrar razonablemente los derechos de las víctimas con los de los acusados, sus contenidos son abiertos a lo dispuesto en tratados internacionales y también a la evolución doctrinal y jurisprudencial.
También, dijo, regula con claridad las fases y etapas de los procedimientos y los procesos penales; plantea regulaciones específicas para evitar abusos en la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva y en el ejercicio de la función de investigación a cargo del Ministerio Público y de las policías.
Gil Zuarth subrayó que el anteproyecto incorpora un régimen de regulación de los criterios de oportunidad y evita su uso discrecional; incentiva de forma potente el debate penal sobre hechos y pruebas ante los órganos jurisdiccionales y vela por la reparación efectiva del daño como finalidad esencial de la justicia penal.
“Impulsamos la reforma constitucional que faculta al Congreso de expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito fundamental de igualar las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a una justicia pronta y expedita”, enfatizó.
Al respecto, la senadora priista Arely Gómez González explicó que el nuevo Código consta de 485 artículos distribuidos en dos libros y es producto del consenso y propuestas de dependencias gubernamentales como la PGR, el Poder Judicial de la Federación, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Hizo notar que el objetivo es garantizar los derechos fundamentales del imputado y de la víctima, así como desarrollar los principios que rigen el proceso penal y acusatorio, a efecto de hacer eficaz la investigación y persecución de los delitos.
A su vez, el senador perredista Manuel Camacho Solís aseguró que se trata de una de las iniciativas más importantes que puede tener esta legislatura, por lo que es fundamental que el producto final quede a la altura de lo que necesita la sociedad mexicana.
Reconoció que la construcción de este código se está haciendo con “el mayor cuidado”, pues “hay la oportunidad todavía de hacer los ajustes que se consideren convenientes para tener el mejor resultado”.
En tanto, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, destacó que el anteproyecto es producto de muchos y no se redactó “en lo aislado”, sino que contiene las visiones de magistrados, fiscalías, procuradurías, legisladores y de personas que han operado ya el sistema acusatorio en otros estados.
Consideró que su aplicación en toda la República ayudará a mejorar el sistema de justicia penal, por lo que la PGR está dispuesta a seguir aportando en la perfección de este tipo de normas, concluyó.
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