• Realizará Comisión un simulador de materia procedimental para identificar problemas y virtudes
• A más tardar el 6 de noviembre la Comisión sesionará para comenzar la discusión y aprobación
La Comisión de Justicia que preside el senador Roberto Gil Zuarth presentó el anteproyecto del Código Procesal Único, a fin de iniciar formalmente su discusión y aprobación en el Senado.
El legislador panista aseguró que con la concurrencia de todas las fuerzas parlamentarias se ha asumido como prioridad la implementación de un código único, que servirá como instrumento para hacer verdaderamente operativo el modelo constitucional de justicia penal.
A partir de este momento --explicó-- el anteproyecto será público y se abrirán espacios para recibir observaciones y comentarios sobre su contenido hasta el próximo 25 de octubre.
Informó que para ampliar su información se llevarán a cabo audiencias públicas, pues “tenemos la convicción de que estamos muy cerca de lograr un resultado tangible para los mexicanos, otro paso más en la responsabilidad de crear capacidades institucionales para garantizar condiciones plenas de seguridad y justicia para los mexicanos”.
Anunció que a más tardar el 6 de noviembre la Comisión sesionará para comenzar la discusión y aprobación del dictamen en su integridad.
Informó que como un ejercicio “inédito” en la historia del Congreso, se llevará a cabo un simulador de materia procedimiental con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, a fin de someter el anteproyecto a prueba en casos reales y tratar de identificar los problemas y virtudes que pueda tener, de tal manera que el 6 de noviembre se conozcan las conclusiones.
“Serán casos reales, con operadores reales, estará videograbado el simulador y se presentarán a esta Comisión de Justicia las principales conclusiones sobre dicha prueba”, dijo.
Aseguró que este es un ejercicio que nunca antes había llevado a cabo una Comisión al someter a prueba de laboratorio unas reglas procedimientales, “la intención es ilustrar el juicio de la Comisión al momento de su aprobación”.
Dijo que esta propuesta toma los mejores contenidos de las cinco iniciativas formalmente presentadas y que adopta las 54 recomendaciones que fueron formuladas en las mesas de las audiencias públicas celebradas con expertos y organizaciones de la sociedad civil.
“En el proceso de elaboración hemos escuchado y atendido los comentarios y propuestas de la Procuraduría General de la República, de modo que estamos ciertos de que este anteproyecto no solo resulta acorde con la política pública de justicia penal que modela la Constitución sino que también es sensible a las realidades institucionales de nuestro país”, expresó.
Aseguró que el proyecto es “audaz” en sus contenidos, ya que logra equilibrar razonablemente los derechos de las víctimas con los de los acusados, sus contenidos son abiertos a lo dispuesto en tratados internacionales y también a la evolución doctrinal y jurisprudencial.
También, dijo, regula con claridad las fases y etapas de los procedimientos y los procesos penales; plantea regulaciones específicas para evitar abusos en la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva y en el ejercicio de la función de investigación a cargo del Ministerio Público y de las policías.
Gil Zuarth subrayó que el anteproyecto incorpora un régimen de regulación de los criterios de oportunidad y evita su uso discrecional; incentiva de forma potente el debate penal sobre hechos y pruebas ante los órganos jurisdiccionales y vela por la reparación efectiva del daño como finalidad esencial de la justicia penal.
“Impulsamos la reforma constitucional que faculta al Congreso de expedir un Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito fundamental de igualar las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a una justicia pronta y expedita”, enfatizó.
Al respecto, la senadora priista Arely Gómez González explicó que el nuevo Código consta de 485 artículos distribuidos en dos libros y es producto del consenso y propuestas de dependencias gubernamentales como la PGR, el Poder Judicial de la Federación, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
Hizo notar que el objetivo es garantizar los derechos fundamentales del imputado y de la víctima, así como desarrollar los principios que rigen el proceso penal y acusatorio, a efecto de hacer eficaz la investigación y persecución de los delitos.
A su vez, el senador perredista Manuel Camacho Solís aseguró que se trata de una de las iniciativas más importantes que puede tener esta legislatura, por lo que es fundamental que el producto final quede a la altura de lo que necesita la sociedad mexicana.
Reconoció que la construcción de este código se está haciendo con “el mayor cuidado”, pues “hay la oportunidad todavía de hacer los ajustes que se consideren convenientes para tener el mejor resultado”.
En tanto, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, destacó que el anteproyecto es producto de muchos y no se redactó “en lo aislado” sino que contiene las visiones de magistrados, de fiscalías, procuradurías, legisladores y de personas que han operado ya el sistema acusatorio en otros estados.
Consideró que su aplicación en toda la República ayudará a mejorar el sistema de justicia penal, por lo que la PGR está dispuesta a seguir aportando en la perfección de este tipo de normas.
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