El senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, planteó modificaciones a la Constitución con el propósito de fijar un plazo perentorio de 90 días naturales para la elección de los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Al presentar la iniciativa que reforma los artículos 41 y 99 de la Carta Magna, explicó que es urgente realizar dichos cambios porque se ha vuelto frecuente que en la Cámara de Diputados no se logren los acuerdos para conformar el Consejo General del IFE.
Recordó que desde el mes de febrero y hasta la fecha sigue pendiente la elección de un consejero del IFE, “y se iniciará una nueva selección de cuatro consejeros electorales, incluido el consejero presidente, quienes terminan su periodo el 30 de octubre de este año”.
Por tal razón, insistió en que es indispensable establecer un plazo para que la Cámara de Diputados dé prioridad a la elección de los consejeros electorales “y evitar que estas vacantes del IFE se conviertan en moneda de cambio para los partidos políticos”.
El legislador por Zacatecas reiteró su pretensión de reformar el artículo 41 constitucional, a fin de que la Cámara de Diputados cuente con un plazo perentorio de 90 día hábiles, contados a partir de la emisión de la convocatoria, para hacer la designación de los consejeros.
“En caso de que no se hayan designado en el término establecido, el consejero presidente podrá acudir ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación solicitando que se haga la designación correspondiente”, aclaró.
Añadió que para este propósito es necesario adicionar una fracción al artículo 99 de la Constitución, con el propósito de facultar al TRIFE para que designe al o los consejeros faltantes de entre los candidatos registrados en el proceso de selección, una vez que la Cámara de Diputados haya excedido el plazo correspondiente.
David Monreal Ávila refirió que con esta iniciativa se busca evitar que el IFE sea cooptado por grupos y partidos políticos, o bien que la designación de los consejeros o cualquier otro representante de los mismos sean favores políticos totalmente ajenos al interés general.
“Es imperioso que se establezcan los mecanismos legales para que el IFE goce de un funcionamiento eficiente y estable, y la colegisladora cumpla con la obligación que le mandata la Constitución”, insistió.
Mencionó que en una democracia representativa, es indispensable que la ciudadanía tenga certeza de que los procesos electorales están apegados a la ley y, por lo tanto, los representantes elegidos sean realmente aquellos a quienes la mayoría ha decidido otorgar su confianza para proteger sus derechos.
“Resulta fundamental --dijo-- la consolidación de las instituciones que vigilen el respeto de los derechos de la ciudadanía, con legitimidad e imparcialidad, órganos en los que la voz que mande sea de las mayorías y no la de los intereses de grupos o partidos políticos”.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.
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