Senado de la República

Senadores de diversos Grupos Parlamentarios cuestionaron los beneficios que representaría la inclusión en la reforma energética la inversión de la iniciativa privada (IP), así como las propuestas empresariales para que realmente haya un beneficio social.
Lo anterior tras las exposiciones presentadas en la mesa titulada “Cámaras y Organismos Empresariales Frente a la Reforma Energética”, en el marco del foro organizado por la Comisión de Energía del Senado de la República.
En su intervención, Gerardo Flores, del PVEM, cuestionó si en materia de electricidad las cúpulas empresariales pretenden limitarse a la generación, sin jugar un papel importante en la transmisión.
Preguntó también que explicaran la forma en que será posible alcanzar costos más competitivos en electricidad e hidrocarburos.
En su turno, el senador Francisco Domínguez, del PAN, inquirió la forma en que la IP contempla la creación de un fondo soberano que permita realmente llevar beneficiso a los mexicanos.
La diputada priista Rocío Adriana Abreu Artiñano cuestionó -desde la perspectiva  del sector empresarial- de qué manera una reforma constitucional puede generar mayor competitividad, empleo e inversión para el país y si consideran que los contratos de utilidad compartida son suficientes para impulsar el desarrollo industrial y la economía del país, o si se deberían emplear otro tipo de contratos.
Asimismo, reflexionó acerca de las expectativas sobre el efecto del aumento de capital en el sistema financiero mexicano y, en el mismo sentido, preguntó si el sistema bancario es suficientemente robusto para lo que necesite la industria petrolera a partir de la reforma.
En respuesta, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, expuso que los empresarios mexicanos pueden ser respaldados por la CFE al contratar el portero, pagando el costo de transmisión, sobre todo de alta tensión.
Al refrendar su postura contra el impuesto al carbono, sostuvo que esta generaría incrementos a los empresarios de 4 a 5 por ciento, lo cual los dejaría fuera de competir, en especial si se consideran los respaldos con los que cuenta el sector en Estados Unidos.
En cuanto a la propuesta para crear un  fondo soberano, explicó el caso de Noruega donde con la riqueza energética ha resuelto el futuro de la población, “y en México seguimos discutiendo en una reforma que debimos hace 30 años”.
Por su parte, el dirigente de la Concamin, Francisco Funtanet Mange precisó que la industria nacional observa al órgano regulador “fuerte, con suficiente estructura cuyos perfiles de quienes lo integren sean profesionales”.
Agregó que se tiene la oportunidad de reindustrializar al país, de atraer inversión importante no sólo en el sector energético sino en todos los sectores que conforman la industria nacional, lo que sin duda es una pieza fundamental para que México tenga una verdadera política industrial articulada de largo plazo, que generará empleo y mayores tasas de crecimiento.
Con una reforma energética sólida, de largo plazo, que dote de mayor soberanía y transparencia a México, se dará un salto importante en materia de indicadores, de competitividad y de crecimiento en el mundo, precisó.
Javier Arrigunaga, presidente de la Asociación de Banqueros de México, señaló que es difícil calcular el impacto de la recaudación, sobre todo si no se conoce el contenido de la reforma constitucional y  la secundaria; “dependerá mucho de la calidad de la reforma, del alcance que ésta tenga y como consecuencia, de la inversión que se detone”.
Reiteró que un punto de crecimiento del PIB que no sería difícil estimarlo como resultado de una reforma ambiciosa, podría generar 17 mil 852 millones de pesos, pero si se piensa en términos del precio del petróleo depende de las condiciones internacionales, quizá un dólar adicional genere alrededor de cuatro mil millones de pesos.
Sin embargo, la parte más importante sería lo que pudiera generarse de producción adicional de barriles diarios, recalcó.
Respecto al comentario del senador Francisco Domínguez, puntualizó que es contrastante la actividad entre Estados Unidos y México: 22 pozos en aguas profundas en el país, mientras que en el mismo periodo en EEUU tenía 320, sin mencionar la explotación del shale gas o el shale oil.
Por otra parte, mencionó que los fondos soberanos han estado en la capacidad de tomar las opciones de inversión más importantes en cualquier parte del mundo.
Asimismo, señaló que los sectores que impulsaría una reforma energética son tres de los cuatro más importantes en materia de inversión directa a nivel global. Se ha participado en el sector automotriz pero no en electricidad ni en explotación energética, que en conjunto son muy relevantes en la inversión extranjera directa global, dado que lo que se requiere es el financiamiento de todo tipo de fuentes.
Señaló que el sistema bancario puede participar muy activamente en el financiamiento de las actividades directas de explotación, producción, refinación y en las cadenas productivas alrededor de estas empresas; la banca financia a los proveedores de Pemex de tal forma que puede disminuir el costo de financiamiento de las éstas.  
Desde nuestro punto de vista, apuntó, en la medida en que pueda haber una reforma constitucional con contenido claro, profunda y que dé a los mercados una señal de que se está avanzando los mercados van a reaccionar de manera positiva y la dinámica de inversión va a cambiar.
Por otra parte, al referirse al fondo soberano que propuso Acción Nacional, Alpizar Vallejo dijo que las condiciones actuales “nos tienen debatiendo entre la condición de un país que aspira a ser superavitario y que ésta condenado, por lo menos en los próximos meses, a seguir administrando un déficit en aras de recuperar la inercia de crecimiento”.
Más bien, acotó,  la tarea está en mejorar los niveles de recaudación en el ámbito informal, de tal manera que México sí puede  aspirar a tener un fondo soberano con las características que propuso el PAN.
Luis Pazos reiteró que la distribución del riesgo en los contratos no implica un único parámetro, sino crear las condiciones legales para que haya inversiones público-privadas en el rubro de la energía.
Al concluir, consideró que no hay razones de pesos de quienes argumentan que la reforma  va a privatizar la exploración y explotación de los hidrocarburos y se manifestó en contra de crear más órganos reguladores porque implica más gastos.
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