La problemática de los desplazados internos en México es una de las situaciones de violación de derechos humanos más importantes de los últimos tiempos, producto de las acciones violentas del crimen organizado.
Ante este fenómeno, la senadora priista Diva Gastélum Bajo propuso reformar la Ley General de Población para considerar como “desplazadas y desplazados internos de manera forzada” a las personas o grupo de personas impuestas a abandonar su lugar de residencia habitual, como consecuencia o para evitar los efectos de un conflicto, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales y que han cruzado la frontera mexicana.
De la misma forma, planteó que la Secretaría de Gobernación establezca las normas, métodos y procedimientos técnicos para la elaboración de un Registro Nacional Único de Desplazadas y Desplazados Internos Forzados y de un diagnóstico nacional anual.
Al respecto, la legisladora priista señaló que sólo se cuenta con aproximaciones que ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de organizaciones de la sociedad civil que han hecho alguna numeralia al respecto, “pero requerimos urgentemente de una fuente oficial que visibilice el problema de desplazados”.
El fenómeno, agregó, tiene diferentes causas, pero al que más se ha atribuido “es al forzado desplazamiento en lo personal, en grupo, en familias de las zonas serranas, aisladas de este país, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa y parte de Sonora”.
En este contexto, resaltó la existencia de avances en la materia, por ejemplo, la Ley de Asistencia Social de 2004 en la que se abordó por primera vez el tema los desplazados internos y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas, en la que se plantean estrategias y se trata de normar el fenómeno, luego del movimiento armado en dicha entidad.
También se tiene la nueva Ley de Víctimas en la que se toca el desplazamiento interno, aunque aún falta mucho por hacer.
Finalmente, Diva Gastélum precisó que se pretende que la reforma desemboque en una política pública que genere la seguridad de los desplazados, sobre todo en el regreso seguro a sus lugares, o bien, que en el lugar donde estén se generen posibilidades de crecimiento, de seguridad y de educación,” porque se pierde todo, se pierde el hábitat, los niños dejan de ir a la escuela, se pierde el empleo, todo su patrimonio se ve realmente disminuido”.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos.
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