Con el propósito de dotar al Instituto Nacional del Emprendedor de la fuerza, rango y valor de ley, con la finalidad de que la naturaleza jurídica con la que hoy cuenta tenga certeza ante los avatares de futuros gobiernos, la senadora Mónica T. Arriola Gordillo presentó este martes una Iniciativa para expedir la Ley del Instituto Nacional del Emprendedor.
Con esa ley, se busca garantizar que cualquier modificación, en particular para sustraerle, modificar o ampliar atribuciones, requiera el consenso del Congreso de la Unión.
Lo que se propone con el proyecto, especificó, es promover una política de cambio estructural.
Arriola Gordillo afirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), componen la columna vertebral de la economía nacional, tan es así, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Pymes que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 81 por ciento del empleo en el país.
Explicó que el Instituto Nacional del Emprendedor fue creado como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.
Mediante el proyecto, a decir de la legisladora de Nueva Alianza, no sólo se busca el impulso que necesita el sector económico al que se dirige, se busca también la eficacia en el desarrollo del mismo, ya que uno de los principios primarios por los que se rigió la redacción y creación fue precisamente el de eficacia, entendido como la actividad emprendedora que innove, produzca y comercialice bienes, productos y servicios que tengan el impacto productivo y fructífero en la calidad y los índices de crecimiento económico, empleo y competitividad.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.
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