Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL


A fin de sancionar a las personas que por cualquier medio, se apoderen, usen o aprovechen de los datos personales, información o documentos de personas físicas, el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo presentó una iniciativa que busca reformar la Ley  de Instituciones de Crédito.
El legislador, destacó que actualmente a nivel federal no se encuentra tipificada la figura del robo de identidad, por lo que es necesario que el país cuente con una legislación sustantiva que castigue la conducta en el ámbito crediticio, que es donde más impactos causa.
Precisó que México es el tercer país en América Latina que tiene mayor robo de identidad, ya que de los países más afectados por fraudes electrónicos son: Estados Unidos 46 por ciento, Reino Unido 11 por ciento, Sudáfrica 9 por ciento e India 8 por ciento.
Aseguró que en Latinoamérica aumentó el número de ataques 33 por ciento durante el mes de abril de 2013 y el más afectado es Colombia (43 por ciento), seguido por Brasil (30 por ciento), México (13 por ciento) y Chile (5 por ciento).
Subrayó que es el delito de más rápido crecimiento en el mundo, “sin que existan acciones legislativas concretas y políticas públicas acertadas para sancionar esta conducta atípica en el plano penal”.
Actualmente, dijo, el IFAI está facultado para sancionar a quienes hagan mal uso de los datos personales, a través de La Ley Federal de Datos Personales, que es la que regula la forma y las condiciones en que las empresas deben usar los datos de sus clientes, “sin embargo, este campo se da en la relación proveedores-usuarios y deja en otro sector la invasión que hace ilegítimamente un tercero extraño que roba o usurpa identidades”.
Es por ello que la iniciativa enviada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, tiene el propósito de proteger la identidad y datos personales al  tipificar este delito a nivel federal, cuando una persona se haga pasar por el titular de datos ajenos a los suyos al realizar un pago, obtener un crédito, financiamiento, lucro indebido o realizar cualquier acto jurídico que importe derechos y obligaciones en los términos de la ley.
“Es necesario que el país cuente con una legislación sustantiva para proteger a los ciudadanos, con independencia de los tratamientos actuales penales del fuero federal o del fuero común”, finalizó.
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