Organizaciones civiles de derechos humanos manifestaron que la reforma al Código de Justicia Militar y la tipificación de la desaparición forzada son una oportunidad histórica para modernizar a las Fuerzas Armadas; sin embargo, alertaron que su redacción actual sólo contempla cambios parciales y se aparta de los estándares internacionales.
Lo anterior, durante las audiencias públicas en materia de justicia militar, que realiza la Comisión de Justicia, donde los representantes de las ONG´s se refirieron a diversos casos de violaciones de derechos humanos cometidos por elementos del Ejército mexicano en distintas zonas del país.
Al respecto, Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, advirtió que si el Senado desaprovecha esta oportunidad con reformas parciales que no garanticen la justicia en todas las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército significará tiempo perdido y garantizará la repetición de los abusos.
Explicó que el anteproyecto de dictamen que reforma el Código de Justicia Militar y que tipifica la desaparición forzada podría suponer un paso hacia la garantía de los derechos humanos fundamental en México y la modernización de las instituciones castrenses.
Sin embargo, alertó que su actual redacción no cumple cabalmente con todas las obligaciones de México bajo el derecho internacional y no satisface los criterios para excluir plenamente de la jurisdicción militar a las víctimas civiles.
Asimismo, expresó su preocupación por la ausencia de reformas a los artículos 435 y 740 para establecer claramente que sea la justicia ordinaria la que decida sobre la competencia jurisdiccional militar en este tipo de casos.
Por ello, consideró que la propuesta que se genere en la Comisión de Justicia debe garantizar que las investigaciones exclusivamente competencia de las instancias civiles desde los primeros informes de un incidente y que las Fuerzas Armadas tengan la obligación de colaborar en las indagatorias de la justicia ordinaria.
De igual manera, que todos los delitos cometidos contra civiles siempre sean investigados, procesados, enjuiciados y sancionados en la justicia ordinaria.
En cuanto a la tipificación de la desaparición forzada, subrayó que es un paso importante, pero con la propuesta actual será muy restrictivo, lo que hará casi imposible que un funcionario público pueda llegar a ser condenado por este ilícito.
Recordó que los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército permanecen en la impunidad gracias a la jurisdicción militar, “es decir gracias al privilegio de investigarse y juzgarse así mismos”.
El especialista Santiago Aguirre manifestó que esta reforma abre la posibilidad para fortalecer al Ejército desde la democracia y robustecer la legitimidad democrática que brinda el respeto a los derechos humanos, “con lo que ganarán una legitimidad democrática que ha venido poniéndose en cuestión”.
Respecto de las facultades de la nueva Policía Ministerial Militar, dijo este cuerpo de investigación debe estar acotado a los delitos militares y restringir los alcances de la jurisdicción militar en las violaciones a derechos humanos.
“El dictamen va a en la senda correcta, incorpora algunas de estas preocupaciones aunque es perfectible en temas como la reforma al artículo 435 y redacción al 57”.
En tanto, Miguel Álvarez Gándara manifestó que la “inacción” del Poder Ejecutivo respecto de la restricción del fuero militar ha perpetuado una polarización innecesaria entre las víctimas, los organismos de derechos humanos y las Fuerzas Armadas, “desgastando a estas últimas”.
Aseguró que acotar el fuero militar contribuiría a inhibir las violaciones a derechos humanos contra civiles y generaría mejores condiciones para cuando lleguen a ocurrir, pues serían investigadas y juzgadas por funcionarios ajenos a la cadena de mando militar.
Subrayó que el anteproyecto transita en la dirección correcta, ya que las reformas que se proponen instituyen algunos controles civiles sobre las fuerzas armadas y restringe la jurisdicción militar cuando se lesionen bienes jurídicos cuyos titulares sean las personas, “aunque resulta insuficiente”.
La directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consuelo Morales Elizondo expresó que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina han ido en aumento, por lo que consideró “urgente” reformar el Código de Justicia Militar, a efecto de que ningún caso sea investigado en instancias castrenses.
La reforma debe incluir que el Ministerio Público Militar remita inmediatamente las averiguaciones previas al fuero civil, así como edificar que sólo compete a los tribunales militares declarar cuando un caso es de este fuero, así como las indagatorias y declinatorias.
“Necesitamos ampliar la protección de los derechos humanos y acotar los alcances de la justicia militar no debilita a las Fuerzas Armadas sino que las fortalece apuntalando que la democracia es la única vía aceptable”.
Alejandra Nuño, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que el Senado se encuentra en un proceso histórico para que “pueda de una vez por todas reformar una normativa que ha sido uno de los obstáculos más importantes para el conocimiento de la verdad y la obtención de justicia para un sinnúmero de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército”.
Refirió que el proyecto de dictamen debe contemplar las sentencias dictadas por la Corte Interamericana que establecen que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción militar puede tener competencia para investigar o juzgar hechos que impliquen violaciones a derechos humanos, además de limitarse a conocer de acontecimientos que involucren la vulneración a bienes jurídicos propios del orden militar.
Dijo que tales criterios fueron removidos de la versión del proyecto de dictamen circulada por la Comisión el 2 de septiembre, ya que la redacción al artículo 57 fue modificada una vez más y “en ese sentido sí vemos con preocupación que este nuevo proyecto de dictamen se aparta significativamente de los estándares internacionales”.
Apuntó que por décadas las víctimas y sus familiares han sufrido día a día por la ausencia de un marco jurídico adecuado, por lo que existe una obligación impostergable de las instituciones del Estado mexicano de eliminar cualquier obstáculo que impida tener justicia, verdad y reparación “por estos gravísimos hechos”.
A su vez, Jaqueline Sáenz Andujo, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, hizo notar que con la nueva versión de la propuesta no se cumpliría con los estándares internacionales ni nacionales en esta materia.
Explicó que se ha añadido en el texto que cuando el Ejército se encuentre en “campaña” la jurisdicción militar sí puede conocer de los hechos de las violaciones a los derechos humanos.
En su turno, Andrés Díaz Hernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refirió que en la propuesta se contempla que la Policía Ministerial Militar actuará bajo el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos y tendrá ciertas facultades y obligaciones como recopilar información sobre los hechos, recabar pruebas, entre otros.
Ello, subrayó, no se pude admitir porque los elementos castrenses investigarán casos que competen a la jurisdicción civil, por lo que se debe acotar su papel nuevamente ya que se sabe que en diversos casos los militares han alterado la escena del crimen.
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