El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, reconoció que pese al debate intenso sobre la despenalización de algunas drogas como la mariguana en Estados Unidos, parece que la violencia que se genera en torno al tráfico ilegal de estupefacientes “no va a cambiar radicalmente” en la región en los próximos años.
En la instalación de la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, el funcionario afirmó que este problema “tiene un conjunto de razones estructurales, que básicamente están definidos por nuestra ubicación geográfica”.
“Tenemos una frontera de tres mil kilómetros con un país que ofrece muchas ventajas, pero que además, es el principal consumidor de drogas en el mundo y eso implica un tráfico y tránsito permanente de drogas, armas, dinero ilegal y de personas”.
Campa Cifrián dijo que en Estados Unidos, a nivel hemisférico y global, existe un debate intenso respecto al tráfico de estupefacientes, así como de la legalización y despenalización de la mariguana, “sin embargo, no pareciera que esta discusión y estas modificaciones vayan a cambiar radicalmente la violencia que se genera en torno a las drogas en los próximos años”.
“Esto genera un flujo de dinero ilegal, un tráfico de armas y un tráfico de personas no necesariamente asociado con las drogas, que tiene que ver con los flujos migratorios, pero que también están generando violencia en nuestro país”, dijo.
Señaló que un segundo componente en la generación de violencia tiene que ver con cuestiones institucionales, pues “nuestros sistemas policiacos y de justicia fueron diseñados y organizados a partir de una realidad distinta y han mostrado también, prácticamente en todos nuestros países, una gran debilidad”.
Existen, agregó, corporaciones policiacas “penetradas en mayor o menor medida por organizaciones de la delincuencia, un esquema, una estructura de justicia francamente insuficiente y un sistema penitenciario carcelario que tampoco respondía a esta realidad”.
Además, esta crisis regional se explica a partir de factores sociales como la gran cantidad de embarazos no deseados en edad temprana, problemas de marginación, ruptura de lazos familiares, entornos urbanos no planificados, violencia escolar mal atendida, deserción escolar, educación de mala calidad o falta de oportunidades para enrolarse en la economía formal.
Por ello, enfatizó el subsecretario, la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal se fundamenta en que sólo es posible explicar, entender y enfrentar un problema de seguridad como el que vivimos en el país y en la región, a partir de una visión multisectorial y multifactorial.
Destacó que la población prioritaria del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que implementa el Gobierno de la República, son los jóvenes, toda vez que “están en el centro de la violencia”, son víctimas y perpetradores de este flagelo y porque la causa número uno de muerte de personas de entre 15 y 29 años son los homicidios.
Por su parte, el diputado Elías Castillo González, presidente de Parlamento Latinoamericano, destacó la importancia de la educación en la prevención de delito, por lo que consideró que la deserción escolar “es un flagelo”.
Además, comentó que cuando hay fortaleza en el hogar, así como principios éticos y morales los índices de delincuencia se reducen.
En tanto, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz resaltó la visión de cooperación entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar la violencia.
Dijo que en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Latinoamericano se impulsarán acuerdos, resoluciones y leyes marco en beneficio de la región.
Al evento asistieron los senadores Omar Fayad Meneses y Mariana Gómez del Campo, presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, respectivamente.
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