A fin de evitar que el ejercicio de los derechos colectivos coarten los de los individuos y que, a su vez, los derechos humanos de los manifestantes en todo el país sean garantizados, senadores del PAN, PRI y PVEM presentaron un proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 6º y 9º constitucionales.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza se refirió a los casos en los que la libertad de expresión y la libertad de tránsito se han contrapuesto, así como a los actos de represión cometidos por la autoridad en contra de manifestantes y viceversa.
De esta manera, la senadora se refirió a la manifestación que en 2006 afectó a una de las principales avenidas de la Ciudad de México durante 48 días; misma que, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, provocó pérdidas económicas de 7 mil 800 millones de pesos, el despido de 3 mil 900 personas y el cierre de 67 negocios.
Asimismo, recordó que en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, en contra de la toma de protesta del actual Presidente de la República, se suscitaron enfrentamientos entre los inconformes y las fuerzas de seguridad, que dejaron más de 20 heridos y 103 personas detenidas, así como pérdidas en ventas por 950 millones de pesos en la Zona Centro del Distrito Federal.
A pesar de estos hechos, la legisladora panista afirmó que un estudio realizado en abril de 2013 por la empresa Parametría –dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados- señala que 70 por ciento de las personas justifican en cierta escala la existencia de marchas. En contraparte, sólo 28 por ciento de los entrevistados niegan que las marchas sean justificables.
Así, en tanto que es obligación del Congreso encontrar el equilibrio entre ambas libertades, la iniciativa de ley establece que cuando una manifestación se realice colectivamente en lugares públicos, los ciudadanos avisarán previamente a la autoridad local, a fin de que ésta pueda tomar las medidas para proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y las previsiones de seguridad y orden público.
Por otro lado, el proyecto reconoce el derecho de realizar asambleas y reuniones en lugares públicos de conformidad de la ley y plantea que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Gómez del Campo Gurza refirió que el presente es un primer paquete de iniciativas con respecto a este tema y que se está trabajando para presentar otro próximamente.
La iniciativa de ley fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.
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