Senado de la República

La Comisión de Desarrollo Regional se reunió con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, el director de la CMIC, Luis Fernando Zarate y la directora de Investigación de Desarrollo Urbano de la IMCO, Gabriela Alarcón Esteva, a fin de analizar la propuesta de desarrollo urbano y vivienda del Ejecutivo Federal.
El presidente de la Comisión, René Juárez Cisneros, señaló que es indispensable adecuar el marco jurídico de desarrollo urbano y vivienda respecto de la “nueva realidad”, tras los fenómenos naturales que afectaron el país.
Precisó que los estados con mayor déficit, de vivienda son Veracruz, el Estado de México, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, “los cuales en su mayoría fueron afectados por los fenómenos naturales”, debido a que entre otros factores se encuentra el incumplimiento de la norma, el no respetar los planes de desarrollo urbano, modificar con frecuencia y arbitrariamente el uso y destino del suelo, impulsar desarrollos en lugares que no tienen la seguridad suficiente para quienes van a habitarla.
Señaló que los fenómenos naturales que afectaron al país dejan “una nueva realidad que va a modificar muchas de las decisiones que habremos de tomar, ha venido a desnudar la circunstancia de anarquía que vivimos en muchas ciudades”, dijo.
Indicó que 80 por ciento de la población vive en zonas urbanas; hay un déficit de vivienda de 9 millones de habitaciones, de éstos, más de 75 por ciento se encuentran en 14 entidades federativas y el resto está disperso.
Por ello aseguró que es indispensable llevar a cabo la creación de reservas urbanas para el impulso de desarrollos habitacionales, donde la coordinación sea eficaz, las responsabilidades sean perfectamente establecidas para cada uno de los niveles de gobierno y los ayuntamientos cumplan con sus responsabilidades.
Por el PRI, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara dijo que se requiere un marco jurídico con reglas claras para la vinculación de estados y municipios, a fin de garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad.
El reto, agregó, es atender las necesidades de los mexicanos. “No se trata solamente de generar un gran número de acciones sino de que éstas lleguen a los nueve millones de personas que exigen un patrimonio, una vivienda bien ubicada y adecuada”.
Por su parte, el senador panista Francisco Salvador López Brito resaltó la importancia de la coordinación de los tres niveles de gobierno, así como la participación de la ciudadanía y la iniciativa privada para generar “un desarrollo equilibrado, armónico y satisfactorio de nuestras ciudades”.
El legislador de Acción Nacional manifestó que la deficiencia con la que se cobra el predial es “un problema serio” para las finanzas municipales y propuso reforzar estos recursos con un impuesto a la plusvalía del desarrollo urbano, “que vendría a resarcir los gastos o inversiones en materia de vialidades, drenaje, agua potable y alumbrado”.
En su oportunidad, el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez señaló que los fenómenos naturales “desnudaron las debilidades que tiene el sistema de planeación urbano”.
En este sentido, manifestó que se tiene que considerar si la infraestructura de la nueva política de desarrollo urbano se tiene que diseñar de un tamaño de 50 años, en relación con este tipo de fenómenos, “porque diseñarla de ese tamaño implicaría costos que simplemente el país no podría soportar”
Mencionó que el nuevo modelo de desarrollo urbano que plantea el Ejecutivo Federal tiene como principal objeto elevar la calidad de vida de las familias mexicanas, “la política esta centrada en el ciudadano no en los desarrolladores o constructores sino en los mexicanos”.
Afirmó que se tiene que replantear la forma de ver la ciudad, ya que estas tienen que compactarse para tener mayores densidades que permitan mejores posibilidades de que los sistemas de transporte masivo puedan ser rentables, “pues necesitamos ciudades competitivas, productivas y sustentables”.
Destacó que la mayoría del gasto programable en los últimos años en la infraestructura vial no se ha dedicado al transporte masivo sino al transporte particular, “eso se debe corregir para que el país sea competitivo”.
Por ello, mencionó que dentro de los ejes de la política del Presidente se encuentran: un nuevo modelo para el desarrollo urbano del país, un tratamiento distinto a la vivienda, la movilidad y la infraestructura.
Refirió que las ciudades mexicanas han crecido de manera “inusitada”, ese fenómeno se debe a las condiciones sociodemográficas, ya que mientras en el año 50 la población urbana era de 42 por ciento, para 2010 se estima en 78 por ciento.
“Estamos convencidos de que México va a ser un gran país, pero las ciudades no pueden ser una atadura y en este momento desafortunadamente representan un lastre para sus posibilidades futuras”, finalizó.
En su oportunidad, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Fernando Zarate, dijo que sólo a través de la planeación urbana, el ordenamiento territorial y la integración de una política urbano-habitacional es que se van a crear ciudades más competitivas y optimizar el uso de los recursos naturales en el territorio.
Argumentó que el modelo que el Presidente está promoviendo tiene que tener un esquema donde la infraestructura y el equipamiento no se dejen como una carga subsidiaria y marginal a los desarrolladores.
“Queremos un modelo libre de oportunidad a la infraestructura intraurbana y de servicios, a través de mecanismos claros de gestión de ciudad, orden en la tenencia de la tierra y uso de suelo, con el objeto de potenciar la ciudades a través de un ordenamiento claro para el territorio”, manifestó.
En su turno, Gabriela Alarcón, del Instituto Mexicano para la Competitividad, propuso que la Federación recupere su papel rector en el diseño de políticas públicas para la planeación territorial, con el objetivo de hacer ciudades más productivas.
Con ello, consideró, se podrán tomar “buenas decisiones” para planear y ubicar grandes infraestructuras, nuevas carreteras y libramientos, a fin de que todo esté alineado y pase por el visto bueno de la SEDATU.
De igual manera, se pronunció a favor de que intervenga el Gobierno Federal en la recuperación de los centros históricos de las ciudades y en revitalizar las zonas de mayor crecimiento, así como en la regularización de los derechos de propiedad.
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