Número-51
- Senadores y diputados refrendan su firme compromiso de preservar la existencia de medios de comunicación libres e independientes.
- Demandan legisladores reforzar medidas de protección para periodistas.
- Guardan minuto de silencio por periodistas asesinados.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senador Pablo Escudero Morales, expresó, a nombre de la Mesa Directiva, su más sentido pésame a familiares y amigos de los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, tras el asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, el pasado lunes 15 de mayo.
A solicitud del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, la Asamblea guardó un minuto de silencio por los periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión en diversos estados del país.
Al dar lectura a un acuerdo de la Mesa Directiva, Escudero Morales dijo que la Comisión Permanente manifiesta su firme compromiso de preservar la existencia de medios de comunicación libres e independientes, como condición necesaria para fortalecer el sistema democrático.
El acuerdo condena energéticamente los reprobables acontecimientos ocurridos en contra de periodistas y lamenta las agresiones de las que han sido objeto, en las que incluso varios de ellos han perdido la vida; reconoce que estas muertes son un duro golpe para el periodismo y la sociedad mexicana.
El documento exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los municipales ejercer sus funciones jurídicas y de procuración de justicia, que pongan en marcha decisiones contundentes de seguridad, por parte de las autoridades, para brindar garantías de mejora a la labor profesional de los periodistas.
La Comisión Permanente refrendó su compromiso con el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y demandó acciones que brinden certeza al ejercicio de la función periodística; además exigió a las autoridades esclarecer estos hechos para fincar las responsabilidades y castigar a los culpables.
En representación del Grupo Parlamentario del Panal, la diputada Karina Sánchez Ruiz lamentó que México sea considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y que del año 2000 a la fecha se hayan registrado los homicidios de 104 comunicadores.
Consideró que ello representa un alto riesgo para la política interna de México, pues la labor periodística es fundamental para la democracia de cualquier país, por lo que es necesario que las autoridades de Estado establezcan las garantías necesarias para realizar esta labor.
A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich calificó de “insuficientes” los pronunciamientos políticos que condenan las agresiones contra los periodistas, frente al gran nivel de indignación que priva en la sociedad mexicana.
“Están –matando– a la gente que busca la verdad y la justicia”, dijo. Consideró desafortunado que hasta ahora se adopte como un tema prioritario, cuando suman más de 40 los asesinatos de periodistas. Los crímenes contra la libertad de expresión se intensificaron a partir de 2006, sin que las autoridades de gobierno actuaran en contra de ello, lo que se evidencia en la tasa de impunidad, que ronda en 99 por ciento.
El diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que México es un país en guerra que ha llegado al nivel más alto de homicidios de la historia. En un año se registraron cerca de 300 agresiones a periodistas; más de la mitad perpetradas por servidores públicos. “Ese es el tamaño de la tragedia que hoy estamos viviendo”.
Agregó que la crisis de seguridad no se resolverá sin antes solucionar la crisis de derechos humanos existente. El diputado pidió citar al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que explique por qué murieron 11 periodistas el año pasado y ocho en el actual; y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para que explique por qué solamente hay tres condenas por haber matado a periodistas en el país.
Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PVEM, la diputada Lía Limón García exigió garantías para quienes ejercen el periodismo, ya que su ejercicio libre, es pieza clave en la vida democrática. Desde nuestro ámbito, dijo, nos pronunciamos para que se aplique todo el peso de la ley a quienes atentan contra la vida e integridad de este gremio.
Hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que se otorguen mayores recursos al Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Adicionalmente, pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, analizar la posibilidad de atraer la investigación y esclarecer los hechos de manera coordinada y ayudando a instancias locales.
El senador del Grupo Parlamentario del PT, David Monreal Ávila, advirtió que las agresiones en contra de comunicadores han tenido un aumento directamente proporcional al crecimiento de la corrupción y la impunidad en México, “lo que significa que los poderosos pretenden callar a punta de pistola a quienes denuncian sus fechorías”.
Manifestó que es momento de que el Congreso de la Unión y la sociedad en su conjunto, respalden y acompañen la tarea periodística, con el objetivo de poner fin a la lista negra de periodistas asesinados.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, dijo que es facultad del Congreso llamar a cuentas a los principales responsables y, con ello, erradicar la impunidad; por ello, “el procurador General de la República tiene que informar del pobre desempeño de la Fiscalía para la Libertad de Expresión”.
Señaló que la impunidad por la que atraviesa México, es lo que ha permitido y alentado las agresiones contra las y los periodistas y continúen en aumento. “La impunidad mata periodistas, la voz y las letras de quienes nos informan y la construcción de una sociedad democrática”, acotó.
La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que el homicidio de Javier Valdés es “la gota que derramó el vaso ante la omisión de las autoridades”, por lo que el gremio de los comunicadores ha expresado “un grito de dolor” y México “está en boca de toda la comunidad internacional”.
Consideró que, ante este tipo de crímenes, el Congreso de la Unión no puede emitir “un simple pronunciamiento, por lo que coincidió en llamar a comparecer al Secretario de Gobernación y al Procurador de la República, pues “tienen que darnos información detallada de todas investigaciones” relativas al asesinato de periodistas.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Martha Hilda González Calderón se sumó a las voces que, desde la sociedad civil hasta la Presidencia de la República, demandan mejores condiciones para el ejercicio periodístico.
Afirmó que este gobierno “ha ido más allá de los simples discursos”, toda vez que instrumentó y fortaleció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que implementó las medidas que garantizan la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se dedican a estas actividades y que padezcan agresiones.
El senador Benjamín Robles Montoya, del PT, hizo un llamado a la Comisión Permanente para que defina “de una vez por todas su posición ante la ineptitud del Gobierno Federal” y declare formalmente su condena al Ejecutivo “por su incapacidad de resolver uno solo de los crímenes contra periodistas” que se han perpetrado en el territorio nacional en los últimos años.
Consideró que la Permanente debe reaccionar “con severidad ante este ciclo de violencia como no lo ha hecho el gobierno”. Nosotros, agregó, sí debemos actuar con responsabilidad y pidió solicitar al Presidente que destituya al Secretario de Gobernación, pues ha demostrado que “no tiene la voluntad ni la habilidad necesarias para responder eficazmente al pueblo de México”.
La senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, dijo que el reparto de culpas “no nos lleva a absolutamente a nada” y aseguró que lo que está pasando en este momento no es responsabilidad solamente del gobierno de la República, sino del Estado mexicano.
Dejó en claro que el asesinato de periodistas y de derechos humanos no es un problema de una sola persona ni de un gabinete; se trata, subrayó, de un problema secuencial que se ha agudizado con el paso del tiempo, donde hemos visto cada vez mayor conflicto.
