Fortalecer la capacidad estatal de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad minera, hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y de los convenios internacionales, es el propósito de la Ley Minera que planteó el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD.
Desde la tribuna de la Cámara Alta, detalló que la iniciativa con proyecto de decreto está sustentada en la opinión y objetivos contenidos en la propuesta que hicieran distintas organizaciones sociales y movimientos que han enfrentado la problemática de la explotación irresponsables de los recursos minerales del país.
La propuesta, precisó, busca enfrentar uno de los mayores problemas de irracionalidad en la explotación de un recurso natural de los mexicanos, que no deja beneficio al país ni a las comunidades en donde se realiza.
El legislador por el Estado de México expuso que 30 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, en el que existen más de 850 proyectos mineros registrados hasta diciembre de 2012 y que se encuentran en manos de 285 empresas, la mayoría canadienses.
Lo importante, subrayó, es que estas empresas mineras “prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación y son proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes y que dejan enormes pasivos ambientales”.
En este contexto, argumentó el senador perredista, que de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México se encuentra muy por debajo de países como Botswana, Mali, Madagascar, Indonesia, Colombia o Guatemala en diversos indicadores fundamentales para el adecuado funcionamiento del sector minero.
“Nuestro país se ubica en los últimos lugares con relación a los 79 países y regiones consideradas en dicho análisis, en prácticas como procesos legales equitativos, transparentes, no corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo de la comunidad, normas laborales, entre otros”, afirmó.
Es por esto –apuntó- que la propuesta pretende establecer normas que permitan un manejo sustentable de esos recursos, de esta actividad productiva y que la activad impacte favorablemente en el desarrollo de las comunidades y se obtengan recursos para el desarrollo nacional.
De aprobar la legislación -anunció- la actividad minera dejará de ser preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, como lo establece la ley vigente y se consideraría como una actividad de “interés público” y no de “utilidad pública”.
Además, en la propuesta se establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión relativa a la realización de actividades mineras, que en el caso de pueblos originarios se generará a través de un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento, vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado, mientras que para comunidades que no son pueblos originarios, será a partir de un procedimiento de participación ciudadana para obtener acuerdos vinculantes en forma libre, previa e informada.
También, dijo, se instituye y regula la licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para las concesiones para exploración minera, explotación y beneficio minero, asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano, entre otras y se puntualiza que sin la licencia social, la Secretaría de Economía no podrá entregar una concesión.
Entre otras cosas, se inscribe un capítulo sobre los derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales, frente a actividades mineras y se separan las concesiones de exploración de las concesiones de explotación y beneficio minero.
Adicionalmente, se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado y se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía en general, con la obligación de entregarla directamente a las comunidades donde operan las mineras.
Por otra parte, explicó, se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.
En materia de sanciones, “se fortalecen los mecanismo preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley y se aumentan las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones de la concesión”, recalcó.
Finalmente, el senador Encinas Rodríguez apuntó: “Esperamos que el Senado entre a una discusión seria y responsable para frenar el enorme saqueo del que son objeto los recursos mineros del país y abusos de concesionarios frente a las comunidades donde se establece la actividad minera”.
La propuesta por la que se expide una nueva Ley Minera, fue turnada a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos y fue signada también por las senadoras Dolores Padierna Luna, del PRD y Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano.
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