El senador Miguel Romo Medina propuso modificar la Constitución Política, a fin de que el Ministerio Público pueda solicitar autorización judicial para acceder a cualquier medio de almacenamiento de datos en teléfonos celulares o instrumento tecnológico de información que considere contenga elementos de prueba en la comisión de algún delito.
Al respecto, expuso que en octubre de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó anular toda prueba obtenida sin mandamiento judicial, así como el uso de información en forma de texto, audio, video y/o imágenes por cualquier medio electrónico o de la tecnología de la información.
Esto, por considerar que es información privada, protegida por el derecho fundamental a su inviolabilidad, situación que ha generado la presentación de juicios de amparo por parte de personas sujetas a proceso que consideran les han sido violados sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, faltando al debido proceso legal.
Por lo tanto, explicó, podrán obtener la protección de la justicia federal y, en su caso, la libertad, independientemente de su responsabilidad o no, en la comisión del delito por el cual se les investiga o sigue proceso.
El senador priista puntualizó que esta situación ha provocado que personas penalmente responsables de algún delito, evadan la acción de la justicia, aun cuando, en sus diversos instrumentos electrónicos, se encuentren registrados los actos mismos que prueban su responsabilidad penal.
Por todo ello, es que resulta necesario ajustar el texto legal para que toda persona que ha delinquido, no se sustraiga de la justicia a través de recursos legales.
Adicionalmente, el legislador señaló que 72 por ciento de la población considera que sólo algunas veces se castiga a los delincuentes, mientras que 10 por ciento piensa que nunca reciben castigo alguno, lo que refleja “una enorme desconfianza sobre la credibilidad de la actuación de los órganos encargados de impartir justicia”.
Finalmente, expuso que en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012, se dio a conocer que una de cada cuatro personas ha sufrido las consecuencias de algún delito.
La iniciativa que adiciona un párrafo al Artículo 16 de la Constitución, se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
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