Senado de la República

La senadora Angélica De la Peña Gómez, del PRD, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía a favor de las personas a quienes se les haya ejercitado acción penal por los hechos de violencia suscitados en los Municipios Simojovel y El Bosque, del estado de Chiapas el día 12 de junio del 2000 y que involucran al profesor Alberto Patishtán.
El documento establece que la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.
Asimismo, las autoridades judiciales y administrativas competentes pondrán en libertad a los detenidos, cualquiera que sea el momento procesal en que se encuentren.
Las personas a quienes aproveche esta Ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía.
El profesor Alberto Patishtán Gómez fue detenido el 19 de junio del 2000, en el municipio de El Bosque, acusado de participar en la emboscada a una camioneta propiedad del Ayuntamiento conducida por el hijo del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz, en la que siete agentes de la Policía de Seguridad Pública perdieron la vida, dos resultaron heridos, entre ellos el hijo del entonces presidente municipal.
La senadora precisó que durante el proceso judicial, nunca se le proporcionó a Patishtán un intérprete traductor y se le imputaron delitos tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tales como lesiones y homicidio calificado, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Manifestó que el sistema de justicia ha ignorado las irregularidades del proceso contra Alberto Patishtán y ha mantenido la negación del derecho a un juicio justo.
“Es por eso que se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que haya justicia en este caso y para reformar el sistema de justicia, de tal forma que se garanticen procesos justos a todas las personas, independientemente de su condición económica o pertenencia a un grupo indígena”, finalizó.
Se envió a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.
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