Senado de la República

La Comisión de Gobernación se encuentra lista para analizar, debatir y avanzar en la reforma político electoral que prevé, entre otros puntos, la reelección de alcaldes y legisladores federales y locales; candidaturas independientes; ley de partidos; segunda vuelta; gobiernos de coalición, referéndum y plebiscito.
Así coincidieron en señalarlo la presidenta y secretario de dicha Comisión, Cristina Díaz Salazar y Armando Ríos Píter, al referir que dicha reforma se encuentra suscrita dentro del Pacto por México.
En entrevista, la legisladora priísta Díaz Salazar apuntó: “Nosotros estamos observando las decisiones de quienes presiden esta Comisión del Pacto, para tan pronto que lleguen estas iniciativas, o que presenten los senadores, pues nosotros retomarlas”.
Puntualizó que ya se tiene cuenta de los diversos temas que integran la agenda político electoral, entre los cuales se encuentran también el derecho de réplica y la de propaganda gubernamental.
“Son varios temas pendientes que indudablemente están suscritos en el compromiso del Pacto por México y en el calendario que conlleva esta Comisión”, refrendó Díaz Salazar.
Por su parte, el senador perredista Ríos Píter estableció que la reforma político electoral es un tema prioritario en la Comisión de Gobernación
Confió que el Legislativo logrará alcanzar consensos: “Recientemente se presentó un documento de 30 puntos entre el PAN y PRD, que son como estos temas que he planteado, realmente transformadores de la vida del país…
Hemos escuchado también de parte del PRI posiciones a favor,  han dicho que están a favor de una profunda reforma política”.
Bajo este argumento, confío en que sea posible la construcción de consensos para garantizar “que esta legislatura sea  histórica por la transformación verdaderamente evolutiva que le demos a nuestro sistema de partidos y a nuestra propia democracia”.
Es de señalarse como antecede la aprobación, en noviembre de 2011, de la Reforma Política, destacándose de la misma la iniciativa ciudadana, la figura de iniciativas preferentes por parte del Ejecutivo y que la Suprema Corte de Justicia pueda tomar protesta a un presidente electo.
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