Los 23 municipios de la frontera sur tienen hoy un abanico de dificultades mucho más amplio que en el pasado, debido a los cambios producidos por el crecimiento de la población, por su significativo grado de pobreza y principalmente por la creciente delincuencia e inseguridad que padecen con motivo de las conductas delictivas asociadas al fenómeno migratorio y a la trata de personas, entre otras causas, expuso el senador Humberto Mayans Canabal.
Con el propósito de encontrar una solución a lo anterior, el legislador priista a nombre propio y de su compañero Luis Armando Melgar Bravo del Verde Ecologista de México, presentó un punto de acuerdo que fue avalado por el pleno de la Cámara de Senadores.
La propuesta exhorta al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad a revisar las reglas de operación, a efecto de considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera sur ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en el subsidio para la seguridad pública municipal para el ejercicio fiscal 2014 y subsecuentes.
En los cuatro estados de la frontera sur del país, se registran algunas de las condiciones de rezago social, económico y cultural de las más agobiantes en México. En particular, en esos 23 municipios viven 1.6 millones de habitantes en 3 tres mil 412 localidades.
“La mayoría de esos municipios fronterizos tienen una muy limitada capacidad institucional para atender sus responsabilidades de seguridad pública y de paso para soportar los embates de las organizaciones criminales transnacionales que, por su magnitud, se han convertido en un asunto de seguridad nacional”, dijo.
Mayans Canabal subrayó también que, según organismos de la sociedad civil, por la frontera sur ingresan cada año de forma ilegal 400 mil migrantes, de los cuales según la CNDH más de 20 mil son secuestrados en el país.
Asimismo, aseguró que por esta zona fronteriza se registra el trasiego del 90 por ciento de la cocaína que se consume en los Estados Unidos.
Por esta razón, comentó, requerimos que haya nuevos criterios hacia los 23 municipios fronterizos, a fin de que sean elegibles en el subsidio, así como que sean revisadas las bases del Programa Nacional para la prevención social de la delincuencia, ya que de esta forma se les apoyará para mejorar la atención a sus cuerpos de seguridad pública”.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y a la Cámara de Diputados.
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