Senado de la República

La legisladora Gabriela Cuevas Barron presentó, ante el Pleno del Senado de la República, una iniciativa en conjunto con su compañero de bancada, Víctor Hermosillo y Celada, que pretende castigar la explotación en general y no únicamente el beneficio económico que se obtiene de la pornografía infantil, para brindar así un marco legal claro que constituya una verdadera herramienta para perseguir y castigar a quienes abusan sexualmente de los niños.
La propuesta de la senadora panista busca reformar los artículos 13 y 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos.
Lo anterior, comentó en Tribuna, ya que un estudio publicado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) –con base en observaciones y recomendaciones hechas por ministros, especialistas, servidores públicos y activistas- señala que la redacción actual de dichas normas penaliza únicamente a quienes se benefician económicamente de la pornografía infantil.
“Tenemos que asumir, dijo, el compromiso de diseñar leyes e impulsar políticas y acciones que nos permitan brindar una protección sistemática e integral a los niños” y añadió que “estas modificaciones son urgentes e importantes si lo que deseamos es evitar que los delincuentes se sigan aprovechando de cualquier resquicio para burlar las leyes.
Cuevas Barron señaló que la pornografía infantil genera 2 mil millones de dólares en todo el mundo y que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), cada año este tipo de delitos afecta a alrededor de 85 mil niños y niñas en nuestro país.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión Especial contra la Trata de Personas.
En el mismo turno, la también Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores presentó un punto de acuerdo, a nombre propio y del senador Víctor Hermosillo y Celada, para enfrentar el aumento exponencial de la pornografía infantil y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Exhortamos al Ejecutivo Federal, dijo, a que firme un acuerdo con los principales buscadores de internet y con las empresas que prestan este servicio, a fin de impedir el acceso de cualquier usuario a las páginas que contengan pornografía infantil.
Cuevas Barron señaló que entre los numerosos problemas que afectan a la niñez mexicana, sin duda la explotación sexual comercial infantil es uno de los más preocupantes y apremiantes. Este fenómeno, explicó, se ha visto agravado por el internet, el cual otorga a la pornografía infantil un medio de difusión inmediato no sólo a nivel nacional sino también en el plano internacional.
Hizo referencia a lo señalado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), misma que asegura que año con año se incrementa el número de cuentas personales de internet desde las que se difunden fotografías y videos relacionados con pornografía infantil; tan sólo en lo que va de 2013 se han detectado más de 12 mil 300 cuentas; sin embargo, explicó, en los últimos años la PGR sólo ha logrado tres sentencias condenatorias en contra de pedófilos.
La legisladora confirmó que México ocupa el primer lugar en el mundo en difusión de pornografía infantil y el segundo en cuanto a su producción y apuntó que de acuerdo con datos de “Google Trends”, es uno de los países que registra mayores búsquedas de internet relacionadas con este tipo de materiales.
No obstante, Cuevas Barron aseguró que si bien las instituciones de seguridad pública en nuestro país tienen tanto la facultad legal como la obligación moral para prevenir estos delitos, sólo sumando esfuerzos con la sociedad y con el sector privado se podrá erradicar este problema. Después de todo, muchos de estos delitos permanecen ocultos o no son denunciados y están poco documentados.  
El punto de acuerdo fue turnado para su análisis y dictaminación  a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
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