Senado de la República

La falta de un programa de atención integral a favor de niños y adultos con Síndrome de Down es la causa por la que éstos  no logran una integración social completa, pues  incluso enfrentan segregación en los ámbitos escolar y de salud, pese a existir evidencias médicas de que es posible revertir su discapacidad intelectual y bajo tono muscular, con una intervención temprana.
Por ello, el Senado de la República exhortó a los gobiernos federal, estatales y municipales a  implementar y fortalecer las acciones para la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos sociales y laborales.
Lo anterior conforme al punto de acuerdo presentado ante el Pleno por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, emanado de la propuesta de la legisladora priísta  Hilda Esthela Flores Escalera.
Flores Escalera apuntó que existen diversas áreas de responsabilidad de Estado en que las personas con Síndrome de Down enfrentan diversas problemáticas, como es el caso de educación y fuentes de empleo.
Incluso, destacó, en México se carecen de datos y estadísticas  precisos que, a su vez, permitan establecer las bases  para la creación y ejecución de mecanismos  que permitan su adecuada atención e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
Ante la problemática, concluyó la legisladora tricolor, es necesario realizar un diagnóstico preciso sobre la población Down, a fin de que las autoridades ejecutivas y  los Congresos Federal y locales cuenten con los elementos para crear las herramientas para el diseño de una mejor legislación y de políticas públicas en su favor.
Al respaldar dicho punto de acuerdo, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez refirió, como una de las evidencias de la falta de atención, la situación de las guarderías del ISSSTE, donde no se da cabida a cinco mil niños  Down, porque pese a los cambios a la ley de la institución para garantizar sus derechos, estas estancias infantiles no cuentan aún con las condiciones físicas ni con el personal debidamente capacitado.
Refirió que, acorde al INEGI, en el país se tienen registrados alrededor de 150 mil personas con Síndrome de Down, quienes, al igual que otras con diversas discapacidades, enfrentan el grave problema de la discriminación en el país.
De ahí la necesidad de atender las demandas y de ofrecer a estas personas las posibilidades de integración social y de desarrollo y a sus familias la certidumbre de que, si ellas faltan, no enfrentarán una situación de indefensión.
En todo ello, puntualizó, se debe atender el reclamo de que no se vea a las personas con Síndrome de Down con compasión ni con indiferencia porque “simplemente no tienen condiciones de salir adelante”.
Es necesario, concluyó, que las acciones y políticas públicas dejen de ser inscritas en “graciosas concesiones” basadas en la lástima o en una salida fácil ante las exigencias de organizaciones sociales o de las familias de estas personas.
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