Senado de la República

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores  acompañará a la Comisión de Derechos Humanos en los trabajos que ésta desarrolle, aseguró el presidente de este cuerpo colegiado, senador Raúl Cervantes Andrade.
Al inaugurar el foro “México ante el sistema internacional de derechos humanos” destacó que existen dos marcos jurídicos que nacen de la materia internacional hacia los Estados, esto es los relativos al  medio ambiente y el sistema internacional de los derechos humanos.
Por tanto,  la manera de vincular los sistemas jurídicos y avanzar, desde el punto de vista de los sistemas constitucionales, ha sido y seguirá siendo el camino internacional y los Estados tendrán que adecuarse a éste, precisó.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el Senado está ocupado y preocupado sobre temas como el arraigo, la delincuencia organizada y el código de justicia militar.
Subrayó la necesidad de definir el tipo penal de delincuencia organizada y  derogar la figura de arraigo, porque  al ser claramente inconstitucional violenta los derechos humanos y se contrapone con la reforma en la materia.
En su intervención, Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, reconoció que existe voluntad por parte de los legisladores para avanzar en puntos como las desapariciones forzadas o el arraigo, “pero creemos que es necesario ir más allá”.
El Poder Legislativo, dijo, no debe conformarse con que una ley aparezca en el Diario Oficial de la Federación. “Llamamos respetuosamente al Senado de la República para avanzar en el cumplimiento y para dar seguimiento puntual al proceso de Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU”.
Alejandra Nuño, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,  consideró que el Senado,  en cualquier modificación legislativa, debe actuar acorde con las normas más protectoras de derechos humanos.
A su vez, Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, destacó casos de personas que fueron violadas en sus derechos humanos en manos de militares y que a pesar de que tales hechos se llevaron  a la Corte Interamericana de Justicia, aún esperan justicia.
En su exposición, Sofía Lascaurain, de la organización no gubernamental Documenta: Análisis y Acción para la Justicia Social, señaló que México ha sido uno de los principales países promotores de la Convención de Personas con Discapacidad y del tema a nivel internacional, por lo que llamó a una participación más activa desde el Poder Legislativo a favor de derechos humanos de estas personas.
El objetivo debe ser –agregó-- que haya una mejora sustantiva en la situación de derechos humanos a nivel nacional.
La senadora Lucero Saldaña Pérez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, expuso que la participación de la sociedad civil cada vez requiere de mecanismos y vínculos más formales y  serios en la promoción de estas garantías.
Dijo que debe atenderse de manera prioritaria a los grupos vulnerables, ya que “seguimos con un gran reto en lo que significa tercera edad, personas con alguna discapacidad, todos los sectores de la sociedad ameritan su análisis en cuanto avances y retos”.
Dijo que es necesario “avanzar en un proceso interno para que como país seamos vistos con mayor seriedad y madurez de aceptar las sugerencias y las visiones que tiene la sociedad civil especializada en el tema de los derechos humanos”.
Por su parte, el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que de acuerdo a informes de Amnistía Internacional (AI), hay una agenda muy puntual que el Poder Legislativo debe atender en su periodo de sesiones, particularmente en temas como el arraigo y el fuero militar.
Mencionó que según AI, en México se han incrementado de manera significativa las violaciones a los derechos humanos y la impunidad. “No deberíamos desestimar este informe, porque en cada tema todos los indicadores en materia de violación a los derechos humanos van al alza”.
Jesús Peña, representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que México tiene la oportunidad de hacer un ejercicio en donde se involucre a todos los sectores públicos y sociales en materia de derechos humanos.
Mencionó que debe hacerse una evaluación sobre los avances y retos que aún existen para garantizar una adecuada protección a los derechos humanos. Para ello, agregó, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas apoyará en todo momento a México.
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