Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Así lo expuso en tribuna la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al presentar una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los congresos locales a elaborar un diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos humanos en su estado.
En sus consideraciones, la legisladora estableció que las plataformas de los derechos humanos estatales presentan tanto un aspecto irregular respecto a los demás estados, como una situación de falta de armonía en relación al avance de los derechos humanos de responsabilidad federal.
Lo anterior, dijo, propicia que legislaciones estatales presenten desarrollos que aún no pueden atacar legalmente ciertos temas sensibles para la sociedad y los grupos vulnerables.
De un estado a otro cambian las condiciones de legislar, pero lo que no cambia es el daño y ataque contra los derechos humanos. También esto influye en que algunos estados sean susceptibles a que ciertas lesiones a los derechos humanos, ya vigentes en otros estados, se cometan con mayor persistencia en otros en donde no se observa una legislación, afirmó Guevara Espinoza.
Aclaró que, en primera instancia, se necesita una plataforma de información que nos revele la situación que guardan los derechos humanos de los estados, uno por uno, con una metodología que deje ver cuál de ellos requiere una observancia y sanción legislativa o tienen una legislación aún débil.
El concepto es un diagnóstico estatal de Derechos Humanos que sirva para que los Congresos Estatales apresuren los pasos para crear una gran plataforma homogénea que sancione y en lo futuro establezca mecanismos eficaces para la protección de sus derechos y diseñar políticas públicas inclusivas.
Una vez obtenido el diagnóstico estado por estado, incluido el Distrito Federal, la CNDH puede emitir un comentario al respecto para que el estrato federal se teja íntimamente con el estatal, para así arribar a una condición que genere avances de alta velocidad en materia de derechos humanos.
La proposición se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.
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