Senado de la República

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó un dictamen que modifica la Ley Federal en la materia a fin de prohibir la discriminación entre los trabajadores por su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, estado de salud, religión, situación migratoria, preferencias sexuales o cualquiera que atente contra la dignidad humana.
Con estos cambios, las empresas no podrán negarse a aceptar trabajadores por razones de discapacidad y se establece como obligación de los patrones realizar adecuaciones para eliminar barreras físicas o rediseñar áreas de trabajo que proporcionen a las personas con discapacidad condiciones de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento.
Esta propuesta aprobada de manera unánime e impulsada por la senadora Cristina Díaz Salazar,  deja en claro que las empresas que realicen ajustes a  sus instalaciones de trabajo podrán acceder a exención o deducción de impuestos.
En la iniciativa, la legisladora priista propone adicionar un Título Quinto Ter denominado “Trabajo de las Personas con Discapacidad”, con el propósito de establecer derechos y obligaciones en la contratación de personas con discapacidad, promoción de empleo y derecho a capacitación, entre otros.
También  plantea sancionar el incumplimiento de las obligaciones de los derechos laborales de las personas con discapacidad con multa de mil a cinco mil veces el salario mínimo general.
En otros temas, los integrantes de dicha Comisión, que encabeza el senador priista Ernesto Gándara Camou,  dieron su aval a cuatro puntos de acuerdo para que el Ejecutivo federal envíe para la ratificación del Senado de la República diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dichos acuerdos son: el 138 en materia de edad mínima de admisión al empleo; el 156, sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares; además, el 183, para proteger la maternidad, y el 189, relativo al trabajo para las trabajadoras y trabajadores domésticos.
La Comisión de Trabajo también discutió dos dictámenes que fueron desechados: uno del senador panista Javier Lozano Alarcón, que proponía incluir los principios de rendición de cuentas, transparencia y democracia dentro de las organizaciones sindicales reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.
El segundo  proyecto, planteado por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD,  sugería poner límites a aquellos casos en que la dirigencia sindical no informe a sus agremiados sobre la administración sindical o ante la existencia de irregularidades en la gestión.
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