La Comisión Permanente requirió a la Secretaría de Energía un informe sobre el permiso otorgado a la empresa Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro para la generación de energía eléctrica.
En el dictamen se explica que la Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso a dicha empresa para generar energía por medio de una central hidroeléctrica construida en el ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, Guerrero.
Se menciona que Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro se comprometió a aportar, a partir de diciembre de 2006, 30 por ciento de la energía eléctrica que consume el municipio para alumbrado, sin embargo, no ha cumplido con este punto establecido en el convenio de colaboración que se hizo entre la empresa y el ayuntamiento.
Aunado a ello --se menciona-- la hidroeléctrica “está condenando a los habitantes de la región a morir, pues su instalación y operación ha provocado serias afectaciones, principalmente, por la escasez de agua potable, lo que ha repercutido en pérdidas a ganaderos, pescadores y productores agrícolas”.
Por ello, se subraya, “no puede ser que a costa de la vida de los guerrerenses se permita a una empresa italiana obtener ingentes ganancias, bajo un esquema ilegal, que ha permitido privatizar la industria energética en nuestro país”.
Refiere que Cutzamala de Pinzón cuenta con una población estimada de 21 mil 388 habitantes y este municipio se encuentra entre los 40 de mayor pobreza y de muy alta marginación de la entidad guerrerense.
“En medio de esta situación de pobreza y marginación la empresa extranjera Mexicana de Hidroelectricidad, Mexhidro opera desde diciembre de 2006 explotando los recursos naturales del municipio y obteniendo grandes beneficios económicos”, se enfatiza en el texto.
Al respecto, senadores y diputados consideraron necesario que la Secretaría de Energía explique el contenido de dicho permiso, a efecto de valorar el alcance de las cláusulas que lo integran.
Exigen al Gobierno de Guanajuato proteger asentamientos otomíes por construcción de autopista
En la misma sesión, el Pleno hizo un llamado al Gobierno de Guanajuato para que atienda la recomendación emitida por Instituto Nacional de Antropología e Historia y salvaguarde el patrimonio material e inmaterial de los 25 asentamientos otomíes que se encuentran en riesgo por la construcción de la autopista de cuota “Silao - San Miguel de Allende”.
De igual manera, lo exhortó a que dicha construcción se apegue a la resolución de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los legisladores mencionaron que la cimentación de la autopista de cuota afecta a una comunidad de aproximadamente 15 mil otomíes y al patrimonio cultural que dejaron los primeros pobladores indígenas en la entidad.
Por ello, manifestaron que el gobierno de Guanajuato podría violar los derechos humanos de la población indígena, pues el trazo de la carretera afectará más de 100 capillas que datan del siglo XVI, así como ex haciendas, capillas de descanso, estancias, cruces, cajas de agua, manantiales, acueductos, cortinas de presa, caminos reales y puentes.
Además, la obra provocaría “el fin del patrimonio material e inmaterial de 25 asentamientos otomíes y dividir a sus comunidades que cuentan con una dinámica social ancestral reflejada en tradiciones y costumbres”.
Por otro lado, senadores y diputados hicieron notar que la construcción carece de la manifestación de la evaluación de impacto ambiental, ya la Secretaría de Medio Ambiente negó la autorización correspondiente para la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende.
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