Analizar la posibilidad de que en la Constitución del Distrito Federal se incorpore el derecho a la seguridad y el cómo construir desde la comunidad un entorno más seguro para la ciudad de México, propuso el senador Mario Delgado, durante el Foro sobre Seguridad Ciudadana en la capital del País.
En el evento, al que asistieron organizaciones civiles, se puso de manifiesto que esta entidad ya no es una ciudad segura y siete de cada 10 capitalinos se sienten inseguros.
Ante ello y en el marco de la discusión de la reforma política del Distrito Federal y la construcción de su propia Constitución, el senador perredista expresó que “está claro que hay una percepción, a nivel nacional, muy buena sobre lo que pasa en la Ciudad de México, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país”.
Sin embargo, dijo, la seguridad “se tiene que estar trabajando todos los días” y en este sentido el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha puesto especial énfasis para que este tema sea uno de los ejes de la capital.
En contraste, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, aseguró que la capital del país “ya no es una ciudad segura” y la sensación que permitió que mucha gente de los estados regresara a vivir a ella “hoy en día ya no es una realidad”.
Dijo que si comparamos a la Ciudad de México con Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, “definitivamente estamos mejor”, pero esto “no significa que no tengamos problemas que atender”.
Destacó que el Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer en 2012 que seis delegaciones y 14 municipios se ubicaron entre las 20 entidades locales con las tasas más elevadas de extorsión.
Al incremento en la violencia y la inseguridad, continuó, se suma una “crisis en las instituciones”, que se refleja en la falta de información sobre el ejercicio de los recursos que provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y en el número de elementos policiales que se dieron de baja después de haber sido evaluados.
Entre otros ejemplos que dan cuenta de esta crisis refirió “el lamentable desenlace” del operativo que se realizó en la discoteca News Divine y que generó la petición de más de 100 mil personas para lograr una policía honesta, confiable, con procesos transparentes, rendición de cuentas, elementos profesionales y bien pagados.
A cinco años de la tragedia, enfatizó, lejos de avanzar tenemos más de 400 policías que están “adjudicados a empresarios y a amigos de alguien, pero no a los ciudadanos”, es decir, hay elementos que pagamos todos pero “están cuidando a los privilegiados”.
El problema, agregó, también se avizora en lo ocurrido en el Bar Heaven, donde desaparecieron 12 jóvenes y “no sabemos dónde están ni que ha sucedido con ellos”.
“Todo esto --subrayó-- denota que tenemos un problema de fondo y de descontrol al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en este sentido es importante que salgamos de esta burbuja en la que nos hemos encerrado los capitalinos con el afán de decir, o por lo menos aislarnos mentalmente, de que aquí no pasa nada”.
En tanto, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, reconoció que una de las tareas fundamentales para poder fortalecer la seguridad es la prevención del delito.
En este sentido, acotó, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal llevan a cabo una serie de acciones para cumplir con este propósito y reducir la incidencia delictiva, que “han ido disminuyendo” sobre todo en los ilícitos de alto impacto.
Además, expresó que se realizan tareas para implementar el nuevo sistema de justicia penal y ya se cuenta con un Código de Procedimientos Penales, que si bien es cierto que entrará en vigor el primero de enero de 2015, también lo es que a partir del trabajo que se realizó para su construcción permitió dar los primeros pasos en este sistema.
Afirmó que desde hace tres años el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF como el de la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias han fortalecido sus capacidades para vincularse con el nuevo esquema y ofrecer una adecuada defensa de los derechos de los capitalinos.
Ello, manifestó, tiene que estar ligado con una política de respecto a los derechos humanos a la que debe estar sujeta la actuación de las autoridades.
A su vez, Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, aseveró que de cada 10 capitalinos, sólo tres se sienten seguros y siete inseguros, por lo que el gobierno de la Ciudad debe decidir si esta percepción “es relevante o no, si la quiere entender o no y si la quiere transformar o no”.
Señaló que la fórmula recurrente de la administración capitalina ha sido “poner a un lado la percepción ciudadana” “porque no saben qué hacer con ella”.
“La Ciudad de México --afirmó-- padece de una obsesión por hablarnos de los indicadores de proceso” legislativo, creación de instituciones e implementación de la reforma penal, pero “el problema es que estamos más ocupados en lo que hacemos que en los resultados”.
López Portillo comentó que la oportunidad de crear una Carta Magna local “es una oportunidad extraordinaria en muchos sentidos” y que “la seguridad, desafortunadamente, no se decreta, se administra todos los días y se vive o no se vive”.
Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Luis Wertman, se pronunció porque se emprendan los mecanismos que permitan avanzar en la reducción “de la enfermedad de la desconfianza”.
Enfatizó que “la definición de seguridad en esta ciudad no puede ser sólo policías, pistolas y patrullas” e hizo un llamado porque se diseñe una estrategia integral, basada en la prevención, el acceso a la educación y a la vivienda digna, así como en la mejora de los servicios de salud, esparcimiento y cultura.
Apuntó que la reforma política de la Ciudad de México representa ventajas importantes, como que el Jefe de Gobierno cuente con la facultad de nombrar con libertad al Secretario de Seguridad y el procurador, lo cual ofrecerá mayor certeza a la ciudadanía.
Además, mejorará el funcionamiento de la administración, en particular el de las delegaciones; se fortalecerán órganos autónomos que permitirán mayor participación ciudadana y se recibirán aportaciones federales de manera proporcional a su capacidad recaudatoria del DF.
En su turno, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, refrendó que son necesarias acciones que reviertan la desconfianza de la ciudadanía hacia sus autoridades.
Consideró que la percepción negativa de la ciudadanía respecto a los avances en seguridad derivan de la falta de calidad en los datos, pues se no cree en las estadísticas que refieren una reducción importante de los delitos de alto impacto como el homicidio culposo, doloso, secuestro, asalto con violencia y robo de vehículos.
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