La Comisión Permanente hizo un llamado al gobierno federal y a los mandatarios estatales a reforzar las medidas para prevenir y atender la violencia y el acoso escolar.
Para senadores y diputados, a través de una ley específica o mediante reformas a la Ley General de Educación se deben continuar desarrollando los programas de gobierno y las acciones de colaboración entre la comunidad escolar para combatir la violencia que se vive en estos centros de estudio.
En la propuesta, mencionaron que la violencia o acoso escolar atañe a autoridades, directivos, padres de familia, alumnos. “Es a este nivel que se debe estar atento a cualquier manifestación de violencia a fin de establecer las acciones preventivas que eviten sucedan casos como el que motiva el presente exhorto”.
El dictamen refiere que de acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), los porcentajes de alumnos de sexto grado en México que han sido insultados o amenazados en centros educativos, asciende a 25.35 por ciento; el de golpeados a 16.72 por ciento, y de quienes han vivido algún episodio de violencia, 44.47 por ciento.
Deben Segob e IFE incentivar participación ciudadana
Senadores y diputados de la Comisión Permanente formularon un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que establezca mecanismos que permitan intensificar, incentivar y promover el desarrollo político y la participación ciudadana.
Los altos niveles de abstencionismo que se han materializado en los últimos procesos electorales, tanto federales como locales, han alcanzado porcentajes preocupantes. Esos factores obedecen a la conjunción de diversos factores que han generado desinterés, apatía y falta de voluntad suficientes para que los ciudadanos se interesen en participar en la toma de decisiones.
Se considera que son varios y diferentes orígenes los elementos que inhiben la participación ciudadana, entre ellos están los frecuentes escándalos en los que se ven involucrados autoridades, legisladores y políticos en general.
Se coincide en que la responsabilidad de promover la participación activa de la ciudadanía es una tarea conjunta y una obligación que comparten la Secretaría de Gobernación, los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral.
Se estima necesario que estas tres entidades cumplan con sus obligaciones constitucionales legales, constitucionalmente existe la obligación de promover la participación democrática de la población en actividades de su propio interés, entre ellas la participación política.
El acuerdo avalado también pide al IFE implementar acciones que resulten necesarias para promover e incentivar la participación ciudadana en el ejercicio del sufragio.
Piden legisladores impulsar economía verde
En otro tema, se aprobó un dictamen que pide a la Secretaría de Economía, en coordinación las Secretarías de Hacienda y Medio Ambiente, poner en marcha medidas para promover la creación y crecimiento de los negocios verdes en México.
“Reconocemos que existen varias iniciativas a nivel mundial que promueven la llamada economía verde, o la creación de negocios verdes, precisamente, con la intención de generar producción y valor pero procurando cuidar el medio ambiente”, menciona la propuesta.
El dictamen refiere que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas están desarrollando recomendaciones y medidas para promover la economía verde, en el entendido que lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano.
Menciona que la OCDE formuló la Estrategia de Crecimiento Verde para abordar desafíos económicos y ambientales mediante incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y bienes naturales; oportunidades para la innovación; creación de nuevos mercados al estimular la demanda de tecnologías, bienes y servicios verdes.
Solicita la Permanente informe del Programa de Regularización de Adeudos Fiscales 2013
Con el propósito de contar con información necesaria para la inminente discusión de las reformas fiscal y hacendaria, la Comisión Permanente solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un informe detallado sobre la aplicación del Programa de Regularización de Adeudos Fiscales 2013.
Los legisladores que aprobaron este acuerdo consideraron que el objetivo es conocer el procedimiento administrativo aplicado en el citado programa y quiénes son los contribuyentes beneficiados.
En otro tema, se avaló un dictamen con punto de acuerdo para que la Secretaría de Agricultura informe sobre las solicitudes de licencias piloto y experimentales de organismos genéticamente modificados.
La propuesta señala que la existencia de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (OMG) y sus consecuentes reglamentos --a pesar de ser los primeros marcos regulatorios de la materia---, han permitido el ingreso de organismos biológicos que representan amenazas para la salud, la biodiversidad y el autodesarrollo sustentable en México.
Menciona que países como España concentran siembras y problemas desconocidos para su sociedad al permitir que más del 80 por ciento de los cultivos modificados que se producen en Europa provengan de sus tierras.
“En el siglo XXI su cultivo, uso y comercialización se ha extendido a varios países y regiones, sin embargo, existen aún fuertes controversias en cuanto a que sean seguros o convenientes para la salud y para la alimentación de los seres humanos, en especial en el caso de las plantas y animales OGM”, se indica el dictamen.
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