En el tema de los pueblos indígenas, el acceso a la educación bilingüe, la igualdad de oportunidades en condiciones desiguales, de derechos en un entorno de no discriminación al indígena, el respeto a la equidad de género sobre todo de mujeres indígenas y el desarrollo integral y sustentable que respete la diversidad cultural, son grandes retos que exigen esfuerzo y unidad de voluntades, aseguró el senador Eviel Pérez Magaña.
Al pronunciarse respecto al Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el legislador priista llamó a los tres niveles de gobierno, las fuerzas políticas, sociedad civil organizada, investigadores y académicos, a asumir la responsabilidad de analizar el tema de los pueblos indígenas como asignación pendiente, exigible ya por los convenios internacionales.
“Esta tribuna debe ser, tratándose de derechos indígenas, foro de expresión, foro de reflexión y foro de denuncia si es preciso”, subrayó el también presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Destacó que se debe trabajar para que el diseño de políticas públicas cumpla con los objetivos contenidos en los preceptos constitucionales que reconocen los derechos indígenas y para que se logre lo ya planteado por el Gobierno,
Agregó que la vida de los indígenas en el México del siglo XX han sido años de intensa lucha y reconoció que se necesita no tener miedo, “ese miedo a darle a nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas lo que por tanto tiempo han luchado. Tres años de política indigenista que calificaba la diversidad cultural y lingüística como el problema indígena y que ya hemos superado”.
El senador por Oaxaca destacó que se han generado reformas constitucionales que representan un parteaguas en la relación Estado-Pueblos indígenas, como la de 1992 en que se reconoció que México es una nación pluricultural sustentada en su origen en los pueblos indígenas.
Otra de ellas, dada en 2001, cuando tras circunstancias sociales surgidas en territorio chiapaneco, se plasmó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y dos años más tarde, tres leyes dieron cuenta del interés del gobierno y sociedad en regular esos derechos: las Leyes General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Finalmente, el legislador priista destacó que el Plan Nacional de Gobierno 2013-2018 y el Pacto por México representan el interés del gobierno y de las grandes fuerzas políticas del país para combatir el ancestral rezago de nuestro desarrollo regional, “esa invisible pero muy evidente frontera entre los estados del norte y los estados de la región sur-sureste”.
A su vez, el senador perredista Benjamín Robles Montoya subrayó que la política para los pueblos originarios ha sido de paliativos porque desde hace menos de un siglo, la federación carece de visión responsable de Estado para con el tema, como se contempla en los Acuerdos de San Andrés, que poco se han cumplido.
El Estado mexicano, agregó, ha hecho de la República un país de desplazados del desarrollo y en afectación directa de sus habitantes primigenios, pues son los más afectados desde la llegada de los europeos a sus tierras.
Por lo que, a tres siglos del hurto que le significó la Conquista, se suma a su detrimento, que han sido víctimas de un neocolonialismo interno de Estado que desde su fundación les ha despojado de su soberanía permanente sobre los recursos naturales localizados en su territorio sin beneficios directos para su desarrollo, manifestó.
Por otra parte, destacó que de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, CONEVAL y de la Encuesta sobre el Ingreso y Gasto 2010, el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es de 46 por ciento en el país, mientras que en las comunidades indígenas y pueblos originarios es del 80 por ciento, “casi el doble”, con lo que no solamente se multiplica la deuda histórica con ellos sino la ilegalidad al no garantizarles sus derechos constitucionales.
Además, puntualizó que 80 por ciento de los integrantes de los pueblos originarios están por debajo de la línea de bienestar y que 8 de cada 10 no tienen acceso a la seguridad social. La mitad de la población no cuenta con servicios en sus viviendas y 40 de cada 100 tienen carencia en materia alimentaria.
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