El diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que una de las prioridades del Congreso es lograr una democracia más transparente, menos costosa y capaz de entregar mejores resultados como forma de gobierno.
En este sentido, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa que busca reformar el artículo 41 de la Constitución, a fin de reducir la duración de las campañas para Presidente de la República y senadores a 60 días y la de diputados federales a 45 días.
Planteó que en ningún caso las precampañas deberán exceder las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.
Si el tiempo de las campañas se reduce, dijo, se obtendría también una disminución sobre los gastos, los procesos de información estarían dirigidos con mayor énfasis a los votantes y las fuerzas políticas implementarían estrategias más sustantivas para convencer y no para persuadir a través de la sensibilidad.
Ello, consideró, generaría ciudadanos más informados y conscientes de los problemas del país; además, se cumpliría con el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que determina que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos.
Señaló que las campañas políticas de larga duración aumentan la posibilidad de que la intensa disputa por el poder, que en ocasiones incluye insultos y descalificaciones, genere una mayor polarización entre la sociedad y las fuerzas políticas contendientes.
Cuanto más tiempo disponible exista para que los partidos y candidatos intenten salir airosos de la contienda, afirmó, crece la posibilidad de que se presente en la sociedad un hartazgo respecto de la dinámica que adquieren algunos procesos electorales en los cuales, lamentablemente, pesan más las descalificaciones burdas que la contraposición de ideas y propuestas.
El proyecto de decreto se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.
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