Senado de la República

• Urge emitir normas oficiales para distribución de combustibles y operación de terminales de almacenamiento: Martínez Espinoza
El sector gasolinero, que agrupa a 10 mil 780 estaciones de servicio en el país, “se encuentra inmerso en un marco legal incierto y expuesto a una serie de irregularidades por la cantidad y calidad de los combustibles que expenden", afirmó la senadora Verónica Martínez Espinoza.
La legisladora priista destacó que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) estima que el 10 por ciento de toda la gasolina y diesel que se venden en el país proviene de la ordeña de ductos, robo de pipas y otros ilícitos.
En un punto de acuerdo que se turnó a la Tercera Comisión, Martínez Espinoza dijo que según esta organización, el litro de gasolina en el “mercado negro” se vende en promedio de 8 a 9 pesos, en contraste con los 11.58 pesos que pagan los consumidores.
Lo anterior, enfatizó, representa “una competencia desleal al fisco y a los más de 10 mil gasolineros que tienen inversiones millonarias y pagan impuestos”.
Aunado ello,  “las pipas que distribuyen los combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen faltantes de 300 o 400 litros por cada unidad de 20 mil litros” porque que no se han formalizado ni aprobado las normas oficiales contempladas en la reforma del 2008, que buscan garantizar la calidad y la cantidad que la paraestatal suministra en sus terminales de almacenamiento y reparto.
Además, existe el riesgo de desabasto de combustibles en el país porque sólo hay 78 terminales, las cuales no abarcan todos los estados de la República y en ocasiones los propietarios de estaciones de servicio tienen que contratar pipas que deben trasladarse más de mil kilómetros para surtirse.
Por ello, asentó, es urgente poner orden en toda esta cadena de distribución de combustibles y  no dar ningún pretexto a los más de 10 mil gasolineros en el tema de la venta de “litros incompletos”.
En este sentido, hizo un llamado al director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como a las secretarías de Energía y Economía, a emitir a la brevedad las normas oficiales para la distribución de combustibles y operación de terminales de almacenamiento, a fin de garantizar la calidad y cantidad de la gasolina y diesel que se distribuye en el país.
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