La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe sobre la estrategia en torno al monitoreo de información en el ciberespacio, para evitar vulnerar la privacidad de los usuarios y se salvaguarden sus datos personales.
La dependencia, además, deberá informar sobre el uso del software Finfisher/Finspy para las instancias de seguridad.
En el mismo sentido, los legisladores requirieron a la PGR un informe a fin de conocer si existen denuncias sobre una potencial intervención ilegal de los servicios de comunicación.
En el dictamen, avalado los senadores y diputados señalaron como “absolutamente ilegal y anticonstitucional que cualquier actor (nacional, internacional, privado o gubernamental), intervenga las comunicaciones de los ciudadanos mexicanos o tenga acceso a sus datos personales de manera indiscriminada y generalizada”.
Reconocieron que en un contexto globalizado e intercomunicado la tecnología ha hecho un riesgo permanente e incluso común, la violación de la privacidad de los individuos y las colectividades, así como otros modos de injerencia en nuestra vida privada, por lo que consideraron necesario el actuar del Estado para garantizar el respeto a la intimidad de los individuos.
En este sentido, el Estado mexicano, está obligado a proteger el vasto cúmulo de información personal que fluye de sus ciudadanos, así como limitar la recolección de los datos personales para evitar afectar de algún modo su derecho a la protección de la vida privada.
Asimismo, detallaron que con el uso masivo de Internet y servicios de telefonía por los ciudadanos y las empresas para distintos y variados fines, como el comercio electrónico, las redes sociales e incluso los aspectos más íntimos de la vida de una persona, convierten a dichos servicios, en el medio más eficaz para controlar y vigilar a los usuarios por parte de gobiernos o empresas, sin que éstos sean conscientes de la exposición a la que están sometidos y de la consecuente pérdida de sus libertades individuales.
Al abordar el dictamen en la tribuna, la diputada Cristina González Cruz, del PRI, resaltó la importancia del tema y señaló que la Comisión Permanente debe intervenir para analizar la información solicitada con el mayor detalle posible, pues está dentro de sus facultades.
Además, explicó que los protocolos y mecanismos con los que cuenta el Estado para preservar la información son elementos sensibles, por lo que manifestó su preocupación por el uso del software Finfisher.
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