Amnistía Internacional ha señalado que la mayoría de las violaciones de derechos humanos contra migrantes se registran en operaciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), a esta irregularidad se agrega el reconocimiento oficial de enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia de los agentes migratorios.
Así fue planteado en la Comisión Permanente, la cual determinó solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe sobre las acciones realizadas en torno a las denuncias o quejas presentadas por extranjeros en contra de agentes migratorios y/o elementos de la Policía Federal, en los años 2012 y 2013.
Lo anterior a propuesta de la senadora panista Gabriela Cuevas Barron, quien advirtió que las denuncias de estos hechos son síntomas de un serio problema institucional que ha crecido durante varios años.
“Tan sólo del 2006 al 2012 –precisó- la Secretaría de la Función Pública detectó en promedio 12 casos por mes de funcionarios del INM que cometieron diversas irregularidades. En ese mismo periodo, la Secretaría de Gobernación dio de baja a casi 500 agentes migratorios por reprobar las evaluaciones de control de confianza, así como por diversas denuncias de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y vínculos con organizaciones criminales”.
Adicionalmente, abundó la legisladora, el número de denuncias o quejas presentadas ante los órganos internos de control por migrantes indocumentados en contra del INM sumaron un total de 362 entre los años 2010 y 2012. Las acusaciones fueron por abuso de autoridad, maltrato, negligencia y ejercicio indebido de funciones.
En cuanto a la Policía Federal, se presentaron un total de 22 denuncias o quejas relacionadas principalmente con extorsión y abuso de autoridad.
La política panista por el DF recordó la reciente denuncia pública contra agentes del INM adscritos al Aeropuerto International de la Ciudad de México , acusados de solicitar ilegalmente dinero a turistas que extravían sus formas migratorias, con el pretexto de reponérselas con el sello oficial correspondiente.
Se denunció también que la policía municipal de Huehuetoca, Estado de México y agentes de la Policía Federal y del INM detuvieron dentro del comedor de una organización civil a siete migrantes, no obstante que el artículo 76 de la Ley de Migración señala que este instituto no puede realizar visitas de verificación en albergues donde se realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.
Ante las irregularidades descritas, consideró la legisladora albiceleste, es necesario que las autoridades migratorias redoblen esfuerzos y practiquen a la brevedad las evaluaciones de control de confianza a todos sus integrantes, así como emprender acciones y programas de combate a la corrupción.
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