El Senado de la República analiza reformas para la inclusión en las políticas públicas y programas sociales a la población lésbico gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.
Así se estableció en el Foro: “La Diversidad Sexual por sus Derechos Humanos”, convocado por la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, con el objetivo de enriquecer la iniciativa que sobre el tema presentó su homóloga del PRD, Angélica de la Peña.
Destacó la importancia de esta iniciativa, pues México ocupa el segundo lugar en crímenes contra personas de la diversidad sexual y “en el fondo de las fobias está siempre el miedo y el odio”.
Ante representantes de decenas de organizaciones del movimiento LGBTTTI, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos reconoció que “el tema de la diversidad sexual tiene muchos pendientes en México; se comete una enorme injusticia cuando se habla de sociedades incluyentes y no está presente casi un 10 por ciento de nuestra población en los programas sociales y políticas públicas”.
Al hacer uso de la palabra, Patria Jiménez Flores, ex diputada federal y actual coordinadora de Clóset de Sor Juana AC, se pronunció porque en la referida iniciativa se incluyan modificaciones al Artículo 1º de la Carta Magna para que se incluya la identidad de género como una garantía constitucional, además de que el mismo haga referencia a la orientación sexual, y no a la preferencia sexual como es actualmente.
Planteó también crear una ley que impulse un mecanismo institucional a nivel nacional responsable de otorgar personalidad jurídica a la población LGBTTI, a fin de que esta pueda gozar de patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.
En este contexto, propuso que el Senado emita un punto de acuerdo a través del cual exhorte a la ALDF a eliminar de la Ley de Concordancia y Género los peritajes médicos para conceder identidad legal a personas transexuales y transgénero, pues ello representa una “discriminación que es una vergüenza”.
En el mismo sentido se pronunciaron otros activistas como Fabiola Estradio Lullier, Gloria Hazel Davenport y Lolkin Castañeda Badillo, quienes rechazaron la creación de un instituto nacional para la atención específica de la población LGBTTI, pues ello, afirmaron, sólo representa generar una mayor burocracia que absorbe los recursos destinados a este sector, sin cumplir su objetivo de respetar y hacer valer sus derechos.
De igual forma se pronunciaron en contra de que en la ley se incluyan artículos discriminatorios, como la de dar una identificación especial a transexuales y transgénero a fin de canalizarlos al Hospital de VIH, negándoles así atención médica en unidades médicas del Sector Salud.
Además, urgieron al Senado homologar legislación federal y estatal, incluyendo los instrumentos internacionales de derechos humanos que hagan valer las garantías de la comunidad LGBTTTI.
Lo anterior, tras precisar que a pesar de la certeza constitucional que se ha logrado a través de diversas reformas, la realidad es que el ejercicio de derechos queda sujeto, en muchos casos, a la voluntad e interpretación de los servidores públicos y poco se garantiza el principio de igualdad y de no discriminación que en algunas entidades federativas “son pisoteados, revolcados e ignorados”.
En este aspecto, reconocieron que en las comunidades de origen indígena es muy grave la discriminación en los ámbitos de salud, laboral, educativo, religioso y político, entre otros, que provocan el exilio de sus comunidades de origen y migran a lugares donde el acoso y persecución sea menor.
Dentro de los datos presentados por los funcionarios y especialistas se destacó el aumento de crímenes de odio y homofobia en el país. Según una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre diversidad sexual; 6 de cada 10 personas consideran la riqueza como el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos; y que 4 de cada 10 refirieron que son las preferencias sexuales las causantes de dicha división.
Asimismo es importante recalcar que 8 de cada 10 personas de más de 50 años opinó estar en “desacuerdo” y “muy en desacuerdo” en que parejas de hombres homosexuales se permitirá adoptar niños y niñas, y que 7 de cada 10 de entre 30 y 49 años opina lo mismo.
En el Foro: “La Diversidad Sexual por sus Derechos Humanos” participaron Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal; Alberto Rey, representante de la Comisión de Derechos Humanos del DF; Lolkin Castañeda Barillo, presidenta de Acciona AC; Héctor Miguel Salinas Hernández, coordinador del Programa de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Armando López Campa, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano; Gloria Careaga Pérez, cofundadora PUEG de Departamento Estudios de la Diversidad Sexual y co secretaria de ILGA en América Latina.
Benjamín Laureano Luna, del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos; Marina Patricia Jiménez Ramírez, consejera de Atención a los Derechos Humanos de Equidad de Género de la CDH, Chiapas; Rocío Quintana Rivera, secretaria para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas, CDHDF; Teresa Manzanares, coordinadora de Grupos Vulnerables de Movimiento Ciudadano.
Gerardo Romero Vázquez, director general de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF; Patria Jiménez Flores, coordinadora del Clóset de Sor Juana AC; Fabiola Estradiol Lullier, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México; Gloria Hazel Davenport Fentanes, presidenta de Humana Nación Trans; Fabiola Díaz de León, coordinadora general del Primer Grupo Político Asociado de la Comunidad LGBTTI; Claudia Cañizo Vera, Fiscal Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc y Gerardo Ugalde, del Consejo Político del PRI distrital y representación vecinal en Cuajimalpa.
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