La Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías generales de la República y de Justicia del estado de Tabasco a que continúen con las indagatorias sobre los actos presuntamente delictivos cometidos por ex servidores públicos de esa entidad.
El dictamen expone que existen diversas denuncias que vinculan a distintos ex funcionarios de la administración 2007-2012 del estado por el mal manejo de más de dos mil 600 millones de pesos, a partir de disposiciones no autorizadas por la ley.
Por otra parte, se menciona que el 12 de junio de este año, el Juzgado Segundo de Distrito decretó auto de formal prisión contra el ex tesorero del estado de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, como presunto responsable de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el 1º de julio, la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de Andrés Granier Melo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 35 millones 338 mil 315 pesos 54 centavos.
Posteriormente, se agrega en el documento, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión a Granier tras ser consignado por el delito de defraudación fiscal por un monto de dos millones 156 mil 489 pesos con 13 centavos, durante el ejercicio fiscal de 2009.
Asimismo, el 13 de julio, el Procurador de Justicia de Tabasco desmintió que la Procuraduría local haya consignado ante un Juez el expediente de investigación del ex gobernador, como probable responsable de los delitos de peculado, ejercicio indebido de atribuciones y enriquecimiento ilícito.
De lo anterior, se resalta en el punto de acuerdo aprobado, se puede advertir que cada instancia de procuración de justicia, tanto en el ámbito federal como local, ha actuado conforme los procedimientos y normas aplicables correspondientes para cada caso en lo particular, pero esto no altera o pone en riesgo el fincamiento de nuevas posibles denuncias penales derivadas de otros delitos
Solicitan reporte sobre convenios de coordinación en Cruzada contra el Hambre
La Tercera Comisión de la Permanente, que preside la senadora Graciela Ortiz González, también validó un dictamen para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre los alcances de los convenios de coordinación y participación que ha suscrito en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En el punto de acuerdo se menciona que “es un contrasentido” incluir en la Cruzada a las empresas que controlan el mercado de alimentos y que la Secretaria “cometió un error” al hacer partícipes de este proyecto” a compañías “que tienen conflicto de interés, pues son ellas quienes han distorsionado el consumo de alimentos sanos, de buena calidad nutricional y baratos”.
Sin embargo, los integrantes de la Comisión expresaron que el programa tiene el propósito de apoyar de manera integral a los ciudadanos y no sólo solucionar momentáneamente sus problemas sino brindarles la oportunidad de mejorar su nivel de vida a corto, mediano y largo plazo.
El combate a la pobreza, enfatizaron, es un reto que requiere la participación de todos los sectores y con la Cruzada se pretende cumplir con la meta de tener cero hambre, a partir de una alimentación y nutrición adecuada y con la eliminación paulatina de la desnutrición.
SAT debe informar sobre el pago de impuestos del Grupo Modelo
Entre los 33 asuntos que validó la Comisión también se encuentra una propuesta para pedir al Servicio de Administración Tributaria un reporte detallado sobre la enajenación de acciones del Grupo Modelo, a través de la Bolsa Mexicana de Valores y sobre el eventual cumplimiento del pago de impuestos que esta operación generó.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, Grupo Modelo cerró el 4 de junio de 2013, la operación de compra-venta del 50 por ciento de sus acciones a su socio belga Anheuser-Busch Inbev (AB InBev), en una operación estimada en 20 mil 100 millones de dólares.
Al respecto, el SAT informó que las casas de bolsa que participaron en la enajenación, ya efectuaron el entero de las retenciones sobre el ingreso obtenido por la operación, que asciende a siete mil 545 millones de pesos.
Es menester precisar, se aclara en el resolutivo, que esta retención se considera a cuenta del impuesto que calculará cada persona física en su declaración anual de 2013, misma que deberá ser presentada a más tardar el 30 de abril de 2014.
Por consiguiente, es procedente que el SAT informe sobre los pormenores fiscales de esta importante operación y sobre el eventual cumplimiento del pago de impuestos, se enfatiza.
En otro tema, senadores y diputados respaldaron una petición para que las legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea del Distrito Federal consideren la creación del seguro de desempleo dentro de su orden jurídico local.
También aprobó un punto de acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a que analice, estudie y resuelva las diversas proposiciones que las agrupaciones sindicales han formulado para que Mexicana de Aviación pueda reiniciar operaciones. --
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